GamaTV. La AGD destituyó al gerente Nicolás Vega

La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) canceló por supuesto desacato al gerente general de la televisora, Nicolás Vega. Lo reemplazará Pablo Orellana dijo ayer el secretario de la AGD, Alex Girón, al notificar la disposición en el canal.

Guayaquil. Los juzgados de la Niñez se cambian de dirección

Los juzgados de la Niñez y Adolescencia tienen plazo hasta el próximo viernes para cambiarse al Palacio de Justicia de Guayas. En esta dependencia   funcionarán por ocho meses, informó el presidente de la Judicatura, Xavier Arosemena.

FF.AA. . Conmemoración por la Batalla de Pichincha

Las FF.AA. celebran la Semana de la Libertad. Con varios eventos se busca rememorar los 187 años de la Batalla de Pichincha, que se recuerda el 24 de mayo. El domingo, a las 08:30, habrá una ceremonia en el Templete de  la Libertad.

Carchi. Una evaluación militar en la frontera norte

Fabián Narváez, comandante de la Fuerza de Tarea 1, identificó ayer el principal problema de la frontera en Carchi: el contrabando. Viajó a Esmeraldas y San Lorenzo para constatar el funcionamiento de los destacamentos. Red. Tulcán

Justicia. El cruce de datos del área penal es analizado

El Ministerio de Justicia realizará una evaluación sobre la interconectividad entre las distintas entidades del Sistema Procesal Penal. Este análisis busca mejorar el cruce de información entre la Fiscalía, la Policía y los juzgados.

Judicial. Ex ministro Carrión volverá a prisión

El presidente de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Hernán Ulloa, volvió a dictar orden de prisión preventiva contra el ex ministro del Deporte, Raúl Carrión. El fallo se conoció ayer a las 18:00, luego de la audiencia de formulación de cargos por presunto peculado en la adjudicación de obras, entre ellas de Carpuela, cuyo perjuicio se cree fue de USD  3,3 millones. Hasta las 20:00, el ex funcionario permanecía en su domicilio en Guayaquil, donde cumple arresto domiciliario, encausado en otro proceso por peculado.

Migración. Ecuador rechaza resolución de Italia

El Gobierno ecuatoriano rechazó ayer la normativa de seguridad aprobada por el Parlamento italiano, por considerar que viola los derechos humanos al establecer como delito la libre movilidad de las personas. La normativa italiana impone sanciones a los inmigrantes sin papeles y establece que quienes les alquilen viviendas serán encarcelados. El comunicado oficial señala que “la decisión (italiana) desconoce el aporte de la población inmigrante al sostenimiento de la economía y el estado de bienestar italianos”. Además pidió a través de la Secretaría Nacional del Migrante y la Cancillería “que se establezcan políticas migratorias respetuosas de los derechos de las personas en movilidad”.

De acuerdo con la institución, son varios los factores que provocan que el índice de robo de teléfonos móviles “sea muy alto”, uno de ellos “es que las personas afectadas no denuncian este ilícito y, cuando lo hacen, no tienen la precaución de pedir a la operadora que provee el servicio que bloquee el número IMEI”.

En un comunicado, Supertel informa que el número IMEI es un código que viene en el interior del aparato y que “su bloqueo es una buena manera para reducir el robo” de los aparatos.

Por otra parte, el Superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo informó que, además, Supertel trabaja con las operadoras “a fin de levantar una base de datos que permita saber los números que son denunciados como robados”.

Jaramillo explicó que ese archivo de denuncias también permitirá “coordinar con las autoridades de control de los países vecinos, para impedir que los teléfonos robados sean usados en el exterior”.
El Superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo informó que, además, Supertel trabaja con las operadoras “a fin de levantar una base de datos que permita saber los números que son denunciados como robados”.

Su territorio está en el barrio Cotocollao, en el norte de Quito. Miles de carátulas de copias de música, películas, software y juegos de video dan un ambiente multicolor a su escondite, que prefiere llamar su “negocio”.

“La piratería no es un asunto de buenos o malos, es un oficio”, sostiene Miguel, convencido, y pregunta cuánto costaría difundir masivamente sus productos.

Piensa como un empresario. Se inició con la venta de reproducciones hace nueve años, con un capital de USD 50. Ahora tiene cuatro locales regados en Quito, distribuye a otros piratas las copias que él mismo realiza en su computador y quemadores (que le costaron USD 3 000). Dice que da una atención personalizada: si a algún cliente le faltan unos centavos, igual le vende un CD.

