Correa manifestó que la medida del Congreso detendría la reconstrucción de cerca de mil 400 escuelas, la distribución de libros gratuitos, el incremento del desayuno escolar, la construcción de hospitales en Macas, la ampliación del hospital de San Lorenzo, el equipamiento de los 35 hospitales públicos y la contratación de cuatro mil profesionales de la salud.

“Atenta contra la reconstrucción vial, como el puente de San Vicente, el puente Esmeraldas-Tachina, la vía Zamora – Loja – Cuenca, y tantas otras vías que se están trabajando con dineros de esa emergencia, todo por sus cálculos políticos, por su amargura y por su odio”, aseguró el Presidente.
Afirmó además que la decisión del Congreso paralizaría también la modernización de la Policía Nacional y del Registro Civil.

“En lugar de retirarse a la casa tratan de boicotear un proyecto del pueblo, sepultándose en vergüenza e indignidad, porque están integrados por ex asesores de Jamil Mahuad y por quienes el país no recordará como dignos, sino como indignos”, aseveró el Presidente.

El Congreso derogó la noche del miércoles doce decretos de emergencia por considerarlos inconstitucionales. En la Constitución vigente se establece que el presidente de la República puede decretar la emergencia “en casos de inminente agresión externa, guerras internacionales, grave conmoción interna o catástrofes naturales”. Y según los diputados, nada de eso ocurre en Ecuador.

Piden volver a decretarla
Mientras tanto, el Ministerio de Minas y Petróleos confía en que el presidente Rafael Correa declare nuevamente en emergencia al sector hidrocarburífero, una vez que el Congreso derogó la que estaba vigente.

José Serrano, ministro encargado de esa secretaría de Estado, afirmó que gracias a la emergencia el sector petrolero tiene aprobadas asignaciones por unos 700 millones de dólares.

Entre los proyectos aprobados y a ejecutarse constan la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, la compra de tubería, la adquisición de motores y plantas de generación, y otros.

Consideró que la derogatoria de las emergencias se dio por un tema “absolutamente particular y de protagonismo de personajes que no representan ni a sus propias ideas”.

Serrano aclaró que la derogatoria no afectará la ejecución de los proyectos, puesto que ya al tener asignaciones aprobadas no tienen razón de suspenderse.

La derogatoria de tal emergencia, según Serrano, sí incidirá en el control del robo y contrabando de crudo y combustibles.

“La emergencia permitía actuar con mayor rapidez”, dijo al señalar que ahora deben buscar un camino jurídico que les permita trabajar en el control del robo y contrabando con el fondo de cinco millones que poseen.

Consideró que el sector hidrocarburífero vive en emergencia permanente, que requiere un financiamiento para afinar el trabajo que hacen las diferentes entidades involucradas en la actividad.

“El Congreso demostró su insensibilidad y generó una especie de vendetta, que no es contra el Gobierno sino contra la ciudadanía”, dijo Serrano.

En el caso de la emergencia del sector eléctrico, fuentes del sector advirtieron que la derogatoria podría afectar al suministro normal de combustibles para la operación normal de las centrales térmicas durante esta época de estiaje.

Esto porque la emergencia garantiza la transferencia de recursos desde el Fondo de Ahorro y Contingencia para que el sector eléctrico sea proveído normalmente de combustible.

Irresponsabilidad
En Educación, el ministro encargado de este portafolio Guido Rivadeneira, calificó también de ‘irresponsable’ a la decisión del Congreso sobre la derogatoria al decreto de emergencia educativa.

Sin embargo, Rivadeneira dijo que los 70,8 millones de dólares, que se transfirieron a través de la emergencia, ya están ejecutados y que ninguna acción emprendida con esos recursos se vería afectada.

Débil defensa

La aprobación de una resolución “ambigua” que no fija una fecha para el receso legislativo y tampoco agrega nada extraordinario a lo que manda la Constitución, reflejó ayer la debilidad del Congreso en la defensa institucional, frente a la instalación de la Asamblea Constituyente y a las amenazas de disolución.

