Además deberá pagar por los daños y perjuicios a los perjudicados por haber sido encontrado culpable de malversación de fondos públicos.

A Nicolás Landes se le descontará el año que lleva preso sin sentencia en el ex penal García Moreno, tras su extradición desde Costa Rica, el pasado 17 de diciembre del 2006.

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El juez decimoquinto de lo Penal, Freddy Sanmartín, y el oficial Carlos Carrión, de la Jefatura Provincial Antinarcóticos, constaban en la “lista” del presunto sicario de 15 años que el lunes pasado intentó matar al testigo protegido del caso Caranqui, Carlos Gómez Junco.

Por este “trabajo” el adolescente, que desde el lunes pasado se encuentra recluido en el Centro Virgilio Guerrero de Quito, iba a recibir 25 mil dólares, señaló la Policía. (more…)

En días pasados, la Asamblea tomó la decisión de remover de sus cargos al fiscal general del Estado, Jorge German, y al superintendente de Bancos, Alfredo Vergara. En su lugar, se colocó a Washington Pesántez y a Gloria Sabando, respectivamente.

Estas decisiones, según el constitucionalista Jorge Alvear, son inconstitucionales porque contradicen lo dispuesto en la Carta Política actual. “No se pueden invocar los plenos poderes para imponer acciones de hecho”.

Empero, la Constituyente no topó a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo Electoral ni al Tribunal Constitucional. Los motivos de esta decisión se desconocen, pero según los jueces de la Suprema es porque los asambleístas reconocieron “la independencia de la Función Judicial del resto de los poderes”. Ellos no creen que se trate de un mecanismo para que la asamblea pueda ejercer influencia en la justicia.

El magistrado Hernán Ulloa manifestó que -a su criterio- la Asamblea entiende que los jueces deben obrar con libertad. “Este es un principio que no merece concesión alguna”, puntualizó.

Asimismo, el ministro juez Mauro Terán aseguró que la Corte no cuestiona los plenos poderes de la Asamblea; sin embargo, la administración de justicia tiene que ser llevada con independencia. “Nosotros no debemos a nadie nuestros cargos. Estamos aquí por nuestros méritos. Nosotros juzgaremos sin temor ni favor”.

Con esto concordó Ulloa, quien aseguró que uno de los elementos esenciales de la administración de justicia es la despolitización. “Esto no puede ser cuestionado por ningún organismo por más importancia y poder que tenga”.

Además, manifestó que “se debe impedir la coacción de cualquier sector de la sociedad. Quien no tenga firmeza no puede ser administrador de justicia”, recalcó.

Según Alvear, los magistrados deben permanecer en sus cargos y no temer ser removidos por la Asamblea, porque su existencia está garantizada en la legislación vigente. “La Constituyente no puede interferir en las decisiones de la Función Judicial”. Asimismo, aseguró que la Asamblea solo puede hacer lo que dice en su estatuto de elección.

La Justicia aplica la Lossca

Ayer, la Corte Suprema de Justicia se reunió en sesión extraordinaria para tratar sobre las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Lossca). En una sesión a puerta cerrada, los magistrados decidieron que los sueldos de todos los funcionarios judiciales se unificarán de acuerdo con la normativa.

Hasta noviembre todos los empleados judiciales funcionaban bajo un sistema de remuneración ‘especial’. Cada dos meses recibían una bonificación extra en su salario, que correspondía al doble de su sueldo mensual. Sin embargo, ahora recibirán un solo monto durante todo el año.

El Pleno del Consejo de la Judicatura también se reunió para establecer el mecanismo de aplicación de la resolución de la Corte
Fuente Diario El Comercio.

Al automotor lo dejó estacionado, a las 10:45, frente a la sala de emergencias del hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y bajo el cuidado de un franelero (cuidador informal de carros).