Su única preocupación es la competencia, pues los locales de venta de productos piratas se han esparcido más rápido que un virus en tiempos de pandemia.

Aunque no hay un estudio detallado del impacto de este delito en el país, Alfredo Corral Ponce, ex director del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), señala que las cifras son escalofriantes. Por ejemplo, el 99% de productos audiovisuales (películas) que se venden en el país es pirata; el 95% de CD de música también, y lo mismo sucede con los software de sistemas informáticos que llega al 66%.

Alrededor del negocio de Miguel (en la av. De la Prensa) hay siete locales que ofertan reproducciones ilegales. Allí se expenden desde CD que contienen cinco películas, de mala calidad, hasta una novedad traída de Perú: las copias fraudulentas de ‘Blu-ray’.

Este novísimo sistema, que permite una alta definición de video y una capacidad de almacenamiento superior a los DVD, rompe el mito de que la piratería solo beneficia a los pobres, pues cada copia tiene un costo de USD 10. Y solo puede ser observada en aparatos específicos: un reproductor ‘Blu-ray’, un PlayStation 3, un televisor plasma o un LCD.

La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad tiene identificada la ruta por la cual ingresan las copias piratas. Bormman Peñaherrera, el único agente en Quito, señala que los CD madres llegan desde Perú y Colombia, luego son reproducidos masivamente en Quito y Guayaquil. En estas ciudades hay centros de venta al por mayor en la Ipiales y en la Bahía.

Cuando quiere una película de estreno, Miguel acude a El Tejar. Adquiere un ejemplar de las cintas que estima tendrán éxito. Después, en su casa, las copia.

¿La piratería le ha dado réditos? Tajantemente contesta que “sí”. Un disco en blanco le cuesta USD 0,50, la carátula y empaque otros USD 0,10. Él vende la copia en USD 1,50. Negocio seguro, con una ganancia de más del 100%, que le ha bastado para mantener a los suyos e invertir en su negocio; calcula que su capital se multiplicó de USD 50 a 30 000.

Corral cuestiona esas prácticas, porque los réditos de los piratas destruyen a los creadores nacionales. “No deben pensar que la Sony, la Warner o Shakira resultan afectados, nuestro mercado es muy pequeño y no les interesa a las transnacionales”.

Él sustenta su aseveración en cifras oficiales: hace 10 años había 16 sellos fonográficos en el país, ahora no existe ninguno. Otro detalle: el 64% de las marcas registradas en el IEPI es de origen ecuatoriano y el 50% de diseños industriales fue creado aquí.

Un artista que ha sido golpeado por la piratería es Damiano. El cantautor consolidó su fama desde las eliminatorias al Mundial de Fútbol 2002, con canciones de apoyo a la Selección.

Han pasado siete años y Damiano confiesa que sus canciones han sido usadas un sin número de veces por la radio, la TV y los piratas, sin que le dieran un solo centavo. “Terminar con la piratería será imposible, pero hay que educar a la sociedad para que se respete el derecho de propiedad, incluso desde los medios serios”.

Los creadores tienen una Ley de Propiedad Intelectual que los respalda para iniciar juicios. Sin embargo, hay vacíos. Por falta de logística, los fiscales no indagan la piratería de CD o DVD. Tampoco hay juzgados de Propiedad Intelectual, pese a que la norma vigente contempla su creación. Así, no se tramitan ágilmente las demandas, que, actualmente, se estancan en los juzgados civiles.

Damiano tuvo que esperar a que su música sea pirateada en España para recibir regalías por reproducción sin autorización.

Para Troi Alvarado, músico guayaquileño, una solución puede ser la creación de un centro de monitoreo de medios, para verificar el correcto uso de sus obras. Otra es la gestación de un CD “genérico”, que pueda competir en el precio con los piratas.

En los últimos años, los piratas se organizaron. Delegados de 14 provincias, incluidas Pichincha y Guayas, conformaron la Federación Nacional de Expendedores de Productos Tecnológicos de la Información y Comunicación, para pedir que sean reconocidos.

Formalmente, propusieron pagar USD 0,05 por cada disco en blanco que entre al país. Ese tributo dejaría entre USD 5 y 6 millones. Sugieren que ese dinero vaya a los gremios de creadores de música y de películas ecuatorianos, para que no se afecte su labor.

Miguel está consciente de que su negocio puede esfumarse en cualquier momento. Pero, hasta que esto suceda, en su mente nacen nuevas ideas para mejorarlo. Una de ellas es comprar una motocicleta para incursionar en la entrega de productos a domicilio.

