El toque de trompetas marcó la llegada de la urna del ilustre ecuatoriano al Aeropuerto Reales Tamarindos la tarde de ayer, donde cadetes de las tres ramas del Ejército rindieron honores de Estado al general que volvió a su cuna.

La caravana escoltada por los Granaderos de Tarqui, montados a caballo, que recorrió varias calles hasta llegar al parque central Vicente Amador Flor, fue seguida por los ciudadanos que apostados en la vereda gritaban vivas a Alfaro y algunos fotografiaban con sus celulares el paso del cortejo.

Durante la noche y la madrugada de hoy los restos del Alfaro recibieron una vigilia de parte de entidades públicas y municipios manabitas.

Hasta las 09h15 cuando iniciará su traslado vía terrestre a Montecristi.

A las 10h00 se espera que los restos lleguen a la tierra que lo vio nacer. Cuando éstos se acerque a la subida a Ciudad Alfaro pasarán de un vehículo militar a una carroza tirada por caballos.

A las 11h00 dentro de un alto homenaje castrense, las cenizas se depositarán en el museo mausoleo construido en su honor en la sede de la Asamblea Constituyente, que mañana tendrá su sesión inaugural con la presencia de invitados internacionales.

Los restos del Viejo Luchado fueron retirados del Cementerio General de Guayaquil, donde el bisnieto directo, Eloy Alfaro Jarrín, entregó la urna de cristal al comandante de la Fuerza Aérea, Augusto Barreiro.

Los Granaderos de Tarqui, cadetes de las escuelas militares de la Armada, FAE y Ejército se apostaron por toda la calle Julián Coronel, paso a desnivel, avenida de Las Américas e ingreso de la ciudadela militar.

Un avión Avro 735 trasladó los restos a Manabí. También en Guayaquil hubo una ceremonia militar.
Fuente Diario La Hora.

Los procesos para conseguir información se dificultan más en casos como el del conscripto Diego Ortiz, quien, según sus familiares, fue golpeado por negarse a lavar la moto de su superior, lo que lo mantiene postrado en una cama del piso 6 del Hospital Militar.

Cuando HOY intentó hablar con voceros del sitio, se negaron. Y cuando quiso dialogar con un familiar del agredido (según las normas), las enfermeras trataron a la reportera como a subalterna e, incluso, dieron aviso para que varios militares llegaran a casi detenerla y sacarla del lugar.

El argumento fue: “Están prohibidas entrevistas”.

Vía telefónica se logró contactar a la madre del joven, quien, al salir del hospital, dijo que tras la presencia de la prensa, hasta a ella le siguen militares a donde va.

Ante la insistencia por información oficial, el Departamento de Comunicación de la Fuerza Terrestre envió un escueto boletín diciendo que ha dispuesto que se “realicen investigaciones”.

Asimismo, ante la insistencia de HOY, Edmundo Navarrete, jefe médico del Hospital Militar, se limitó a decir que Diego ingresó por emergencia el 16 de noviembre con síntomas de neumonía y posible tuberculosis.

Empero, allegados a Diego dijeron que tiene un hematoma y una fractura en la pelvis e infección en el pulmón, a causa de la supuesta golpiza propinada por un soldado de apellido Castillo, por lo que ayer debía ser operado nuevamente.

Danila Lara, madre de Diego, no se explica por qué no le avisaron que él estaba hospitalizado desde hace 15 días. Pide que se investigue el caso. “No puede ser que el soldado Castillo se presente a decir que con lo único que golpeó a mi hijo fue con una rama y que, en todo caso, lo disculpen”. (CAL)

Se pide erradicar maltratos y abusos

Según Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, es necesario cambiar la óptica del entrenamiento militar y los abusos, porque es deshumanizante.

Afirmó que con el argumento de que a los jóvenes conscriptos hay que hacerlos hombres, sus superiores les causan graves lesiones. Cree que se debería revisar las prácticas de entrenamiento para que no afecten la integridad de los chicos y, además, exigir que, “cuando hayan estos delitos, los responsables sean sancionados”. (CAL)
Fuente Diario Hoy.

La Asamblea ratificó al presidente Rafael Correa, declaró en receso al Congreso y removió al fiscal general, Jorge German, y al superintendente de Bancos, Alfredo Vergara. Sus sustitutos son Washington Pesántez y Gloria Sabando, respectivamente.
En cambio, ratificó a los titulares de los organismos seccionales.

