El trabajo en Tungurahua. Miriam Humaguinga ayuda a tramitar los casos en la Fiscalía de Ambato. Dos de las cuatro fiscalías indígenas están funcionando en la Sierra norte y centro. La salida de Jorge German, ex fiscal general de la Nación, suspendió la apertura de las oficinas en Ibarra y Riobamba.
En Ambato y Latacunga las unidades empezaron a trabajar con normalidad. Por ejemplo, la Fiscalía de Cotopaxi ha tenido que atender cinco denuncias en comunidades de esta provincia, desde su apertura en noviembre.
Estas unidades especiales del Ministerio Público nacieron con el objetivo de tramitar específicamente los casos judiciales que involucren a los indígenas o sus comunidades, pues había un vacío legal cuando se presentaban delitos donde se administraba el derecho consuetudinario.
Para Roberto Guzmán, fiscal distrital de Cotopaxi, estas dependencias se crearon para cumplir con el derecho que tienen todas las personas de acceder a los órganos de justicia “y más aún cuando ellos (los indígenas) tienen su método de administrar justicia”.
Sin embargo, el ámbito de trabajo de las fiscalías aún no está claro. En Imbabura, a pesar que la oficina no está abierta, los agentes no conocen cuáles serán sus funciones. “No está claro porque se habla de justicia ordinaria y de derecho consuetudinario y ancestral, dos posturas que merecen un análisis profundo para evitar tergiversaciones”, dice Marco Calapaqui, quien se perfila como candidato para ocupar esa dependencia.
Guzmán reconoce que existe un problema por la coexistencia de ambos sistemas. El primero, llamado positivo, se basa en normas expresas, contenidas en códigos. El segundo es el consuetudinario, que se ritualiza en cada comunidad y puede variar según el sitio geográfico y las costumbres.
“Rige el derecho positivo, pero la Constitución y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) amparan la Justicia Indígena”, dice el funcionario cotopaxense. Sin embargo, está consciente de que los indígenas no tienen leyes que faciliten su aplicación.
Para antropólogos, dirigentes y profesionales indígenas no se debe confundir ajusticiamiento con la práctica de la Justicia Ancestral.
“El ajusticiamiento es agresivo y viola los derechos humanos. Lo segundo es sagrado, digno de respeto y funciona mejor que la prisión.
Estar tras las rejas es humillante para el indígena”, aseguró Manuel de la Torre, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura. Esa organización es una de las más influyentes en la provincia y representa a 168 comunidades kichwas.
Para Gandhy Rodríguez, fiscal Distrital de Imbabura, la nueva oficina funcionará como las demás. Pero la meta es tener más control en estos casos. Según su experiencia, los últimos años los indígenas han dejado de lado a la justicia ordinaria. Además, aclara que los casos que conocerá la Fiscalía serán solo penales.
Hasta el momento, el fiscal de asuntos indígenas de Tungurahua no ha tratado ningún caso . “Estamos en etapa de difusión e información a la comunidad”.
La Fiscalía de Tungurahua recibe 6 000 denuncias al año, pero solo se tramita el 40%. El resto se desestima. Solo hay un caso (cuatro desaparecidos en Pilahuín), pero no irá a manos del agente fiscal de la unidad para asuntos indígenas Segundo Chaluis.
En Cotopaxi aún se analiza si los casos indígenas conocidos antes de la inauguración de la oficina pasarán a conocimiento del fiscal Álex Alajo. En el Ministerio de Cotopaxi hay cerca de 4 400 denuncias al año. De esas, se inició la instrucción fiscal en 500 casos. No hay estadísticas concretas, pero Guzmán calcula que el 50% de casos involucra a indígenas.Un mes de capacitación
Carlos Cabrera, ministro fiscal (e) de Chimborazo, señala que la Unidad de Asuntos Indígenas comenzará a funcionar en enero. Los funcionarios de esa entidad se capacitan en el Codenpe.
El caso de Pilahuín (Tungurahua) no será tramitado por Segundo Chaluis, ya que él, antes de su designación, defendió a uno de los involucrados en el proceso.
Los fiscales de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua fueron designados de una terna, por el ex ministro fiscal general de la Nación, Jorge German.
Fuente Diario El Comercio.
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