Desde la noche del lunes rige una orden de prisión preventiva por supuesto peculado en la adjudicación de obras deportivas, que dictó el presidente de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.

La casa 109 de la avenida Segunda y calle Oeste está resguardada desde las 11:30 por cuatro policías del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), que tiene la instrucción de acompañar el procedimiento de detención y traslado del ex funcionario hasta la capital. Hasta hoy Carrión cumple un arresto domiciliario.

Carrión dijo a EL COMERCIO que la orden es totalmente “inconstitucional e ilegal”. Luce más delgado y está acompañado de sus padres.

Se espera que en cuestión de minutos llegue un delegado de la Corte Nacional de Justicia para cumplir la orden de prisión.

Antes de la reforma, la instrucción tardaba 90 días, ahora, con la modificación, el fiscal puede indicar el tiempo que se demorará en recolectar los elementos de convicción para que las partes puedan ejercer su derecho a la defensa.

En los casos de delitos flagrantes, según señala la ley, la instrucción demorará 30 días, con el ánimo de no desperdiciar 60 más, como estaba estipulado, ya que, en los delitos flagrantes, la investigación es mucho más sencilla, sostiene el ex ministro fiscal del Guayas (e), Jorge Blum Carcelén.

La otra modalidad (de 90 días) continúa como antes. Esta se origina luego de la indagación previa que concluye con el pedido de convocatoria, que hace el fiscal, a una audiencia de formulación de cargos.

Washington Pesántez Muñoz, fiscal general del Estado, considera que los plazos establecidos en la ley -antes de la reforma- fueron fatales para los fiscales, “pero no para los jueces, porque estos, bajo el argumento de que tramitan una gran cantidad de procesos penales, no los despachaban oportunamente”, cuestiona.

Cita como ejemplo que el fiscal -antes de la reforma- no podía pasarse de los 90 días de la instrucción, porque de lo contrario era sancionado. Sin embargo, los días que se establecen para que se sustente un recurso en la Corte, en el sistema adscrito, nunca es observado, destaca.

“Un simple recurso de apelación tiene un promedio de duración de 5 meses y medio.Entonces, ¿cómo no esperar que caduque la prisión preventiva, cuando la ley decía que en 15 días debían sustanciarlo de manera escrita?”, sostiene.

Pesántez dice que la ventaja de la audiencia de formulación de cargos es que las partes pueden ponerse de acuerdo, e incluso el fiscal puede evaluar el caso y anunciar el tiempo que tardará en presentar el dictamen, ya sea acusatorio, absolutorio o mixto.

“Si hay un delito que se puede investigar y presentar el dictamen en 3 ó 4 semanas se lo comunicará al juez, aunque esto conlleve a que alguien no esté de acuerdo. La entrega ágil de la instrucción fiscal finalizada ayuda a agilizar el proceso y evita las consecuencias nefastas de la prolongación, que es la caducidad de la prisión preventiva”, asevera.

El abogado Jorge Arteaga dice que el trabajo de los fiscales no solo se debe enfocar en buscar responsabilidad al imputado, sino también, cuando hay méritos, en exculparlo y no acusarlo.

• civil
• penal
• bancaria
• financiera
• tributaria
• societaria
• administrativa
• petrolera
• comercial
• laboral

en general en todos los ámbitos del derecho.

Otro cambio es crear nuevas comisiones a las diez existentes, una de temas agrarios y otra de educación y cultura.

Respecto a fiscalización se recoge el procedimiento aplicado en el mandato  23 con el que actuó el ‘Congresillo’, es decir, la solicitud de juicio político debe calificarla el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la sustanciará la comisión donde estarán representadas todas las fuerzas políticas.

La única variante es la creación de un cuerpo especializado para investigar y ampliar los plazos para analizar las pruebas y realizar el informe que implicaría al menos 40 días laborables para el proceso (presentación de prueba, informe y resolución del pleno). Todavía se analiza el planteamiento de Julio Logroño (SP) para que el archivo del juicio lo resuelva el pleno de la Asamblea y no los miembros de la comisión.

Se mantiene la facultad de todos los asambleístas para fiscalizar, dar seguimiento de cualquier caso y si no reciben  información  solicitada pedir al Presidente de la Asamblea que comparezca el funcionario.