Según el asambleísta Virgilio Hernández, después de esta resolución la Asamblea podrá concentrarse básicamente en la tarea de redactar una nueva Carta Política.

Un extenso y acalorado debate antecedió a esa resolución, que fue mocionada por César Rodríguez (Acuerdo País), de que la Asamblea se pronuncie sobre sus facultades.

Con ese antecedente, la Secretaría de la Asamblea leyó las cartas de las autoridades que pusieron sus cargos a disposición de ese organismo.

Entre ellas el presidente Correa. Los asambleístas también conocieron las cartas de los vocales de los tribunales Constitucional y TSE, así como del Contralor y del Procurador.

Durante las intervenciones, las bancadas de minoría rechazaron el texto del mandato constituyente. Los asambleístas del Prian, PSC, PSP y de UNO coincidieron en que el estatuto aprobado en la consulta no permite a la Asamblea cerrar el Congreso y remover a otros funcionarios antes del referéndum. Leonardo Viteri (PSC) acusó a la mayoría gobiernista de intentar desinstitucionalizar al país y declarar “Súperpresidente” a Correa.

Hernández sustentó el texto del mandato constituyente. Argumentó que la Constituyente está por encima de los poderes constituidos y que tiene plena facultad para asumir los plenos poderes. Por la mañana y tarde, el Pleno había integrado la Comisión Directiva de la Asamblea.

Sus tres cargos más importantes quedaron en manos de la bancada de la lista 35. Con ello, el bloque del Gobierno tendrá la última palabra para definir la agenda del Pleno.

Alberto Acosta fue elegido presidente de la Asamblea, con una abrumador respaldo. Todas las organizaciones políticas –con excepción del Prian que se abstuvo- apoyaron su candidatura, con 121 votos.

Después del juramento de rigor, Acosta dejó en claro que Acuerdo País llevará la batuta en Montecristi. “Los miembros de la minoría deben entender el nuevo momento histórico que vive el Ecuador. Deben asimilar que su propuesta no fue aceptada por la gran mayoría”.

La Primera Vicepresidencia fue para Fernando Cordero y la Segunda vicepresidencia para Aminta Buenaño. Las dos vocalías que complementan la Comisión Directiva fueron a manos de partidos minoritarios de la tendencia. La primera fue para Jorge Escala (MPD) y la segunda para Martha Roldós (RED).

El último nombramiento fue el de Francisco Vergara, quien será el Secretario de la Constituyente.

La asamblea asume los plenos poderes pero no toca a la corte, TSE y TC

Plenos poderes

La Asamblea Constituyente, por mandato popular del 15 de abril, asume y ejerce el poder constituyente con plenos poderes.
Ejerce sus facultades mediante la expedición de mandatos constituyentes, leyes, acuerdos, resoluciones y las demás decisiones que adopte en uso de sus atribuciones.

Sus decisiones son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos, sin excepción alguna. Ninguna de sus decisiones será susceptible de control o impugnación por parte de alguno de los poderes constituidos. Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a esas decisiones serán destituidos y sometidos al enjuiciamiento correspondiente.

Inmunidad

Los y las asambleístas gozarán de fuero de Corte Suprema de Justicia mientras duren en sus funciones. Los miembros de la Asamblea Constituyente no podrán ser enjuiciados por los votos que emitieren ni por las opiniones vertidas y decisiones adoptadas dentro y fuera de la asamblea.

La Asamblea Constituyente ratifica y garantiza la existencia del Estado de Derecho.

También está en capacidad de destituir a los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos que por acción u omisión incumplan las decisiones adoptadas por el Plenario de la Asamblea Constituyente.

Quienes desobedezcan las acciones de la Asamblea también podrán ser encausados penal, civil y administrativamente.

El receso

La Asamblea ratifica a Rafael Correa como presidente y a Lenin Moreno como vicepresidente. Asume las atribuciones y deberes de la Función Legislativa. En consecuencia, declara en receso a los diputados principales y suplentes elegidos el 15 de octubre del 2006.

Este receso se inicia el 29 de noviembre hasta cuando se realice la proclamación oficial de los resultados del referéndum aprobatorio.

