Las demandas emprendidas contra instituciones públicas casi siempre han sido desfavorables.
Los resultados de determinadas acciones judiciales evidencian la existencia de una débil defensa estatal, que en ocasiones han generado demandas internacionales que persiguen millonarias indemnizaciones.
La ausencia de colaboración de las entidades demandadas y la falta de seguimiento de las causas por parte de los defensores y hasta el “miedo” de los operadores de la justicia son, entre otros, los argumentos que mencionan funcionarios de la Procuraduría General del Estado (PGE) como causales de la pérdida de miles de juicios.
Según Ernesto Velásquez Baquerizo, director regional 1 de la PGE (comprende las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Galápagos y próximamente Santa Elena) la nueva administración trata de romper con esa muletilla de que “el Estado nunca gana”. De allí que, dice, de 17.000 juicios que encontraron en febrero del 2007, han logrado evacuar más de 3.000, en ocho meses de gestión.
No obstante, 1.868 de esas causas (algunas de las cuales datan desde 1991) fueron archivadas tras ser declaradas en abandono:1.647 corresponden a demandas laborales, mientras que 138 son juicios contenciosos y otros 83 son civiles.
Velásquez afirma que muchos juicios se han perdido por falta de seguimiento, a pesar de que la misión de la Procuraduría es defender al Estado y a sus instituciones para salvaguardar los bienes públicos.
“Cuando era parte de la Función Judicial -asegura- los únicos escritos que veía por parte de la Procuraduría eran para señalar casillero con una lista de ocho a diez abogados”.
El funcionario indica que la lentitud de los jueces es la que nos ha llevado, en muchas ocasiones, a ser observados como país por la Corte Interamericana de Justicia, la misma que ha obligado a pagar indemnizaciones millonarias a los demandantes. “El Poder Judicial tiene jueces buenos y malos como en todos los casos, pero el país se cansa mucho de ver que a veces no quiere entender el mundo en que vivimos y que requiere prontitud y agilidad en el despacho de las causas”.
Y la falta de aquello, según la Procuraduría, en ocasiones obedece a presiones de poder económico o político. Para lograr una buena defensa, dice Clay Cabrera, subdirector regional de patrocinio de la PGE, el procurador general ha dejado la posibilidad de sancionar al funcionario de la institución que no haya defendido jurídicamente a instituciones del Estado. No obstante, no tienen los suficientes elementos de juicio para hacerlo.
Cabrera indica que a veces no cuentan con la concurrencia de las instituciones públicas demandadas, que son las poseedoras de las pruebas. “Tenemos que hacer un oficio institucional rogándoles para que nos entreguen o se pongan en contacto. En algunos casos dejan a la Procuraduría para que haga la defensa y eso no debe ocurrir”.
A ello se suma la falta de personal en la institución. En Guayaquil hay apenas once abogados para la defensa de 14.000 juicios. Y por la cantidad de juicios, la institución está abriendo nuevas oficinas en otras ciudades del país, e incrementando el número de personal.
Ya hay oficinas abiertas en Milagro y en Quevedo y se espera abrir próximamente otra en Quevedo y una en la nueva provincia de Santa Elena. Próximamente se creará una oficina especial para el área de Derechos Constitucional y Humanos, con abogados especializados. (PVC)
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Estado deberá pagar más de $ 3’500.000
Un total de 3’574.359,93 dólares deberá desembolsar, en los próximos días, el Estado ecuatoriano para el pago de indemnizaciones fijadas en 24 juicios seguidos en contra de instituciones públicas.
La cifra corresponde a trece juicios laborales (10 por despido intempestivo), 7 verbal sumarios, 2 amparos posesorios (solicitud de posesión de un solar) y 1 ordinario.
Según un informe remitido a la regional 1 de la Procuraduría General del Estado, once de los juicios son en contra de entidades de Galápagos (tres de las cuales son contra la Municipalidad de San Cristóbal). Otras diez causas son contra la telefónica Pacifictel. Diecinueve de los juicios son tramitados por el juzgado primero de lo Civil de Galápagos.
La Procuraduría defiende su accionar al señalar que entre mayo y noviembre del 2007, la institución logró que 462 juicios fueran declarados sin lugar (153 laborales), lo que le significó al Estado un ahorro de 5’568.863,22 dólares.
Fuente Diario Expreso.
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