Vicente Taiano (Prian), proponía en su texto original que el Congreso inicie el receso, conocido como “vacancia legislativa”, el 17 de diciembre, “para que la Asamblea se quite la máscara, asuma la responsabilidad de la disolución y quede en evidencia del inicio de una dictadura”.

El diputado prianista incluso planteó iniciar una demanda penal contra quienes hablaban de la disolución del Congreso, basándose en el artículo 130 del Código Penal que contempla reclusión mayor de cuatro a ocho años.

Sin embargo, la ex mayoría afín al Gobierno reapareció y bloqueó esta intención con las intervenciones de Ramsses Torres (Pachakutik), Carlos González (ID) y Jimmy Jairala (Ind.), quienes coincidieron en que, por estrategia, el Congreso no debía revelar la fecha a los asambleístas que como “hienas” esperaban saberlo.

Transcurridas tres horas y media de la sesión y tras varias reuniones en el Pleno, González junto a ocho legisladores más elaboraron un texto de consenso, dejando de lado el espíritu de la propuesta de Taiano.

Con 55 votos a favor de 61 diputados presentes, el Pleno aprobó que: “El Congreso continuará trabajando ininterrumpidamente, inclusive dentro el receso legislativo, en el cual será obligatorio el trabajo de las comisiones legislativas permanentes (…). Demanda a los poderes constituidos el respeto a la Constitución, el Estado de Derecho, las leyes y el orden democrático”.

Al final, Taiano calificó de “ambigua” a la resolución porque deja la puerta abierta para que las autoridades decidan que el Congreso deja de seguir trabajando y denunció que “existen intereses creados que siguen respaldando la posición del Gobierno”.

FRASES

“La decisión busca el protagonismo de personajes que no representan ni a sus propias ideas”. José Serrano, ministro de Minas y Petróleo encargado.

“Los jefes de bloque decidirán en los próximos días si van a un receso o si el Parlamento sigue en vigencia como tal”. Jorge Cevallos, presidente del Congreso.

“El gobierno usa las emergencia para gastar plata de manera clientelar y populista obviando controles”. Diego Ordóñez, diputado de UDC.

Emergencias
Derogadas

Vial
Agrícola
Hidrocarburos
Eléctrico
Educación
Sistema penitenciario
Salud
Policía
Registro Civil.

PUNTO DE VISTA
Es un golpe

Gustavo Larrea. Ministro de Gobierno.

Creemos que es un golpe a las acciones que el gobierno viene ejecutando. Las clases populares son las más damnificadas por la falta de sensibilidad de los diputados.
Vamos a estudiar la parte legal. En principio pensamos que ellos tienen jurídicamente posibilidad de hacerlo, pero el Ejecutivo puede volver a decretar emergencias en esos sectores.

¿CÓMO SE HA USADO EL DINERO PETROLERO?

Con respecto a los fondos petroleros, en los primeros seis meses del 2007, el FAC fue utilizado para atender las siguientes emergencias:

- Educativa, a través del Dinse
- Salud, a través del Ministerio de Salud
- Vial, a través del MOP
- Agrícola, a través del MAG
- Volcán Tungurahua, a través de la Dirección Nacional de Defensa Civil, Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y Ministerio de Agricultura y Ganadería.

De su parte, la Cereps financió:

-Líneas de crédito productivo a través del BFN y CFN
-Infraestructura productiva a través del MOP
-Proyectos de inversión en educación como: programa de compensación a educadores nocturnos, textos escolares, universalización de la educación básica, entre otros
-Proyectos de investigación a través de la Senacyt
-Proyectos de sanidad
-Proyectos de salud a través de Municipios y el Miduvi
-Mantenimiento vial
Fuente Diario La Hora.

El funcionario afronta un pedido de prisión y otro de destitución por haber cometido presuntas anomalías en la tramitación de un proceso. Fue acusado de prevaricato e intimidación.

