Las vídeo-grabaciones realizadas clandestinamente y sin autorización judicial, que son una especie de espionaje electrónico, son hoy en día materia de preocupación para jueces y abogados, que creen que está en riesgo la seguridad jurídica del país y el derecho de las personas.
Tanto el ministro juez de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Casárez, como el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Víctor Cevallos, coinciden en señalar que una grabación en audio o video obtenida sin autorización judicial, no tiene validez alguna en un proceso judicial.
Para el Magistrado de la CSJ, es preocupante que se pretenda institucionalizar en el país el espionaje. Dice que la Constitución y las leyes protegen una serie de derechos de las personas, entre éstos el derecho a la intimidad, y por esto, cuando se trata de establecer la verdad en un hecho penal, el Código de Procedimiento Penal dispone las grabaciones clandestinas, pero con autorización judicial.
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En el momento en que se pase por alto las garantías o se sometan a esta especie de espionaje sin autorización judicial, prácticamente se estarían violentando los derechos de las personas con graves consecuencias para el efecto de saber si en el Ecuador se respetan o no las garantías individuales, agrega Casares.
Respecto del caso de los judiciales, desgraciadamente se hizo mérito y se tomó como prueba un acto ilegal, porque nunca hubo autorización judicial.
Sin seguridad
Entre tanto, para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Víctor Cevallos, el país está viviendo un descalabro y la ciudadanía está perdiendo su seguridad jurídica, porque de un tiempo acá, las grabaciones ocultas y sin autorización de juez competente son una práctica común y en algunos casos están siendo utilizadas como instrumento político.
En unos casos valen y en otros no. Una prueba de lo primero es lo que pasó hace poco tiempo atrás con 17 funcionarios judiciales, que fueron destituidos, basados en una grabación clandestina y sin autorización alguna, agregó Cevallos.
Recordó que eso no ocurrió con el ex presidente de la CSJ, Jaime Velasco, que fue grabado amenazando de muerte a un juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, si emitía un fallo, pero este caso ni siquiera fue investigado porque se consideró que la grabación no era una prueba.
Cevallos dice que hay un abuso de las autoridades en la utilización de este tipo de grabaciones, porque cuando les conviene son legales o ilegales. Cuando quieren hacer un escándalo sacan un video y el país se alborota, pero cuando no les conviene simplemente no pasa nada y si aparece el video ese no es prueba, como ocurrió con los pativideos, agregó.
Noticia tomada del Diario La Hora.
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