Falta de prolijidad en la selección de custodios y maltrato laboral los llevaría a incurrir en delitos.
Bajas remuneraciones, pésima protección de sus vidas, sobreexplotación laboral e incluso malos tratos de sus superiores, muchas veces ex policías o ex militares, son los principales argumentos de los guardias de seguridad privada que incurren en delitos mientras laboran.
En un reciente análisis situacional de las empresas de seguridad existentes, realizado por el departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada (COSP) de la Policía, se determinó que 272 guardias han estado involucrados en actos delictivos y tienen antecedentes penales. Además, que 461 custodios cometieron delitos, incluso sexuales, el último habría sucedido en una estación de la Metrovía, en Guayaquil, donde Byron Figueroa Chilán, de la compañía Arseg fue acusado de abusar de una joven que acudió a pedir ayuda tras haber sido asaltada.
Por eso, dice el director nacional de la Policía Judicial, Juan Sosa, siempre se pide a las compañías de seguridad que verifiquen al personal porque, en muchos casos, los guardias están involucrados en hechos ilícitos, dan la información o forman parte del robo dejándose maniatar y simulan un atraco.
En los últimos días, la Policía de Quito, Manta y Guayaquil ha registrado la coparticipación de guardias en asaltos a bancos, almacenes y joyerías. En la capital, el 23 de marzo pasado, se capturó a la banda que asaltó la agencia de Produbanco del Centro Comercial San Luis; entre los ladrones estaba Eddyn Santos, quien era el supervisor de la compañía de seguridad Sepronac y habría informado los movimientos del banco.
En Guayaquil, el pasado 17 de abril, Gerardo Medina, quien era jefe de seguridad de Fortius, asesinó a dos subalternos en su intento de asaltar la agencia del Banco del Pacífico del Hiper Market, en el norte. Luego, en una carta, la empresa aseguró que “la persona (Medina) actuó por su propia iniciativa…”.
Ese caso es el más polémico protagonizado por guardias en lo que va del año. Pero un informe del fiscal del Guayas, Julio Vacacela, indica que investiga tres robos en los que supuestos empleados de esa compañía estuvieron involucrados.
En el expediente que se lleva por el caso del Hiper Market se describen esos asaltos. Uno fue el pasado 21 de diciembre, en el Banco del Pacífico que está en la empresa Coca Cola, en el km 5 de la av. Juan Tanca Marengo. El modus operandi de los hampones fue similar al usado en el intento de atraco de este año.
A las 11:00 del día indicado, dos sujetos con uniformes y credenciales de Fortius fueron a la agencia y abrieron las puertas con llaves que solo personal autorizado debería tener. Sometieron con armas al cajero de esa institución y le pidieron que pusiera la clave del cajero automático, pero no la sabía.
Uno de los delincuentes tomó la llave de la bóveda, donde había dos cajas fuertes, las cuales estaban sin seguro, según Briones. Enseguida abrieron una y se llevaron $ 153 mil. Después huyeron en un vehículo similar a los blindados que utiliza Fortius, de placa GNC-806. La empresa luego emitió un informe en el que aseguraba que ese carro no era de su entidad.
El otro asalto fue a las 16:30 del 15 de septiembre del 2006, cuando un sujeto vestido como guardia de Fortius, con una escarapela inscrita con el apellido Cañola, se acercó a la ventanilla de la zona de carga de las aduanas. Dos cajeras al ver que tenía uniforme, le abrieron y al ingresar el sujeto sacó un cuchillo y robó $ 12 mil de la bóveda.
En tanto, el 28 de diciembre pasado, un robo parecido se hizo desde la ventanilla de aduanas, donde supuestos guardias se llevaron $ 29.999 de la caja fuerte de la agencia del Banco del Pacífico que funciona dentro de esa entidad estatal.
En el expediente del Hiper Market, el fiscal Vacacela señala: “El organismo competente (Fuerzas Armadas) está entregando las emisiones para portar y tenencia de armas sin tomar precauciones. El permiso de tenencia se da a la compañía (refiriéndose a Fortius) sin especificar el número de armas que puede usar…, además, sin que consten los datos personales del guardia que las va a usar”.
El mayor Janio Bustillos, jefe del departamento de COSP, considera que estos problemas surgen por la “falta de prolijidad en la selección. La limpieza del récord policial no garantiza a la persona porque se desconocen antecedentes y en seguridad es indispensable”, indica.
Pero la responsabilidad no solo recae en los guardias. Bustillos añade que el estudio detectó el funcionamiento de empresas ilegales, pero desconoce la cifra. En el país hay 804 matrices y 280 sucursales legales.
A estas empresas se les han realizado 200 observaciones que se remiten al Ministerio de Gobierno por incumplir la ley. Incluso se ha detectado que algunas contratan extranjeros (colombianos y peruanos) para tener mano de obra barata, lo que legalmente es prohibido.
Crecimiento
Según el departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada, los representantes legales de las compañías de seguridad son: Fuerza Terrestre, 142; Fuerza Aérea, 19; Marina, 10; Policía Nacional, 75; Aduana, 4; civil, 518; no reporta, 36.
Recaudaciones
En el 2000, el SRI recaudó $ 3’274.485 por seguridad privada; en el 2005 se triplicó a $ 11’440.415, es decir, existió una tasa de crecimiento anual del 28,4%.
Testimonio
SOBRE UNA EMPRESA FANTASMA
Héctor
EDAD 45.
Caso Fue detenido por portar un arma sin permisos y por intento de asesinato.
EMPRESA Sin registro.
‘Me condenaron a 8 años’
“Yo laboraba los fines de semana como guardia de seguridad en el parque El Ejido, en Quito. Custodiaba los puestos de artesanías de los comerciantes que llegaban a ofrecer sus productos.
Mis únicos implementos eran tolete, el uniforme y un arma que me daba la empresa de seguridad que me contrataba como trabajador tercerizado.
Un día, una trabajadora sexual que merodeaba por la zona se acercó para que la invite un café. No le hice caso y le pedí que se vaya, cuando me vio que yo tenía arma comenzó a gritar que la iba a matar y salió corriendo. Al instante pasó un patrullero, los policías se acercaron y me detuvieron porque no portaba el permiso de las Fuerzas Armadas.
Pusieron en el parte policial que tenía un arma sin permiso y me acusaron por tenencia ilegal de armas e intento de asesinato. Mi familia buscó apoyo de la empresa, pero no me dio protección y dijo a la Policía que no me conocía. La única prueba era el uniforme, pero eso no fue considerado porque no tenía una tarjeta de identificación de esa empresa.
La Defensoría Pública me dio una defensora de oficio y allí se constató que la empresa no existía jurídicamente en los registros de la Policía ni contaba con los permisos.
Yo llegué a Quito de otra provincia y no tengo familia en este lugar, ni recursos económicos suficientes. Por eso fui trasladado al Centro de Detención Provisional y luego al penal García Moreno, una vez que el Juez Décimo de lo Penal de Pichincha certificó la condena por ocho años por tenencia ilegal del arma.
Desconocía los requisitos para portar armas y por eso estoy pagando una pena injusta”.
Noticia tomada del Diario El Universo.
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