Durante este receso los diputados no gozarán de inmunidad, fuero especial ni sueldos. Tampoco podrán autoconvocarse y ni reclamar indemnización alguna. El receso no puede ser susceptible de interrupción o impugnación alguna. Se declaran terminados los contratos de servicios del personal del Congreso. Se garantiza la estabilidad del personal amparado por la carrera legislativa.

Otros cargos

La Asamblea Constituyente declara concluidos los períodos de Contralor, Procurador, Fiscal General, Defensor del Pueblo y superintendentes de Bancos, Seguros y Telecomunicaciones, y de Compañías.

Provisionalmente se designa a Carlos Pólit, contralor general; a Xavier Garaicoa, procurador general del Estado; a Washington Pesántez, ministro fiscal; a Claudio Mueckay, defensor del Pueblo; a Paúl Rojas, superintendente de Telecomunicaciones; a Francisco Arellano, superintendente de Compañías, y a Gloria Sabando, superintendente de Bancos. Los magistrados de la Corte Suprema, los vocales del Consejo de la Judicatura y, del TSE y del TC continuarán en el ejercicio de sus funciones mientras la Asamblea no disponga lo contrario
Fuente Diario El Comercio.

El presidente Rafael Correa puso ayer en manos de la Marina toda la administración de Petroecuador y sus filiales.

A través de un decreto firmado antes del mediodía, Correa dictó el estado de emergencia para la petrolera estatal y dispuso al Ministerio de Defensa que autorice la participación de personal de la Armada en la gestión de esa empresa, sus filiales permanentes e incluso en la Unidad de Administración Temporal del bloque 15 –antes operado por la estadounidense Occidental (Oxy)–.

La suscripción de dicho decreto (número 766) se dio durante una reunión que el Mandatario mantuvo con los integrantes del Directorio Político de Petroecuador. Allí se anunció además la remoción del presidente de la petrolera, Carlos Pareja Yannuzzelli.

La reunión fue rápida. De hecho, fue convocada únicamente para oficializar el nombramiento del contraalmirante en servicio activo Fernando Zurita Fabre como nuevo presidente de Petroecuador.

En la cita se ordenaron también medidas emergentes para superar la crisis de los campos Auca Sur, Auca Central y Cononaco, cuya producción está paralizada por las protestas de ciertas comunidades de la provincia de Orellana que reclaman obras e infraestructura.

Precisamente, el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, explicó que la declaratoria de emergencia obedece a la progresiva disminución de eficiencia en la exploración, producción, industrialización y transporte de petróleo.

Por tanto, lo que espera el Gobierno es que a través de la intervención de la Fuerza Naval ese proceso de deterioro se detenga y se ponga orden en la administración de la petrolera estatal. De ahí que el decreto manda la movilización económica y militar de la Armada; es decir, si es necesario, se recurrirá a la militarización de las instalaciones petroleras.

Por lo pronto, la misión prioritaria que Correa dio a Zurita es que “enjuicie por sabotaje a todas las personas que la Presidencia de la República considera antipatriotas y causantes de los daños producidos en los pozos de la Amazonía”. Así lo indicó la secretaria de Comunicación, Julia Ortega, quien no descartó que el Gobierno decrete en las próximas horas la emergencia en Orellana.

El propio Jefe de Estado aseguró que no permitirá más caos y que, en este caso, se aplicará todo el rigor de la ley. “No podemos permitir que 30 o 40 personas atenten contra la riqueza y el sustento de todos los ecuatorianos”, enfatizó Correa, quien pidió a los funcionarios que apoyen el nombramiento de Zurita y a los trabajadores de Petroecuador que respalden las políticas del Ejecutivo.

Como primera medida para enfrentar la crisis en Orellana, el Gobierno envió a esa provincia una comisión encabezada por el ministro coordinador, Fernando Bustamante.

PRODUCCIÓN: Problemas en Orellana

Barriles
La producción de Petroecuador registró ayer un ligero incremento pese a las protestas: subió de 139.375 barriles a 142.242. Antes del paro, era de 175.000 barriles diarios en promedio.

Manifestantes
Los manifestantes de Orellana son de las parroquias de Dayuma, El Dorado, Taracoa e Inés Arango; cerraron vías e impidieron el paso de los técnicos para exigir el asfaltado de vías secundarias.

