El cruce de cuentas de los diputados y de sus familiares hará que la investigación demore cerca de 45 días, según informó Pólit.

En su programa radial de los sábados, el 7 de julio pasado, en Cañar, el presidente de la República, Rafael Correa, denunció que tiene pruebas de un presunto caso de enriquecimiento ilícito en el que estarían implicados 18 diputados.

Según Correa, los 18 legisladores, a través del diputado César Alonso Mora, ex militante de Sociedad Patriótica, pidieron al Ejecutivo cargos en empresas estatales a cambio de su voto favorable a la Ley de Justicia Financiera para controlar a la banca.

Además de César Alonso Mora, el mandatario nombró a los legisladores Rómel Chávez, Emperatriz Espinoza, Claudia Jijón, Rodrigo Bautista, Jorge Alarcón, Jorge Moroto, Carmen Espín, Fausto Mora, Rosa Neira, Gladis Flor, Marcelo Totoy, Olmedo Zapata, Julio Verduga, Carlos Guanatasín, María Álvarez y Vimos Laura.

El lío fue por la ley financiera

Rafael Correa expresó que el Ejecutivo hubiese podido lograr que pase la Ley de Justicia Financiera si fuese “corrupto” y hubiese cedido a las supuestas propuestas de Alonso Mora.

Entre los 18 diputados investigados están la mayoría del bloque de Dignidad Nacional (DN) como César Alonso y Claudia Jijón y cinco del sub bloque del Partido Sociedad Patriótica (PSP), como Julio Verduga y Joba Fon Fay, última que sí pertenece al PSP.

Por otro lado, el presidente del Congreso Nacional, Jorge Cevallos, anunció que la próxima semana, pondrá a consideración del Pleno del Parlamento Nacional un proyecto de resolución presentado por la diputada de Pachakutik, Diana Atamaint, para exhortar al contralor a que investigue las cuentas de los cien diputados, no sólo de los 18, como se está haciendo.

Auditoría al presidente del Congreso

El contralor del Estado Carlos Pólit, anunció que se encuentra investigando las denuncias presentadas en contra del presidente del Congreso, Jorge Cevallos, sobre un supuesto caso de enriquecimiento ilícito.

Pólit se comprometió a que los resultados se logren en máximo 60 días. Cevallos fue acusado por sus ex compañeros del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) de enriquecimiento ilícito y que sus bienes no fueron declarados tal como manda la ley.

La investigación contra Cevallos también será hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Tome en cuenta

La Contraloría General del Estado realiza una auditoría financiera al Congreso Nacional, como lo hace anualmente.
Fuente Diario La Hora.

Entre el poco público asistente estuvieron moradores del barrio, representantes de organizaciones sociales y jóvenes ambientalistas, preocupados por lo que calificaron como “matanza” de los tiburones. Correa cerró ese capítulo y aseguró que nunca más se referirá al tema, luego de una detallada y amplia explicación del decreto 486, que regula la pesca incidental del escualo y la comercialización de aletas.

“No hagamos caer el peso sobre los más débiles”, dijo, defendiendo a los 70 mil pescadores artesanales que operan en el país. Emplazó a los “opositores” al decreto que no han aportado al fondo de 2,2 millones de dólares, que el Gobierno propuso en compensación a la comercialización de las aletas.

El Presidente mostró un listado de personas naturales que, por el contrario, sí han contribuido con pequeños montos, a los que se suma el 5% del sueldo de Correa. Virada la página, el mandatario anunció que en una o dos semanas más tomará una decisión respecto al caso de la muerte de la ex ministra de Defensa, Guadalupe Larriva. Una vez más mostró su inconformidad sobre las sanciones impuestas a los oficiales que participaron el día del accidente, al reconocer que a algunos involucrados les correspondía la “baja”.

El régimen se encuentra analizando el informe ampliado sobre el percance presentado por la ministra de Defensa, Lorena Escudero. De su caso también está pendiente el Mandatario, quien no respondió a una pregunta directa de si la ministra será ratificada en el cargo. En el tema energético, Correa anunció que el pozo Sacha 165 fue declarado productivo, lo que significa que el país incrementará la producción de crudo en 2.000 barriles por día. Las previsiones para el próximo año son producir 180.000 barriles diarios, dijo. Para el final de la cadena dejó el tema político, donde su principal interpelado fue el Congreso.

