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El secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República, José Luis Cortázar, con el apoyo de la Procuraduría y del Servicio de Rentas Internas (SRI), presentaron ayer al Ministerio Público una denuncia, por un presunto perjuicio en contra del Estado ecuatoriano por US$ 23 millones.
Según la denuncia, el 9 de enero de este año, ex funcionarios del SRI y Procuraduría firmaron un acta de mediación para el pago de US$ 23 millones a la familia Núques, por el embargo de sus tierras en 1967.
De las investigaciones realizadas según lo indicó el director del SRI, Carlos Marx Carrasco, el documento fue firmado en el Centro de mediación de la Procuraduría de la ciudad de Guayaquil, ente que no existe.
Además se cuestiona a Luis Salazar, por avalar el documento argumentando que no tenía potestad para hacerlo. El funcionario “jamás ha sido nombrado para tal cargo, por lo cual se habría arrogado funciones que no le corresponden”, indicó el secretario anticorrupción, José Luis Cortázar.
Carrasco precisó, que por el momento esa acta suscrita se encuentra extraviada e insistió que no existe sentencia alguna que mande a pagar al SRI la indemnización que asciende a los 23 millones de dólares.
Cortázar precisó, que se ha solicitado a la Fiscalía que pida medidas cautelares en contra del ex director del SRI, Alberto Cárdenas Dávalos; y el ex procurador encargado, Sócrates Vera Castillo, Luis Salazar Bécker, José Luis Aguilar, Antonio Egas Terán y Wilson Yupangui Carillo, así como el resto de encubridores que la fiscalía encuentre en su investigación.
El doctor Sócrates Vera, ex Procurador encargado, no pudo ser contactado para que de su versión sobre la denuncia.
El caso inició, cuando en el año 1967 la Jefatura de Recaudaciones de Los Ríos emitió títulos de crédito en contra de José Anselmo Núques Benítez, por una deuda tributaria que ascendía a la suma de un millón diecinueve mil quinientos diez sucres con setenta centavos.
Pero debido al no-pago de aquella obligación tributaria de forma oportuna, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), actualmente INDA, expropió de manera total varios de los bienes inmuebles en los cuales funcionaban el ingenio Núques.
Quito-Redacción • El Telégrafo