Asesoría
El ex presidente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, asesorará al mandatario Rafael Correa, según anunció la secretaria de Comunicación, Julia Ortega.
Fuente Diario El Universo.

Pese a que el miércoles anterior el Congreso entró en receso, ayer, Cevallos acudió a su oficina (10:00) para tramitar temas administrativos y acompañar a sus compañeros a observar la Asamblea. La expectativa giraba en torno a las condiciones en que se los disolvería.

Cevallos se instaló en una sesión informal con algunos vocales del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL). Entre ellos: Jimmy Jairala (ex PRE), Carlos González (ID), Edwin Vaca (UDC) e Iván Ortiz (bloque de la Dignidad); así también, estuvieron los diputados: Romel Chávez (Digno), Francisco Pérez (Ind.) y Claudia Jijón (ex digna). Ellos permanecieron atentos a la señal de televisión.

Hasta ahora, dijo Cevallos, solo hay rumores de disolución; pero si la Asamblea concreta el anuncio, “saldremos al país y al mundo a contar lo que ha pasado y luego retiraré mis pertenencias del Congreso”.

Si esto ocurre, agregó, la Constituyente deberá encargarse de las funciones administrativas de Congreso. Además, negó la entrega de un bono navideño a los diputados o el otorgamiento de nombramientos.

Ayer, en las oficinas del Congreso circuló un proyecto de resolución, en el que la Asamblea declaraba un receso indefinido, sin sueldo y sin indemnización para los diputados, hasta que se realice el referéndum ratificatorio, en el que se incluirá una pregunta al pueblo para que declare terminado el periodo legislativo 2007-2011.

Al igual que en la oficina de Cevallos, los servidores legislativos seguían por televisión la sesión de la Asamblea y no se concretó la desocupación de las oficinas. Llamó la atención la ausencia del primer vicepresidente del Congreso, Miguel Castro (Digno), quien ordenó a sus colaboradores retirar sus pertenencias y documentos, para luego ofrecerles una cebichada de despedida.

Otras oficinas como la de Salvador Quishpe, Gustavo Terán, Raúl Ilaquiche, Tania Mazón, Silvia Salgado (del bloque de izquierda), lucieron vacías pues las pertenencias fueron retiradas en días anteriores.

Hasta las 19:00 de ayer no trataron la cesión de los congresistas. A esa hora continuaban con los debates previa aprobación del mandato constituyente.
Fuente Diario El Universo.

En el texto, de tres páginas, ambos mandatarios señalan que confían en que el “resto del sistema político, heredado del antiguo régimen, que hoy día termina, siga el ejemplo que estamos realizando, en nuestras calidades de primera y segunda autoridad del Estado, para que con toda libertad se concrete el proyecto de transformación que espera el pueblo”.

Con ello cumplieron con el compromiso adquirido durante el proceso electoral.

Correa y Moreno recuerdan que la Asamblea que se instaló ayer está provista de “poderes totales”, y que consideran muy diferente a la Asamblea de 1998, que fue convocada, organizada y dirigida “por la propia partidocracia corrupta”.

La misiva, en papel membretado de la Presidencia de la República, llegó a la secretaría de la Comisión de Instalación antes de la elección de Alberto Acosta como presidente de la Constituyente.

Fue la primera en leerse ante el pleno de la Constituyente al finalizar la tarde, después que se eligió a toda la directiva de la Asamblea.

Ante esa instancia también llegaron oficios de otros nueve funcionarios, donde ponían a disposición de los asambleístas sus cargos.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Patricio Pazmiño, encabezó la lista de ese organismo. Además de los miembros Roberto Bhrunis, Patricio Herrera, Nina Pacari y Ruth Seni Pinoargote.

También enviaron sus cartas con igual propósito el titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta (quien hizo pública su intención el martes pasado), y el vicepresidente de ese ente, Hernán Rivadeneira.

El contralor general del Estado, Carlos Pólit, y el procurador, Xavier Garaicoa, hicieron lo mismo.

La undécima renuncia que llegó a Montecristi fue la de la alcaldesa de Portoviejo, Patricia Briones, quien puso a disposición su cargo de elección popular. Ella fue militante del Partido Social Cristiano.

