La defensa de la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, juega todas sus cartas para conseguir su libertad.
En una carta firmada por el abogado Pablo Guerrero se pidió a la Fiscalía que convoque al presidente Rafael Correa, para que declare sobre los hechos ocurridos en la comunidad de Dayuma en Orellana. La solicitud fue enviada anteayer al fiscal de la Nación, Washington Pesántez.
Según Guerrero, a pesar de que el proceso penal se tramita en Orellana, su defendida se encuentra en Quito. Además, explicó que es potestad del Fiscal recoger “las versiones del sospechoso, del imputado, del ofendido, y de terceros sobre los hechos y circunstancias materia de la investigación o de la instrucción”.
Actualmente, el Ministerio Público de Orellana investiga a Llori y a otras 22 personas por los supuestos actos de terrorismo y sabotaje ocurridos en Dayuma, en noviembre pasado. En ese mes, los protestantes se tomaron los pozos petroleros de la zona, para exigir el cumplimiento de obras.
Según el Gobierno, en esa acción se atentó contra bienes estatales, porque el país dejó de extraer 36 000 barriles diarios de petróleo. Asimismo, los manifestantes utilizaron dinamita y armas para amedrentar a los petroleros y para herir a los miembros de la Fuerza Pública.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales criticaron la fuerza usada por los soldados y los policías para arrestar a los sospechosos. Esa acción estuvo amparada en una declaración de emergencia en Orellana.
Ayer, el presidente Rafael Correa aseguró que una comisión investiga las denuncias de los DD.HH., pero sostuvo que las versiones de prensa sobre lo ocurrido en Dayuma fueron sobredimensionadas y no estuvieron apegadas a lo que sucedió.
En tanto, hasta ayer permanecía detenida la Prefecta de Orellana en la Cárcel de Mujeres de Quito. Ella fue apresada el pasado 8 de este mes, cuando se encontraba en su casa en Francisco de Orellana. La orden la emitió la Corte Superior de la provincia.
Fuente Diario El Comercio.
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