Según Rolando Cornejo, ex concejal del cantón El Empalme, los delitos habrían sido cometidos en la instrucción 08-2007 que investigaba al vicealcalde socialcristiano Carlos Luis Merizalde Cantos, por perjurio, enriquecimiento ilícito y peculado.

Cornejo aseguró que con todas las pruebas que se presentaron, que daban cuenta de que Merizalde tenía un equipo caminero suyo trabajando en el Municipio de esa localidad, Díaz lo sobreseyó. Estos hechos se suscitaron en septiembre pasado.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil hizo eso pese a que tenía un dictamen acusatorio. “Nunca revisó el proceso. En el mismo juicio ya había dos sobreseimientos definitivos y a un acusado nunca se lo tomó en cuenta. Hubo negligencia”, reclamó el denunciante.

Además, Cornejo afirmó que Díaz le devolvió uno de sus últimos escritos en el que le hacía conocer que los acusados habían manifestado públicamente que habían ‘tranzado’ para obtener ese fallo. El jurista agregó que Díaz lo sancionó con una multa y le previno con aplicarle la última parte del artículo 202 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, que señala la suspensión del ejercicio profesional por presentar escritos injuriosos.

El demandante solicitó que se reciba la versión de Juan Bermúdez Castro, asesor jurídico de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia Guayaquil. También anunció que posteriormente entregará dos videos a la Fiscalía. El contenido de las cintas revelaría el cometimiento del delito que está en investigación.

La Fiscalía y la Comisión de Quejas del Consejo Nacional de la Judicatura se pronunciarían en los próximos días sobre las investigaciones que se realizan a Díaz. Este Diario buscó la versión del juez que está a cargo, pero no se encontraba en su oficina.
Fuente Diario El Comercio.

Miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) aseguraron que los judiciales presentaban un alto índice de estrés (presión baja, dolor de cabeza, mareo, entre otros síntomas), producto de la presión laboral que sufren a diario.

La primera en solicitar descanso médico fue la jueza Francisca Valero, quien luego de retirarse de sus labores el pasado 8 de noviembre por un problema digestivo y de estrés volvió a pedir permiso el lunes. Esto, tras detectársele una patología infecciosa que requirió su internamiento en una clínica.

De igual manera, el juez Aníbal Torres, presidente del tribunal, solicitó el miércoles descanso médico, un día después de retornar de sus vacaciones.

Usuarios de la Corte y abogados en el libre ejercicio manifestaron que lo de Torres sería más bien producto de un pedido de suspensión en sus funciones que hicieran en contra de él, por un supuesto prevaricato al afirmar que los presos sin sentencia no podrán salir de la cárcel.

La queja fue aceptada por el delegado distrital, Fausto Gallardo, quien remitió ayer un oficio al presidente de la Comisión de Recursos Humanos del CNJ para que a su vez lo haga llegar al titular de la Corte Suprema, quien decidirá la suerte del juez.

Y para completar el cuadro calamitoso por el que atraviesa el tribunal, Eduardo Cañarte, presidente encargado del despacho, solicitó también descanso.

Según el doctor Eduardo Vivar, médico encargado del CNJ, Cañarte llegó ayer con un dolor de cabeza intenso, estrés, más malestar general. “Le di una medicina y se estabilizó un poco. Creí conveniente que debería guardar reposo el resto del día hasta que se estabilice totalmente, por lo que lo mandé a la casa”, dijo el galeno al asegurar que el juez estaba demasiado estresado.

“Si el paciente o cualquier persona se ve sometida a mucha presión va estar sumamente estresada y a ocasionar malestar”, explicó Vivar al mencionar que un cuadro similar fue diagnosticado a la jueza Valero.

Visiblemente afectado, Cañarte aseguró que hoy estará al frente del tribunal, pese a los reclamos de los usuarios.