Primero desestimó las críticas de los diputados, ante su ausencia en la sesión por el 10 de Agosto. Mencionó a Luis Almeida, (SP) como un hombre “incapacitado moralmente” para criticarlo. Luego, advirtió que en caso de que Alianza PAIS triunfe en las elecciones para asambleístas del 30 de septiembre, el Congreso será disuelto y se dará paso a la creación de una comisión legislativa, que estará conformada en forma proporcional a la estructura de la Asamblea.

Esto, dijo, tal como ocurrió en la Asamblea Constituyente de Colombia, en los años 90. Explicó que esa comisión legislativa sacará adelante las leyes urgentes y, sobre todo, las leyes orgánicas que se necesitaren con la nueva Constitución. “Es falso que si se disuelve al Congreso se acaba la democracia. Los diputados que ganan su sueldito de USD4.000, 4.500 no quieren dejar la troncha”, reiteró. (LCF)
Fuente Diario Expreso.

Durante su cadena radial de los sábados, Correa pidió un poco de paciencia sobre el caso, puesto que “no hemos acabado de investigar el informe que se presentó”, hace dos semanas y que tiene caráter de reservado.

Sin embargo, adelantó que no está satisfecho con las sanciones que se impusieron a siete oficiales relacionados con el accidente, “supuestamente siguiendo procedimientos militares”.

Ellos fueron castigados de acuerdo al Reglamento de Disciplina Militar. La sanción más fuerte que se impuso a un oficial fue de 10 días de arresto.

El Jefe de Estado señaló que él pidió que se dé la baja a algunos de los involucrados, pero “esa orden no se cumplió”.

“Después de un accidente tan grave, no puedo permitir que se ponga solamente 10 días de arresto al principal involucrado”, enfatizó Correa, en referencia al coronel René Vásquez, quien dirigió el ejercicio aéreo en el que murió la ex Ministra.

Sin embargo, no se sancionará a ningún otro oficial por el hecho, puesto que no se encontraron indicios de responsabilidad de nadie más, señaló Fernando Bustamante, ministro coordinador del área de Defensa.

Según el abogado de la familia de Larriva, Víctor Granda, el Presidente, al pedir la baja de algunos de los involucrados, está recogiendo parcialmente sus aspiraciones. Éstas fueron planteadas en un recurso de revisión que le entregaron a Correa el 1 de junio pasado.

Sin embargo, en ese documento también le solicitaban que sancione con la destitución de las FF.AA. al Alto Mando militar, por “incompetencia”.

“El Presidente quiere acallar la insatisfacción de la opinión pública sancionando drásticamente a los militares de mediano y bajo rangos. Así puede encubrir las responsbilidades de la cúpula”, recalcó Granda.
Fuente Diario El Comercio.

Alcira Puentes, ciudadana colombiana que posee una empacadora de pescado y exporta carne de tiburón, fue quien denunció la participación del ambientalista Sean O’Hearn, en los operativos de decomiso de aletas de tiburón la semana pasada. En Manta los comerciantes lo han declarado enemigo público.

Alcira Puentes Sánchez, ciudadana colombiana residente en Manta desde el 5 de abril de 1996, fue clave en la orden que dio, hace una semana, el presidente Rafael Correa para la deportación del ambientalista estadounidense Sean O’Hearn, director en Ecuador de Sea Shepherd, entidad que defiende las ballenas, tiburones y otras especies marinas en peligro.

El anuncio de la expulsión, que quedó sin efecto luego de varias horas por disposición del propio Presidente, provocó quejas de ambientalistas y hasta de funcionarios de la Embajada estadounidense, mientras en el sector de comerciantes pesqueros de Manta causó regocijo. Incluso en una marcha realizada el pasado jueves en respaldo al Decreto 486, emitido por Correa para permitir la venta y exportación de aletas de tiburón, el principal cartel de los protestantes, la mayoría comerciantes, calificaba a O’Hearn como terrorista ambiental y lo declaraba enemigo del sector pesquero.

Puentes es una empresaria reconocida e influyente en Manta. Es dueña de la empacadora de pescado Alpusa S.A., que funciona a pocos metros del edificio de la Policía de Tránsito, en la vía al aeropuerto y donde también se procesa carne de tiburón para enviarla a ciudades de la Sierra y a Colombia. El año pasado comercializó 75.600 kilos de carne de tiburón; en lo que va del 2007 ha vendido 45.760 kilos, dice.

