Según una fuente del TSE, Acosta envió una carta al futuro presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, en la que indica que pone su cargo como titular del organismo electoral a disposición de la Asamblea.

La fuente dijo que aún se desconoce si los seis vocales que forman el TSE presentarían las dimisiones de sus cargos.

Acosta es el segundo funcionario que pone de forma oficial su cargo a disposición, luego de que ayer lo hiciera el contralor (juez del Estado), Carlos Pólit.

Las dimisiones de los dos funcionarios públicos contrastan con la posición de una mayoría del Congreso que ha dicho que no permitirá que la Asamblea Constituyente los cese de sus funciones.

Acosta, virtual presidente de la Asamblea, ha exhortado a los funcionarios públicos a que pongan sus cargos a disposición.

Asimismo, ha pedido a los legisladores del Congreso que dimitan de sus cargos, pues no pueden coexistir con una Asamblea Constituyente de plenos poderes.

Fuente Diario El Universo.

Chumpi se sintió responsable por la contratación de dos, de los tres, implicados en el acto de corrupción; sin embargo aseguró que no se siente culpable; porque fueron actos cometidos por personas que no valoraron sus cargos y se aprovecharon de la confianza y el poder.

El funcionario agregó que se pueden investigar, su única cuenta, y movimientos bancarios de la institución para descartar todo tipo de acto de corrupción. Chumpi concluyó que los programas y proyectos están a disposición de todos los ciudadanos y la Contraloría General del Estado lleva adelante el proceso de auditoria.

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Uno de los primeros informes fue realizado por Washington Nieto, asesor jurídico del CNJ, quien revisó el trabajo de su presidente, Aníbal Torres, y los jueces Francisca Valero, Eduardo Cañarte y Mercedes Jiménez de Yerovi. También analizó la gestión del ex presidente Webster Cevallos, quien estuvo en funciones hasta junio pasado.

Nieto encontró que de las 149 audiencias de juzgamiento que fueron convocadas en enero y marzo de este año, solo se realizaron tres. Según el reporte, en los otros meses, hasta el 24 de octubre pasado, no habían realizado ninguna de esas diligencias.

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La fecha fue definida en la mañana de ayer, durante una reunión realizada en la presidencia de la CSJG, entre jueces y fiscales, especialmente de la Unidad de Delitos Flagrantes.

En la cita se analizó la resolución de la Corte Suprema respecto al procedimiento que deberán adoptar los judiciales una vez que tengan conocimiento de la situación jurídica de las personas privadas de su libertad. El mismo juez deberá asumir la competencia definitiva de la causa.

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En el texto, Nebot señaló que la pretensión de solo someter a referéndum la nueva Constitución y no la reforma del marco institucional, no solo es ilegítima, ilegal e inconstitucional, sino que carece de valor alguno, es decir, no tendrá vigencia alguna y por lo tanto, “no deberá ser acatada por nadie”.

Incluso, agregó que los funcionarios públicos estarán obligados a desconocer tal pretensión por ser violatoria de la Constitución vigente en su artículo 272.

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La semana pasada quedaron al descubierto tres funcionarios que cobraban coimas de hasta el 30% por otorgar contratos en la Amazonía. Se trata de César Mancheno y Carlos de los Reyes, quienes fueron detenidos en delito flagrante. José Gavela, técnico de evaluación, es investigado por la Fiscalía.

Marcelino Chumpi, secretario de Ecorae, reconoció que los involucrados eran sus colaboradores de confianza. Pero dijo desconocer las actividades en que estaban involucrados.

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La renuncia causó sorpresa porque la semana pasada Pólit envió invitaciones para la sesión solemne de esa institución por su aniversario 80º, que se realizará el 3 de diciembre en la Capilla del Hombre.

Su dimisión coincide con el anuncio del virtual presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, de que uno de los primeros temas que abordará la Constituyente será recibir el cargo del Presidente de la República. “Pero inmediatamente será ratificado”, adelantó.

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La atención al público en las oficinas de la Subjefatura de Tránsito de la provincia de Los Ríos está suspendida.

Esto se produce después de que los policías que trabajaban en ese establecimiento fueron detenidos para investigar las supuestas irregularidades que habrían cometido en el cobro de los valores de la matriculación vehicular.

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