Cuando retornó con la urgencia de comprar una pinta de sangre para su padre hospitalizado, no encontró el automotor. La camioneta había sido robada por un hombre que le dijo al franelero que era familiar de su dueño y que requería salir de urgencia para comprar medicinas.

El ingeniero mecánico montó en cólera. “Cómo van a coger el carro para comprar medicinas si las llaves las tengo yo”.
A través de su celular, reportó la pérdida a las centrales de radio de la Policía y la Comisión de Tránsito del Guayas y después acudió a las oficinas de la Fiscalía Adjunta a la Policía Judicial del Guayas, para poner la denuncia del robo de la camioneta que con tanto esfuerzo había adquirido en 6.000 dólares en 2003.

Desde aquel momento Guamán, quien reside en el cantón Milagro (Guayas), comenzó un peregrinaje por las jefaturas de tránsito del país en busca de su vehículo.

“De lo que recuerdo, anduve por Quito, Ibarra, Quevedo, Babahoyo y Huaquillas. Ya perdí la cuenta sobre lo que he gastado en movilización, pero creo que la cifra llega a los mil dólares”.

Arturo Guamán nunca reconoció la denuncia que recayó en el despacho del fiscal Andrés Piedra, pero cada quince días hablaba telefónicamente con el policía Miguel Carrera, investigador de la Brigada de Automotores de la Policía Judicial del Guayas (PJG), para preguntarle si su camioneta había aparecido en algún lugar.

La mañana del 10 de noviembre de este año, tras siete meses de espera, Guamán recibió la llamada del agente, que le anunciaba la recuperación de su carro en la parroquia Engabao del cantón Playas, junto a once vehículos más.

En el operativo policial fueron capturados Jackson Francisco Tomalá de la A, de 23 años, y Cristóbal Domingo Tomalá Mejillón, de 39.

Contra los dos detenidos, los fiscales Andrés Piedra y Justo Loor Chóez iniciaron instrucciones fiscales por su presunta participación en la comercialización de carros robados, el pasado 10 de noviembre. La abogada Rocío Santos, jueza quinta de lo Penal del Guayas, legalizó sus aprehensiones.

Tomalá fue detenido en el barrio 4 Esquinas de Playas cuando conducía un auto Chevrolet Corsa gris, con placa GPD-349, la cual era falsa.

El sujeto mostró copias de su cédula de identidad y de la supuesta matrícula del carro. Además, tenía en su poder una carta de compra venta simple. Posteriormente se comprobó que la documentación era falsa y que el auto pertenecía a Jorge Villamar Méndez.

El Chevrolet Corsa, cuyas placas originales son GPA-441, había sido sustraído a las 22:00 del 22 de mayo en las inmediaciones del mercado Caraguay, en el sur de Guayaquil.

En su versión rendida a la Policía y que consta en el informe No. 12051-2007, Tomalá revela que el auto Corsa había sido adquirido en 8.000 dólares a Carlos Tomalá Tomalá, quien se hacía pasar como policía. El fiscal Piedra imputó al individuo y solicitó su detención.

La investigación siguió y el martes 27 de noviembre fue aprehendida en Ambato la policía Z.P.G., de 26 años. “Ella tendría vínculos con una banda de robacarros ”.

Mientras tanto, el ingeniero Guamán todas las semanas visita la brigada de Automotores de la PJG para tramitar la devolución de su camioneta, la cual halló sin radio, sin alarma, sin aire acondicionado y sin los aros deportivos que llevaba cuando se la robaron. “El jefe del operativo realizado en Engabao me indicó que no me podrán devolver el carro hasta que las investigaciones del caso concluyan”.
Fuente Diario Expreso.

Ellos son oriundos de Quinindé. Aseguran que llegaron hace un mes a pasar vacaciones en casa de su tía María Florencia Carrión. Ella estaba construyendo una vivienda y se quedaron para trabajar en la edificación.