Pese a que se había anunciado que el gabinete ministerial iba a poner sus cargos a disposición de la Asamblea el día de su instalación, ninguno de los ministro envió una comunicación. Sin embargo, la Presidencia de la República informó ayer que el presidente Rafael Correa y sus ministros acudirán hoy para personalmente cumplir con el ofrecimiento realizado a la ciudadanía.
Fuente Diario El Universo.

En el lugar de Larrea estará temporalmente el ministro de Seguridad Interna y Externa, Fernando Bustamante, indicó la fuente, quien reveló, además, que Correa declaró en emergencia a la provincia amazónica de Orellana por las protestas.

El domingo pasado pobladores de la región de Dayuma, en la provincia amazónica de Orellana, iniciaron una protesta que desembocó en la paralización de tres campos petroleros y generó el descenso de la producción de petróleo.

Según la Presidencia, el cese de actividades causó una pérdida de aproximadamente tres millones de dólares diarios, ya que se dejaron de producir 36.000 barriles de petróleo al día.

Los pobladores de la región de Dayuma demandan obras de infraestructura a la empresa estatal Petroecuador, también declarada hoy en estado de emergencia por el Gobierno ecuatoriano.

Una fuente oficial informó que Correa designó al contraalmirante Fernando Zurita como nuevo presidente ejecutivo de la petrolera, en sustitución de Carlos Pareja, ante la necesidad urgente de reestructuración y para controlar la situación en Orellana.

La primera misión de Zurita será enjuiciar “por sabotaje a todos los antipatrias que han causado este daño”, señala un decreto presidencial.

En el decreto se ordena, además, la conformación de una Comisión encabezada por Bustamante, para que informe e investigue sobre quiénes son los responsables que detuvieron la producción y se tomen todos los correctivos.

Correa ratificó que no se permitirá este tipo de desmanes y que “se aplicará todo el rigor de la ley”.
Fuente Diario El Universo.

Esa posición contrasta con la decisión del contralor Carlos Pólit, y del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, quienes se anticiparon a renunciar antes que la Asamblea entre en funciones.

En esa línea, el procurador del Estado, Javier Garaicoa, espera que la Constituyente se instale para también presentar su dimisión; mientras que el fiscal Jorge German, aún no toma una decisión.

En el Tribunal Constitucional la mayoría guarda silencio. Ayer solo el vocal vinculado al roldosismo, Manuel Viteri Olvera, remitió una carta al virtual presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, en la cual pone su cargo a disposición “por respeto a los plenos poderes que ostenta la Constituyente”.

Los superintendentes de Telecomunicaciones, Paúl Rojas y el de Compañías, Francisco Arellano, analizan también la posibilidad de presentar su dimisión. En cambio el de Bancos, Alfredo Vergara, anunció que no se separará del cargo, porque no hay razón para hacerlo.

En el Parlamento
En el Congreso, el bloque de izquierda conformado por Pachakutik, MPD y Partido Socialista pondrá sus cargos a disposición de la Asamblea, aunque solo lo harán ocho de los diez legisladores.

En esa línea están Carlos Sucuzhañay, Salvador Quishpe, Raúl Ilaquiche y Patricio Miranda, de Pachakutik; Tania Massón, Gustavo Terán y Augusto Caicedo, del MPD, y Silvia Salgado (PSE).

Los dos diputados de Pachakutik que se resisten a dejar el cargo son Ramssés Torres y Diana Atamait, pese a que es un mandato del movimiento tomado en septiembre pasado. El jefe de bloque, Carlos Sucuzhañay, no descartó que se revise su conducta.

El presidente del Congreso, Jorge Cevallos (antes Prian), insistió en que la Asamblea no tiene el poder para destituir a los diputados, y calificó de inaceptable que el presidente del TSE, Jorge Acosta, haya dimitido ante la Asamblea y no ante el Congreso.

Cambios en gabinete
Mientras tanto, el Gobierno anunciaría en las próximas horas cambios en su gabinete.

Fuentes extraoficiales de la Presidencia indicaron que es probable la salida del ministro de Transportes y Obras Públicas, Héctor Villagrán.

La secretaria de Comunicación de Carondelet, Julia Ortega, descartó la dimisión de la titular de Inclusión Económica y Social, Jeannette Sánchez.

