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‘La Ley de Tránsito vigente es un chiste y una burla’

Francisco Moncayo perdió a su hijo Joaquín en un choque. Ampliar Imagen  Foto:EL COMERCIO

‘El 9 de octubre pasado se  inició nuestra lucha en contra de los accidentes de tránsito con la muerte de nuestro hijo.

Cuando Joaquín murió a mi esposa Greta y a mí nos tocó hacer un montón de trámites como legalizar para la  defunción. Tuve que ir al mismo lugar donde inscribí el nacimiento de nuestro hijo, para  registrar su defunción.

Entonces, ambos vimos  la necesidad de que se brinde  ayuda psicológica, legal y espiritual a las personas que pierden a un ser querido  en un accidente. Esto le serviría para poder sobrellevar esta situación que es tan difícil.

El perder a un ser querido provoca un desequilibrio sentimental y mental. Por ejemplo, mi hijo Martín no podía dormir solo durante  varias semanas; mientras que mi hija María Fernanda está en tratamientos psicológicos porque ella estaba presente en el accidente. Iban juntos a la escuela.

Este accidente nos ha cambiado la  vida. El 80% de nuestro tiempo lo dedicamos a luchar contra los accidentes viales y resto del tiempo lo dedicamos  a nuestros trabajos y a otras  actividades.

Nosotros no tenemos ningún interés particular, solo queremos que el vacío que se siente por la muerte de un familiar no se repita en más casos. Cuando hay un accidente de tránsito uno no se espera, no es como una enfermedad que ya se hace al dolor, sino que te golpea fuerte  y te desubica.

La gente nos dio el pésame y nos llamó, pero en ese momento no se siente nada y el dolor se hace más grande con el tiempo, cuando uno se da cuenta que esa persona querida  no volverá. Ahora,  para las estadísticas solo somos una víctima más, pero quién se preocupa por los  que estamos  pasando.

Por eso nosotros (su esposa y él) pensamos ayudar a las otras familias que tienen menores capacidades económicas, que no son escuchadas en la Fiscalía y que no tienen para pagar una defensa, ni abogados para seguir los juicios contra los choferes. Además,  confirmamos que en  los asuntos de tránsito no hay  asesoría legal gratuita, como hay para los casos penales o  de la  Niñez.

Nuestra labor empezó hace dos meses y vamos a seguir hasta que la ciudadanía se sienta segura de transitar por las calles. Estamos apoyando la Ley Vial y esperamos que se logre un cambio a favor de todos. Queremos que la ciudadanía se encuentre  protegida y que el Presidente nos ampare. Entonces ahí sí podremos descansar, sabiendo que nuestros otros hijos pueden salir a la calle sin temor de que algo les pase.

La Ley Vial  como está ahora es un chiste, una burla. Se necesitan más sanciones, que haya una licencia por puntos y que desde pequeños se eduque a los niños a ser diferentes, que  tengan   conciencia de lo que significa una vida.

Por ello, iniciamos el 9 de diciembre pasado una recolección de firmas en Cuenca, luego la ampliamos a Ibarra, Guayaquil y Quito.

Durante este período recogimos 15 000 firmas con las cuales presentamos el proyecto al Ejecutivo y a la Asamblea. Esperamos que se apruebe una Ley acorde a la realidad que se vive en el país.

Yo quiero  que no haya más gente que se una a nuestra organización de Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito, porque así sabremos que hay menos víctimas y  familias destrozadas por los accidentes viales”.

Los cambios para Montecristi

Los familiares de las víctimas de accidentes de Tránsito son una de las organizaciones que pretende que se realice un cambio a la actual Ley de Tránsito y Transporte.

Ellos proponen que exista la licencia por puntos, que las sanciones contra los choferes que comenten infracciones sean más fuertes.

Esas dos ideas están recogidas en el proyecto de la nueva Ley Vial que redacta el Ejecutivo.

Otra de las organizaciones que presentarán sus ideas son  Justicia Vial y Covial. Los presentantes de ellas, Guillermo Abad y Víctor Jiménez, tienen previsto viajar esta semana a Montecristi.

Abad llevará la propuesta de que se modifique el sistema de juzgamiento de los delitos e infracciones de tránsito. Para él, es necesario reformar el mecanismo, pues los policías se convierten en jueces para determinar las contravenciones y los conductores no tienen derecho a reclamar. Mientras  los juicios por los delitos viales quedan en el limbo porque siguen las mismas líneas que los juicios penales. Entonces, los casos de tránsito se vuelven lentos.

Fuente Diario El Comercio.


Author: Diseño Web Ecuador