La suerte del asambleísta Julio Logroño, quien está involucrado en una denuncia de supuesta tentativa para ‘virar’ a 25 asambleístas de Acuerdo País e impedir que se apruebe el texto de la nueva Constitución, recae en la Mesa directiva de la Asamblea Constituyente.
Según el Reglamento Interno, a esta instancia le corresponderá decidir si el tema debe o no ser analizado por el poder constituyente.
Por lo pronto reposan dos solicitudes para que Logroño sea investigado y, si hay méritos separado del organismo. La primera denuncia vino de Acuerdo País. César Rodríguez, con el respaldo de 17 representantes de la bancada del oficialismo, solicitó al presidente Alberto Acosta que “el Pleno de la Asamblea Constituyente, en forma inmediata suspenda en su calidad de asambleísta y concediéndole el derecho humano a la defensa, tome la decisión de destituirlo a él y a quienes aparecen involucrados con él en esta conducta reprochable”.
También pidió que el Pleno autorice al Ministro Fiscal General del Estado la iniciación del proceso penal en contra de los involucrados que tengan la calidad de asambleístas.
La denuncia presentó inmediatamente después que llegó de Quito, en donde tuvo una reunión con el ministro de Gobierno, Fernando
Bustamante, y los miembros del buró político de Acuerdo País.
Los tres asambleístas del Movimiento Popular Democrático también solicitaron que se inicie la investigación, pero no únicamente en contra de Logroño, sino también en contra de Gilmar Gutiérrez, jefe de bloque de Sociedad Patriótica, y del ex presidente Lucio Gutiérrez. A decir de Jorge Escala, los máximos dirigentes de Sociedad Patriótica estarían directamente involucrados en el tema.
El procedimiento para la investigación a los asambleístas se establece en el artículo 68 del Reglamento Interno. En la parte final del segundo párrafo dispone que “la solicitud será calificada por la Comisión Directiva en un plazo máximo de cinco (5) días desde la fecha de presentación. En caso de desestimarse la solicitud de investigación, la Comisión Directiva deberá sentar en actas los motivos de su decisión”.
Mientras tanto, el escándalo causa estragos en Sociedad Patriótica. Rafael Estévez estuvo alejado de sus compañeros de bancada.
Incluso no aceptó hablar telefónicamente con Gilmar Gutierrez. También denunció que desde la tarde del jueves ha recibido amenazas en contra su integridad y de su familia.
Julio Logroño no asistió a la Asamblea. El jueves por la tarde dijo que se trata de un caso de persecución política. También espera que el Comando Conjunto de las Fuerzas Amadas aclare que él “únicamente colaboró” en la investigación de esa tentativa de acto de corrupción.
Noticia tomada del Diario El Comercio.
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