Ortega agregó que los anuncios se realizarán en el enlace radial del fin de semana.
Fuente Diario El Universo.

“Hemos resuelto poner en consideración las diputaciones que nos ganamos en elección popular. Con esta decisión estamos poniendo en consideración de la Asamblea Constituyente, que es el pueblo, para que ella resuelva el mejor camino por donde tiene que encaminarse la nueva historia del país”, dijo Terán en rueda de prensa.

El diputado de MPD dijo que la Asamblea Constituyente tiene que ser de plenos poderes y aclaró que ésta tiene la capacidad de disolver a las funciones del Estado que tienen relación con el voto popular.

La consideración de los cargos de los nueve diputados, cuatro del MPD, cuatro por Pachacutik y un Socialista, contrasta con la decisión de la mayoría de los diputados, que se mantiene en sus cargos al considerar que la Asamblea no tiene la facultad de cesarlos.

Hoy esa mayoría de diputados, de oposición al Gobierno, decidió acogerse desde mañana a un receso legislativo de un mes.

La decisión del Congreso se da en medio de advertencias por parte de Alberto Acosta, posible futuro presidente de la Asamblea Constituyente, quien ha asegurado que la Cámara tiene que ser cesada y en su lugar debe crearse una Comisión Legislativa.

Lo propio sostiene el jefe de Estado, Rafael Correa, quien el próximo viernes pondrá su cargo a disposición de la Asamblea.

El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, ha indicado en reiteradas oportunidades que disolver el Parlamento sería inconstitucional e ilegal.

En un mensaje a la nación, Cevallos defendió ayer la vigencia del Parlamento, rechazó las opiniones que demandan su cese y dijo que teme que la Asamblea Constituyente, que se instalará el próximo jueves, se convierta en un “pulpo de 130 tentáculos”.

Jorge Cevallos aseguró que si los 130 asambleístas resuelven suspender las funciones del Parlamento, “constituirá una ruptura del ordenamiento jurídico vigente”.

Cevallos dijo que pese a los “plenos poderes” de los que está revestida la Asamblea Constituyente, sus funciones representan sólo una especie de “legislatura especial”, a la que se le ha encargado redactar una nueva Carta Magna y reformar el orden jurídico del Estado.

“Cualquier exceso de la Asamblea Constituyente o de sus integrantes constituirá ruptura del ordenamiento vigente y será sujeto de sanción” en el futuro por los órganos de control del país o de organismos internacionales que velan por la democracia, apuntó Cevallos.

El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas de Ecuador y en reiteradas ocasiones se ha enfrentado con marchas populares que pedían su disolución.

A la disposición de los cargos de los nueves diputados se han sumado la del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, y la del contralor (juez del Estado), Carlos Pólit. E
Fuente Diario Extra.

El lunes pasado, los magistrados de la Suprema se reunieron en sesión extraordinaria para tratar este tema. El 16 de noviembre, el Congreso emitió una ley interpretativa sobre la detención en firme, con lo cual se evitó que miles de presos sean liberados.

En la norma se estipuló que cada vez que una audiencia falle por ausencia de cualquiera de las partes, el tiempo procesal no continúa.

Por ello, se solicitó a la Suprema y a la Fiscalía que emitan una regulación para evitar que los jueces y fiscales falten a las diligencias judiciales.

Por ello, el Pleno de la Corte determinó que cada vez que un funcionario judicial falte a las audiencias, el secretario del juzgado o del tribunal o de la sala deberá notificar al Consejo Nacional de la Judicatura. Si un juez falta dos veces a la diligencia será sancionado, incluso con la destitución de darse el caso.

Según el magistrado Hernán Ulloa, esta resolución “es valiosa porque permitirá que las audiencias no se pospongan por una falta de los funcionarios”.

Asimismo, si las audiencias no se realizan por ausencia del fiscal o de los policías, se notificarán a las instituciones correspondientes para que tomen las medidas correspondientes.

También se aprobó que máximo se podrán señalar tres audiencias. Si a la tercera no acude alguna autoridad, la cita se realizará de igual forma. Con esto se evitará que los presos utilicen este recurso para que se cumpla su tiempo procesal y salgan libres, por no tener sentencia.
Fuente Diario El Comercio.