A decir de Fausto Gallardo, “el primer tribunal Penal está cosechando los frutos de la semilla de incompetencia y falta de sensibilidad en el cumplimiento de sus funciones, al no haber celebrado más de tres audiencias de juzgamiento de enero a octubre”. Esto fue revelado en un informe emitido por la entidad que, según los investigados, no se sustenta en la realidad por cuanto han realizado 40 audiencias.

Por esa situación, el CNJ tramita un expediente administrativo para investigar el rendimiento de los miembros de ese despacho, cuya deficiencia la arrastran desde la presidencia del doctor Webster Cevallos, quien fue destituido del cargo cuando apenas podía caminar por padecer de Parkinson.

Hasta el mediodía de ayer, el CNJ no había decidido quiénes suplirían las falencias del primer tribunal, por cuanto los suplentes también se han notificado enfermos. “Ahí se puso a un vocal suplente del titular, quien infelizmente está también en el dispensario médico porque tiene la presión alta”, dijo Gallardo.

En tanto, dos ayudantes y la secretaria Mercedes Jiménez, quien también se ausentó la semana pasada por un ataque de nervios, arreglaban ayer algunos expedientes mientras un grupo de usuarios requería atención por unos documentos. (PVC)

Fuente Diario Expreso.

Junta Cívica. La respuesta de Febres Cordero II

Febres Cordero también alude sutilmente al alcalde Nebot cuando dice: “Es doloroso reconocer que mi ciudad carece, hoy por hoy, de una vocería idónea que la defienda (…) de los ataques del oficialismo centralista”. “Muchas instituciones guayaquileñas están en manos de ineptos e incapaces que por un sentido de figuración creen, como Alberto March, que se hace civismo desde un cafetín, y no salen por los fueros del guayaquileñismo”. “Las mendaces afirmaciones de March contribuyen, en este grave momento que vive Guayaquil, a la desunión”.

Provincialización. Castillo quiere reivindicarse

El diputado por Loja, Bolívar Castillo, quiere aclarar sobre la campaña publicitaria que en su contra se realiza en Guayaquil, por haber apoyado la provincialización de Santa Elena. Dijo que, antes de iniciar la acción penal por injurias, solicitó a los jueces que llamen a confesión judicial al diputado Luis Almeida (PSP), quien admitió su responsabilidad en esa campaña; que la empresa Induvallas certifique quién la contrató y si el Municipio la autorizó
Fuente Diario El Comercio.

Ecuador pedirá a Venezuela la extradición de los hermanos José y Carolina Cabrera Gallardo, hijos del extinto notario de Machala, José Cabrera Román, quien se dedicó a la captación ilegal de dinero a cambio de intereses del 10 al 12% mensual.

La Fiscalía acusó a José Cabrera Gallardo y a su hermana Carolina de ser los autores del delito de estafa, tipificado y sancionado en el artículo 563 del Código Penal vigente.

Fuentes de Washington, Estados Unidos, confirmaron que los hermanos Cabrera abandonaron este país en mayo del 2006 en un vuelo de American Airlines con destino a Caracas, Venezuela.

El cambio de domicilio de los Cabrera, involucrados en el ilegal negocio de captación de recursos al que se dedicaba su padre, obligará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a solicitar a la Cancillería que tramite la extradición de los hermanos desde Venezuela (en caso de que aún se encuentren en este país) y ya no desde los Estados Unidos.

Para ello se deberá dejar sin efecto el pedido que el pasado 7 de noviembre formuló el presidente de la CSJ, Jaime Velasco, a la Cancillería para que inicie la extradición de José y Carolina Cabrera.

Así lo confirmó, ayer, una fuente del Palacio de Justicia, quien incluso aseguró que la extradición de los hermanos Cabrera podría facilitarse, tomando en cuenta que no habrá necesidad de traducir el expediente del proceso al idioma inglés. La única tarea será recopilar las principales piezas (documentos) del proceso, necesarias para iniciar el trámite a través de la Cancillería.

El reformado pedido de extradición provendría, según las fuentes de la CSJ, del presidente de la Corte Superior de Machala, Efraín Zambrano Torres, a través de una providencia.