Pensaban quedarse hasta antes de Navidad. La violencia, los golpes y los maltratos que recibieron de los uniformados les hicieron cambiar de idea.
Ahora tienen miedo y no quieren estar más en Dayuma.

En la espalda de José todavía son visibles los moretones. La voz se le quiebra y los ojos se le llenan de lágrimas cuando recuerda el incidente.

“Eran las 09:00 y nos dijeron que venían los militares”. Por eso trataron de protegerse en la vivienda. Pero los militares ingresaron, arrastraron a varias personas y las embarcaron en camionetas. El llanto de los menores no fue escuchado.
Ese día hubo bombas, disparos y confusión. Los dos hermanos nunca antes habían sentido los efectos del gas lacrimógeno.

Luis todavía tiene un ojo morado y mucho temor. “Me pisaron y me patearon en el estómago”, relata. El haber informado a los uniformados que era menor de edad no le sirvió de mucho. Volvió a escuchar que “solo tienen derecho a la vida”.

Representantes de organismos defensores de los derechos humanos conocieron su caso y ayer denunciaron lo que denominaron “agresión”.

Nieve Solórzano, de la Fundación Nacional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), no ocultó su indignación por lo ocurrido en Orellana.

Rechaza la versión del Gobierno que sostiene que quienes protagonizaron el paro eran “sicarios y personas violentas”. Piensa que pudo haber infiltrados. Solórzano no pudo explicar por qué un uniformado resultó con una pierna destrozada y otro recibió un disparo en un pie. Dice que se agotarán todas las instancias nacionales.
Pide que se levante la emergencia y que cese la “represión”.

Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), denunció que un joven fue agredido a golpes por parte de los militares. (MCV).
Fuente Diario El Universo.

Hubo rumores de una investigación contra Diego Ordóñez, ¿eso es verdad?
Solicité a los medios que entrevistaron al diputado cesado las grabaciones de video para determinar si en sus palabras existió o no una infracción. En el decreto 1 de la Constituyente hay un mandato que invoca a superar el canibalismo político y a vivir en consenso. Tenemos una clase política desinformada y belicosa, que cree que deben sobrevivir los menos dotados intelectualmente.

Los legisladores Jimmy Jairala (antes del PRE) y Carlos González (ID) plantearán demandas para defender sus derechos ciudadanos retirados por la Asamblea cuando puso en receso al Congreso. ¿Es viable esta acción?
Tienen todo el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales, entre estos al Ministerio Público.

¿La resolución de la Asamblea impide reuniones de los diputados puestos en receso?
Hay aprehensiones de ciertas personas que a lo mejor tienen delirio de persecución. He leído el decreto de la Asamblea y no impide que se reúnan.

¿Afectará su gestión haber sido designado por una mayoría gobiernista a la que tendrá que investigar por declarar en receso al Congreso?
Mi designación es legítima por haberse cumplido en una Constituyente electa por más del 70% de los ecuatorianos y porque no tuvo que ver con manejos políticos y, más bien, reconoció el concurso de merecimientos que gané. Entre yo y el ex fiscal (Jorge German) hubo una diferencia de 30 puntos.

¿La Asamblea le reconoció?
Reivindicó un acto injusto que obedeció a un reparto de poder. Fui relegado por haber estudiado con Rafael Correa, porque lo conocí hace 18 años. Soy orgulloso del estudiante y presidente Correa.

¿La amistad con el Presidente puede ser un obstáculo cuando le toque investigar procesos que plantee la oposición contra los asambleístas?
Soy muy celoso con los amigos, pero no tengo compromisos políticos. Nunca tuve afiliación política y eso me da garantía de independencia.

¿Su cargo de Fiscal General es provisional?
Todos los funcionarios estamos encargados hasta que la Asamblea elabore el nuevo marco para seleccionar a los titulares. Inclusive, según el decreto, en algún momento pueden ser revocadas esas funciones por los plenos poderes de la Asamblea.

