El trabajo de la Defensoría Pública Penal, en Quito y Guayaquil avanza a paso lento. Desde el 21 de septiembre, cuando se creó la Unidad Transitoria de Gestión para la Defensoría Pública, hasta ahora, aproximadamente 250 presos han sido sentenciados y 70 liberados en ambas ciudades.
Esa no es una cifra muy significativa si se toma en cuenta que hasta septiembre pasado, cuando el presidente de la República, Rafael Correa, decretó la emergencia en el sistema penitenciario se calculaba que aproximadamente 7 000 presos no contaban con un abogado para su defensa.
Más trabajadores
Antes del Decreto de Emergencia, en el país solo existían 32 defensores para ayudar a los reos que no contaban con dinero para contratar un abogado.
La selección de abogados se hizo a través de un concurso público. Fueron contratados 76 abogados en Quito y 116 en Guayaquil.
Para crear la Defensoría Pública, el Gobierno destinó USD 10 millones dentro de la emergencia carcelaria. Con ese dinero se paga a los abogados. Por cada caso resuelto los abogados cobrarán USD 350, según lo dispuesto.
Entonces, se dijo que la Defensoría podría aplacar la grave conmoción en el sistema penitenciario. Y para eso contrató 192 abogados para que se encarguen de los juicios de los reos sin condena.
Ahora, el principal obstáculo para concretar esas labores -dice Ernesto Pazmiño, director de la Unidad- es la resistencia de los internos a ser defendidos. “Su negativa se agudizó desde que los jueces les negaron la libertad por la aplicación del art. 24, numeral 8, de la Constitución. Los internos creen que los defensores contratados les van a dar sentencias duras y no los van a defender”.
La Carta Magna señala que “la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedaría sin efecto, bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa”.
Jean Carlos Aragundi, presidente de los internos del penal García Moreno, confirma la versión de Pazmiño. “Muchos prefirieron contratar abogados particulares, pero no lograron gran cosa”.
La Unidad calcula que cerca de 4 000 reos contrataron abogados particulares como una medida desesperada para acceder a la libertad, luego de que se derogó la vigencia de la prisión en firme.
Ese fenómeno afectó a la designación de casos entre los abogados. públicos. Cada uno debe manejar 10, pero ese cupo todavía no se ha completado en los bufetes
Así lo evidencia la Fundación Life for the Amazon. Allí tres abogados manejan seis causas, mientras que seis defensores completaron el cupo de 10 procesos penales.
La abogada Jackeline Pachacama asegura que el trabajo se dificultó porque “se descubrió que algunos reos ya tenían abogado y otros ya habían salido libres”.
Nelson Sánchez, coordinador de la Defensoría Social del Colegio de Abogados de Pichincha, señala que en la dependencia que dirige cada abogado tiene entre cinco y seis causas. Además, que su trabajo avanza con dificultades. “Los problemas se centran en los juzgados y tribunales porque los trámites son muy lentos”.
Para Sánchez, la única forma para que el trabajo de la Defensoría Pública se fortalezca rápidamente es que se realice un trabajo conjunto con los fiscales, los tribunales y los juzgados penales.
Testimonio
Ramiro Zúñiga
Preso del penal García Moreno
21 meses preso y sin sentencia
La Policía me arrestó en el parque La Carolina (al norte de Quito) hace un año y nueve meses. Enese entonces, yo me dedicaba a trabajar en el gusanito que recorría el parque. Los agentes me acusaron que me dedicaba a vender droga en el lugar, porque cuando realizaron un operativo sorpresa en un puesto de comidas ambulantes yo estaba en ese sitio.
Apenas fui detenido contraté un abogado para que se encargue de mi caso, pero no resultó como esperaba. No agilitó los trámites en los juzgados y se me llevó toda la plata que le pagué. Cuando se inició el programa de la Defensoría Pública del Gobierno y vinieron los abogados de la institución, yo me anoté, pero no tenía muchas ilusiones de que pueda tener éxito para sacarme de la prisión.
Pero como no cuesta nada de dinero, por lo menos quise hacer el intento para salir en libertad. En noviembre pasado me informaron que abrió un casillero judicial, para que el juzgado entreguen los documentos de mi proceso.
Luego mi abogada presentó los escritos para que me liberaran aplicando el artículo 24 numeral 8 de la Constitución, de la prisión en firme, pero los jueces se negaron entregarme la libertad. Este sábado (23 de diciembre) por fin voy a ir a una audiencia en los juzgados para que se resuelva mi caso. Esa es una buena noticia para mí, porque es un paso más para lograr una definición de los jueces.
Fuente Diario El Comercio.
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