Ella denunció, el miércoles 1 de agosto, ante el gobernador de Manabí, Vicente Véliz, que O’Hearn supuestamente dirigió el allanamiento de tres casas en un operativo donde la Fiscalía y la Policía incautaron 9.600 aletas de tiburón y detuvieron por pocas horas a catorce personas, entre ellas a Puentes. Véliz comunicó la queja al Primer Mandatario y este, en la cadena radial del 4 de agosto, anunció que dispuso la expulsión del ambientalista.

El operativo en mención se realizó desde las 17:00 del martes 31 de julio. Por pedido de la Unidad de Policía Ambiental, el fiscal Andrés Mero solicitó al juez 11º de lo Penal de Manabí, Roger Pico, la autorización para allanar tres viviendas donde supuestamente se almacenaban aletas de tiburón. En la acción judicial participaron miembros de la Policía Ambiental de Guayaquil, de la Policía de Manta, del GOE y GIR.

Al actuar, en una residencia alquilada por Abraham Macías, en la ciudadela La Pradera las fuerzas del orden detuvieron a seis personas, incluida Puentes. Allí se localizaron dos frigoríficos llenos de aletas de tiburón y planchas de madera con alambres donde pendían más aletas.
Puentes señala que su detención fue un abuso. Ella supo del operativo y acudió, según afirma, a decirle al fiscal Mero que estaba cometiendo un error, pues ya estaba vigente el Decreto 486 en el que se legaliza la venta y exportación de las aletas.

Este se había publicado en el Registro Oficial el lunes 30 de julio. A las 12:24 del 31, día del allanamiento, un “contacto” de Quito envió por fax un ejemplar a Puentes, quien empezó a hacer circular copias entre dirigentes y comerciantes de Manta. “Lo único que hice, al enterarme del allanamiento, fue ir a presentar el decreto. El fiscal se quedó quieto, pero el gringo (O’Hearn) dijo que me apresaran, que yo era la cabecilla.
Por eso mi indignación y reclamé; cómo puede un extranjero venir a abusar”, señala Puentes, quien niega ser negociante de aletas.

Al ser detenida, Puentes indica que había pedido apoyo de la Cámara de Comercio de Manta, presidida por Lucía Fernández de Genna, quien además es presidenta de Autoridad Portuaria. Comunicó también a Frank Alvia, presidente de la Unión de Organizaciones Pesqueras de Manabí. Este último solicitó la intervención de Trajano Andrade, ex ministro de Obras Públicas y candidato a asambleísta por el gobiernista Acuerdo País, y logró la presencia del gobernador Véliz.

Entonces hubo presiones, según el parte policial suscrito por el teniente Paco Chávez Paspuel y el Subte. Christian Rivadeneira, oficiales de Medio Ambiente, y el Subte. Édison Ramos Bermeo, del GAO de Manta.

El teniente Chávez, a cargo del operativo, “recibió una llamada en su celular del comandante de Policía de Manabí, Fernando Guerrero Solano, quien le dispuso de forma verbal que inmediatamente abandonara la gestión y dejara sin efecto lo actuado, impidiendo las investigaciones a cada uno de los ciudadanos detenidos”, dice el parte.

El documento policial detalla que Guerrero, Andrade y el gobernador Véliz hablaron con Puentes y, “en conjunto, tomaron contacto con el fiscal Andrés Mero, a quien presionaron para que todo conforme a derecho sea omitido bajo amenaza”. Afuera del cuartel de la Policía, adonde se llevó la evidencia y a los detenidos, se concentraron decenas de personas que criticaban la labor policial e incluso habían lanzado piedras al vehículo de un canal de TV nacional.

Así, luego de pocas horas, los catorce ciudadanos salieron libres y las aletas pasaron, por decisión del fiscal, a custodia de Jorge Chiriboga, comerciante pesquero que estos días promueve marchas en Manta para defender el Decreto 486.

Pero el fiscal Mero asegura que no se dejó presionar. No da detalles del proceso, pues argumenta que es reservado por estar en etapa de indagación, ni las razones por las que dio marcha atrás en la requisa.
“Todo está enmarcado en la ley y no se puede mostrar la evidencia”, indica. Eso sí, aclara que Sean O’Hearn no dirigió los allanamientos. “Es al fiscal a quien corresponde y yo dirigí el operativo”, agrega.

Mientras, en declaraciones a varios medios, el candidato de Acuerdo País, Trajano Andrade, explicó que su participación fue como abogado en libre ejercicio. Eso lo ratifica Alcira Puentes, quien reconoce que “el abogado siempre nos ha apoyado
Fuente Diario El Universo.