El 30 de octubre del 2006, Zambrano solicitó el trámite pero la CSJ demoró más de un año en pronunciarse con el pedido para la Cancillería. La razón: estaba completando la documentación.

La Fiscalía acusó a José Cabrera Gallardo y a su hermana Carolina de ser los autores del delito de estafa, tipificado y sancionado en el artículo 563 del Código Penal vigente.

Un día después del fallecimiento del notario Cabrera, el 26 de octubre del 2005, su hijo dijo que continuaría con el negocio de su progenitor: captar depósitos por sumas superiores a los $ 10.000 por cliente y pagar del 7% al 10% de interés mensual. José Cabrera Gallardo fue designado notario segundo interino de Machala el 1 de noviembre del 2005.

Lo que se sabe

El caso Cabrera
Los procesos
A dos años de la muerte de José Cabrera Román, quien captaba depósitos por miles de dólares de manera ilegal, la Fiscalía de El Oro mantiene procesos por prevaricato, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado y robo calificado.

Fuente Diario El Universo

Es el primer martes de noviembre. Siete de la noche. El bus de la línea Pascuales recorre la calle Portete, en el suburbio de Guayaquil. De repente, el alto volumen de la música que suena en el vehículo se detiene.

Dos jóvenes, que aprovechan subir en la parada de un semáforo, comienzan a ofrecer su “reciente” mercancía. Uno de ellos distribuye a cada pasajero un ejemplar del artículo, mientras el otro detalla los ‘beneficios’ de adquirirlo.

“Damita y caballero, este no es cualquier CD. Aquí vienen más de 100 canciones. Música disco, clásica, reggaetón, cristiana… A un dólar”, relata.

Más de cinco ejemplares se venden. Al día siguiente, en los buses que transitan por la vía a Daule, el discurso se repite.

El comercio de discos ‘piratas’ ya no solo está en las calles formales y en los centros comerciales. Ahora también sube a las autobuses y llega a los barrios periféricos. El bajo poder adquisitivo de la población aún sustenta la adquisición de este tipo de material.

Actualmente Ecuador mantiene un alto índice de piratería. En el caso de los discos de música está en torno al 95%, en el software en el 60% y en las obras audiovisuales en el 98-99%. Estas son cifras que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) manejó en las últimas Jornadas Iberoamericanas sobre Propiedad Industrial e Intelectual, en Madrid (España).

El presidente del IEPI, Alfredo Corral, quien participó a inicios de mes en la cita para conocer la situación y los escenarios de futuro en Iberoamérica, se refirió específicamente a los desafíos que afronta Ecuador, en el que “la población quiere tener acceso al ocio y a la cultura, con el agravante de que el nivel adquisitivo es muy bajo y acceder a productos que están protegidos por derechos de propiedad intelectual es muy difícil”.

La facilidad de acceder ilegalmente a los productos protegidos por la propiedad intelectual también ha repercutido en que en el país no exista producción nacional, porque “lanzar un disco bueno al mercado cuesta 20.000 dólares y evidentemente esa inversión jamás va a ser recuperada por el artista nacional”, dijo a la agencia EFE.

Aunque el país muestra una alta incidencia de piratería, los expertos consideran que los controles en la venta ‘formal’ de CD ilegales, que se dio a inicios de este año a petición del IEPI en centros comerciales o avenidas céntricas, puede ser un mecanismo viable para reducir el problema.

Flavio Arosemena, presidente de la Asociación de Expertos en Propiedad Intelectual de la Universidad Católica, indicó que “hay que empezar por objetivos realizables que son, por ejemplo, eliminar la piratería ‘formal’, que no requiere mayor periodo de transición, sino que es cuestión de ir a las avenidas principales, a los principales centros comerciales y eliminarla por completo”.

El especialista espera que tras este tipo de medidas “las personas que insisten en tener esta actividad recapaciten antes de que tengan un problema legal, pues la piratería es un delito que se castiga con prisión”.
Fuente Diario El Universo.