¿El caso Filanbanco manchó su hoja de vida?
No, y esta será la última vez que explique el tema, porque es un asunto juzgado. Un banquero distinto (no lo identificó) a los señores Isaías, que está llamado a juicio por corrupción bancaria, trata de revivir un hecho que se dio en abril del 2000, cuando solicité a la Policía Judicial el seguimiento de los hermanos Isaías, horas antes del inicio de una excitativa fiscal, que no se dictó.

¿Pidió entonces que se retire la orden de seguimiento?
Le dije a un oficial que ya no se presentaría la excitativa, hasta que llegue la fiscal titular (Mariana Yépez), pero luego se trató de decir que con esta acción yo había beneficiado a los banqueros, pero no fue así.
Fuente Diario El Universo.

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MONTECRISTI, Manabí. La sesión de ayer en Ciudad Alfaro se centró en el debate al reglamento interno de la Asamblea.

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Diciembre 05, 2007

MONTECRISTI, Manabí

La bancada oficial afianzó los plenos poderes en la sesión de ayer. Se ratificó la total supremacía de la Constituyente.

La Asamblea Constituyente aprobó ayer el segundo capítulo de su reglamento de funcionamiento que consolida su poder para tomar decisiones.

El capítulo (de dos artículos) aclaró los actos decisorios de la Asamblea y su supremacía.

“Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación por parte de alguno de los poderes constituidos.

La Asamblea Constituyente respetará, profundizando en su contenido social y progresivo, los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Toda autoridad pública está obligada a su cumplimiento, bajo prevenciones de apremio y destitución”, establece el artículo 3.

Con la aprobación de los artículos dos y tres, la Asamblea afianza sus plenos poderes.

De acuerdo con lo consagrado ayer, los cinco actos en los que puede decidir la Asamblea son la redacción de la nueva Constitución, la cual irá a referéndum; los mandatos constituyentes (el primero se aprobó el pasado jueves); leyes (ante la ausencia del Congreso); resoluciones (para regular el funcionamiento de la asamblea) y acuerdos (políticos, administrativos, cívicos, solidarios, sociales entre otros).

Según León Roldós (RED) la Asamblea no requiere aprobar mandatos constituyentes si ya legisla, norma y emite resoluciones, porque no abona al orden jurídico. “Siempre serán medidas de hecho, de innecesaria omnipotencia si el gobierno tiene la mayoría y hay competencia legislativa”, afirma.

Durante el debate, César Rohón (PSC) enfatizó que con el art. 3, ya todos pueden hacer de todo y no hace falta seguir debatiendo.

El mencionado art. dice: “Ninguna decisión de la Asamblea será susceptible de control o impugnación por parte de alguno de los poderes constituidos. La Asamblea respetará, profundizando en su contenido social y progresivo, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Toda autoridad pública está obligada a su cumplimiento, bajo prevenciones de apremio y destitución”.

Tras el almuerzo, el plenario empezó el debate del tercer capítulo del reglamento interno, que se refiere a la organización de la Asamblea. El apartado consta de once artículos en los que se detallan las funciones de la mesa directiva y las denominadas “Mesas Constituyentes”.

Los asambleístas presentaron modificaciones en la conformación y denominación de las mesas; y a la cantidad de debates que deben preceder a la aprobación de los textos.

Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya) y Mae Montaño (UNO) coincidieron en que los asambleístas pueden ser parte de una de las comisiones, pero deben tener facultad para opinar y presentar propuestas.

El borrador del reglamento señala que solo pueden integrar una de las trece mesas.

Jorge Escala (MPD), y Mónica Chuji y Julio Chactong (PAIS) propusieron cambios en los nombres de las mesas de Legislación, Participación Ciudadana y Justicia.

Rafael Esteves (SP) propuso que haya dos debates previos a la aprobación de reformas. En el documento actual solo está planteada una discusión.

La sesión se clausuró a las 18:55.
Fuente Diario El Universo.