Se incluirá una norma para suspender temporalmente a los asambleístas por  incidentes en el recinto legislativo. No habrá un Código de Ética, ni comité de excusas, sino una norma de comportamiento similar al reglamento de la  Constituyente con sanciones por atrasos y multas por inasistencia o uso inadecuado de las tarjetas electrónicas. No habrá sanciones por indisciplina partidaria.

Sobre la elección de las autoridades se recoge la disposición constitucional. Será presidente quien tenga la mayoría absoluta de los votos (63) al igual que los dos vicepresidentes, fórmula que se aplicó antes de la Constitución de 1998.

Aprobación de leyes
La ampliación de los plazos se aplicará en el trámite general de la ley. El orden del día debe ser notificado 48 horas antes y no 24 horas.

Tras la calificación del proyecto habrá 40 días (hoy son 20) para el trámite. Se prevé una prórroga que podría ir hasta diez días (ahora son cinco días)  para presentar el informe para primer debate. El presidente tendría hasta cuatro días laborables para incluirlo en la agenda; luego correrán 14 días para que la comisión elabore el informe para segundo debate, también podrá darse una prórroga; y luego cuatro días para que el Presidente incluya el proyecto en el orden del día.

Aprobada la ley irá al Ejecutivo donde corre el plazo de 30 días para que emita un dictamen u objeción de lo aprobado. En caso de un veto parcial la Asamblea tendría al menos 30 días para tramitarlo.

Reglas: Funcionamiento
Instalación
La Junta Preparatoria de la Asamblea la instalarán los tres  más votados, según la votación consolidada (nominal y en plancha).

Trabajo
Se mantiene la jornada de 40 horas semanales mínimas de los asambleístas de lunes a viernes, y su cuota de dos asesores y un asistente.

Juzgamiento
El CAL podrá crear comisiones ocasionales para temas específicos como juzgar a un asambleísta.

Esto es, si el trabajador no quiere que le acrediten, mensualmente, el equivalente a 8,33% de su salario o remuneración por ese concepto, deberá hacer una solicitud en ese sentido a su empleador o patrono; además, la entrega mensual de ese fondo, mientras no exprese lo contrario, regirá durante tres años, a partir de la vigencia de esa disposición.

Así informó ayer, en rueda de prensa, la titular de la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social, Betty Amores, al dar a conocer el informe para segundo debate que elaboró ese organismo legislativo con base en el proyecto de ley para el Pago Mensual del Fondo de Reserva y Régimen Solidario de Cesantía por parte del Estado. La propuesta de ley corresponde al presidente Correa.

El informe señala que el afiliado para solicitar el pago del fondo de cesantía, además de los requisitos establecidos mediante ley, deberá acreditar 24 aportaciones mensuales, o dos anuales, no simultáneas al IESS y encontrarse cesante por un período de al menos 30 días.

El documento fue aprobado por cinco votos de asambleístas del Movimiento País.

Betty Amores explicó que en el informe se define con claridad el concepto de prestación por cesantía, que consiste en la entrega de dinero al afiliado por parte del IESS en los casos que este lo requiera por encontrarse desempleado.

En el caso de la prestación del fondo de cesantía ordinario, se dará en todos los casos, como en la renuncia, despido, entre otras.
Se mantiene la creación del régimen solidario, que beneficiará exclusivamente a las personas que sean despedidas en forma intempestiva.

El fondo solidario de cesantía opera, según el informe, en los casos en que el fondo acumulado en la cuenta individual de cesantía sea inferior al doble de la remuneración de aportación que percibía el afiliado en el último mes anterior a la fecha de cese. La diferencia será financiada por el Estado, con cargo al Presupuesto General. En ningún caso la cuantía del beneficio concedido superará el valor equivalente a dos canastas básicas familiares, determinadas por el INEC en diciembre del año anterior a la fecha del pago.

El informe se incluye un artículo que ordena al IESS a devolver mensualmente los fondos de reserva a los trabajadores de la construcción, sin perjuicio del número de aportaciones que tenga en su cuenta individual.

Se establece en la disposición general que el IESS informará semestralmente a los afiliados sobre el monto actualizado de los fondos de reserva y cesantía, los sectores de la economía y el destino en los que están siendo invertidos estos fondos y los montos
actualizados de rentabilidad.

El segundo debate del proyecto de ley se efectuará el lunes o martes próximos, según anticipó ayer el titular del Legislativo, Fernando Cordero.

Mientras, el Movimiento Popular Democrático (MPD) insiste en no apoyar la entrega de los fondos de reserva mensualmente a los afiliados al IESS y expresa su acuerdo con los trabajadores y organizaciones sindicales para exigir el archivo de este proyecto de ley, dijo su director, Luis Villacís.

