El “caso Logroño” resultó ser la punta del ovillo que desentrañó las marcadas diferencias que existen en el oficialismo al momento de tomar ciertas decisiones y las sospechas de un presunto espionaje alrededor de la Asamblea Constituyente que estuvieron a punto de ser enterradas por el “silencio de un militar” y una “sanción ética” a un militante de la oposición.
Para decidir sobre el tiempo de suspensión al asambleísta Julio Logroño (PSP), por su supuesta participación en la compra de conciencias al interior de la Asamblea, los más de ochenta asambleístas del Gobierno tuvieron que escoger una vez más entre dos visiones: la del presidente de la República, Rafael Correa y la del titular de la Constituyente, Alberto Acosta.
Aunque Acosta sostuvo que la suspensión de la sesión el jueves, día en que el Pleno se iba a pronuncia sobre dicha sanción, fue por la “impuntualidad” de los constituyentes; algunos asambleístas de Acuerdo País (AP), dieron otra visión sobre el asunto.
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La noche anterior, la mayoría de AP decidió desacatar el informe de la comisión multipartidista en la que estaban sus coidearios Betty Amores y Mauro Andino e imponer una sanción de 90 días a Logroño; del otro lado - una minoría de cuatro a seis asambleístas - entre los que estaban Alberto Acosta y los dos representantes en la comisión, respaldaban la suspensión por veinte días.
Tranquilidad y consenso
Según fuentes de AP, los 90 días es un lapso de tiempo que cuenta con el respaldo total del presidente de la República, Rafael Correa, quien antes de que la comisión se conformase ya pedía a la Asamblea que se le levante la inmunidad al asambleísta del PSP.
Pero el cargo de presidente de la Asamblea le haría ver a Acosta no sólo los requerimientos del Movimiento al que se pertenece, sino la tranquilidad y el consenso que en el Pleno podría provocar respetar el informe de una comisión conformada también por miembros del PRIAN y el PSP.
“Creo que el Presidente está buscando llegar a un acuerdo en los días de la sanción, entre veinte, sesenta y noventa”, expresó López, quien junto a César Rodríguez mocionaron eso en la reunión del bloque, horas después de que asambleístas como Félix Alcívar anunciaran que no acatarán el informe.
Posición intermedia
Así, minutos antes de que Acosta dé su habitual rueda de prensa de lo jueves, asambleístas del oficialismo dijeron que la decisión final es imponer a Logroño. Una sanción de 60 días, una posición intermedia entre las dos marcadas tendencias que se presentaron en AP para éste caso.
Finalmente, Acosta decidió posponer el tratamiento del tema en el Pleno para este miércoles, a las 09:00.
El silencio militar
Con la sanción a Logroño la Asamblea estuvo a punto de cerrar el escandaloso capítulo de la compra de conciencias, Sin embargo, por iniciativa de la Comisión Directiva, liderada por Acosta, aparentemente las cosas no quedarán así.
Lo que calló un miembro de Inteligencia Militar ahora deberá ser informado por los principales de Defensa, Gobierno, Seguridad, Fuerzas Armadas y Policía, sin fecha límite de respuesta, de acuerdo a la carta remitida por el titular de la Constituyente.
Noticia tomada del Diario La Hora.
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