La primera sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador publicó este martes un auto de llamamiento a juicio plenario contra los ex propietarios de Filanbanco y 11 funcionarios que trabajaban en esta entidad bancaria, informaron hoy los medios locales.

En el denominado “caso Filanbanco” se acusa de malversación de fondos públicos y peculado a Roberto y Williams Isaías, los antiguos dueños de la entidad, que fue intervenida por el Estado y que detonó la crisis financiera de 1999, la peor de la historia de Ecuador.

Han transcurrido seis años desde que se abrió el caso contra los hermanos Isaías, que actualmente son prófugos de la justicia y residen en Estados Unidos.

El juez de la Corte Suprema de Justicia Hernán Ulloa denunció en declaraciones recogidas por Teleamazonas que a lo largo del proceso algunos de los magistrados que han trabajado en el caso recibieron sobornos “en cantidades millonarias para favorecer a los acusados”.

Por ello, Ulloa pidió “de manera pública” protección policial para los jueces que llevan el caso “frente a cualquier represalia” a su “integridad física y personal”.

El auto de llamamiento a juicio se sustenta en los “fuertes indicios de responsabilidad penal en el cometimiento del delito de peculado, además de sobre la violación a la ley de instituciones financieras”, explicó el canal.

El Filanbanco es una de la treintena de entidades bancarias que fueron intervenidas por el Estado entre 1998 y 1999, cuando se registró la mayor crisis financiera de la historia ecuatoriana y cuyo saneamiento le costó al erario nacional más de 8.000 millones de dólares.

Según las estadísticas que maneja la Policía de Tránsito de Pichincha, desde octubre de 2008 hasta el momento, se entregaron 4.467 citaciones por incumplir esta norma, ocupando el tercer puesto en las contravenciones leves de segunda clase, después de la emanación de gases contaminantes (22.322) y del parqueo en sitios prohibidos (15.049).

Por ello, la Dirección Provincial de Control de Tránsito de la Policía Nacional inició ayer, a las 08:00, un operativo que busca aplicar sanciones morales y llamados de atención a los conductores que utilicen sus teléfonos mientras manejan.

Los operativos se distribuirán en puntos críticos de la ciudad, concentrándose en la zona comercial, en las intersecciones de la Av. Amazonas, 10 de Agosto, Shyris y 6 de Diciembre con la Naciones Unidas. Además en la Eloy Alfaro entre Amazonas y República, menciona Pablo Cerda, mayor de la Policía de Tránsito.

“La intención no es que la ciudadanía vea a los policías  como agentes represores. Por eso no vamos a entregar citaciones ni infracciones sino que haremos un llamado de atención al infractor por la contravención. (…) la intención es salvaguardar sus vidas y hacer cumplir la ley”, dice.

Para José Santos, representante de la compañía de Taxis La Jipijapa, la medida es buena, sin embargo, asegura, en el caso de los choferes profesionales esta normativa no se debería aplicar puesto que muchos clientes piden sus servicios por celular.

Según el transportista, las leyes de tránsito deberían ser diferenciadas ya que los conductores profesionales están capacitados para realizar otras actividades, como hablar por teléfono.

A las 10:38, María del Carmen Crespo fue detenida por los agentes apostados en la Av. Naciones Unidas, mientras hablaba con su secretaria, asegura. Para ella, el problema radica en que las personas deben tener la capacidad de realizar las dos actividades al mismo tiempo.

Como ella, los infractores no aceptan estar violentando la Ley de Tránsito al utilizar el teléfono celular mientras conducen, volviéndose los ruegos, excusas, disculpas y promesas la fórmula para tratar de evitar la sanción.

No obstante, en un trayecto de 200 metros, después de que el operativo terminó, no menos de 12 conductores volvieron a hablar por teléfono mientras circulaban.

Para los agentes policiales esta campaña no será con sanción, debido a que es el primer intento que realizan en la ciudad para reducir los índices de la infracción. De no registrarse resultados favorables en los 15 días que durará la campaña, los agentes iniciarán con las sanciones.

Cerda comenta que tomaron una iniciativa similar para concienciar a los conductores sobre el uso de cinturones de seguridad, por lo que ahora son pocos los casos de esta infracción. En esta ocasión también esperan buenos resultados.

Camila Witt
cwitt@telegrafo.com.ec
Reportera-Quito