El mandatario volvió a utilizar el calificativo de “prensa corrupta” en su programa semanal de radio y se refirió a los “medios de comunicación que insisten en quitarnos la fe en nosotros mismos, en resaltar las malas noticias, en exacerbar lo malo porque eso es lo que vende periódicos”. (more…)

El lunes pasado, Ernesto Pazmiño inició sus labores como director técnico de la Unidad Transitoria de Gestión. (more…)

Las esperanzas de libertad para las ecuatorianas detenidas en Bélgica se desvanecieron ayer con el anuncio de la expulsión prevista para este lunes. Entre las 18:00 y 19:00, Angélica Loja y Ana Cajamarca serán expulsadas de Bélgica a bordo de un vuelo Bruselas-Quito vía Amsterdam.

“Inmediatamente que conocimos la decisión hemos buscado plazas en un vuelo a Quito”, dijo Geert De Vulder, portavoz de la Oficina de Extranjería. En Cuenca, familiares de las migrantes aún esperan que sean liberadas.

A las 09:00 de ayer en las afueras del palacio Val Duchesse, una veintena de representantes de los derechos humanos se reunieron y entregaron una carta de Javier Loja, en la que pide la liberación de Angélica, su hija de 11 años, quien está detenida junto a su madre en el centro 127 bis desde el pasado 30 de junio.

Manifestantes de la UDEP (Unión por la defensa de los sin papeles), lograron entregar las cartas de Loja, también residente sin papeles en Bélgica, y apenas pudieron hablar con miembros de los partidos políticos que buscan conformar el nuevo gobierno.

El grupo de manifestantes que corría detrás de los autos, en los que llegaban los políticos, pudo entregar la carta y pedir la liberación de Angélica a Patrick Dewael, ministro del Interior.

“No puedo ir en contra de las decisiones de la Oficina de Extranjería. No puedo hacer nada”, dijo el Ministro que se sintió acosado por la prensa.

A pesar de que durante la campaña el futuro Primer Ministro declaró que los centros cerrados son totalmente inadecuados para niños y que esta realidad cambiaría, Yves Leterme recibió la carta, pero no quiso dar ninguna declaración.

Joëlle Milquet, cabeza del partido Cristiano Humanista, pudo también recibir la carta y prometió hacer todo lo posible por ayudar a Angélica y a los niños que están detenidos en estos centros.

Angélica y su madre tienen el tiempo contado, según el abogado. La Oficina de Extranjería tratará de expulsar a las ecuatorianas el lunes por la tarde.

La UDEP apresura sus diligencias para reunir voluntarios que vayan al aeropuerto y convenzan a los pasajeros de impedir la expulsión de Angélica.

Claude Lelievre, delegado general de la Comunidad Francesa de los derechos del Niño, tenía previsto visitar, ayer, a Angélica para comprobar su estado de salud, puesto que el funcionario tiene dos reportes contradictorios.

“Es necesario verificar el estado de Angélica para dar al Ministro del Interior un informe claro y objetivo. Para eso necesitamos esclarecer la verdad”, afirmó Lelievre.

El funcionario explica que se entrevistará también con la madre de Angélica para explicarle los procedimientos que existen para salir bien de este problema. Agrega que, en estos casos, después de cierto tiempo de detención y si la familia resiste, la libertad es inmediata.

El funcionario añadió que la libertad de Angélica depende no solo de su resistencia a la expulsión sino también de que el Ministerio del Interior comprenda que niños no pueden estar encerrados en estos centros y que debe dejar a la niña y a su mamá en libertad.

Delegados que apoyan la liberación de la niña tenían previsto reunirse, ayer, con varios parlamentarios que durante la campaña política aseguraron trabajar para terminar con la práctica de encerrar niños en los centros de detención.

Fuente Diario El Universo.

MODUS OPERANDI
La contadora falsificaba las firmas en los cheques o adulteraba las cifras. Por ejemplo hacía firmar por 20 dólares y después añadía cuatro ceros al mismo cheque. Y recién el 8 de marzo del 2007 los directivos descubrieron las irregularidades de la avivata.
A ella “se le durmió el diablo” y cuando llegaron los estados de cuentas del Banco Bolivariano no se encontraba en ese momento y los recibió Vicente Argoti, secretario de finanzas de la entidad, quien de inmediato informó que la cuenta estaba casi en cero.

PIDIÓ DISCULPAS Y HUYÓ
Al verse descubierta por sus jefes, Miriam Lascano se acercó a pedir disculpas y aseguró que devolvería todo el dinero.
Sin embargo, la actual directiva, presidida por Fausto Silva, secretario general, decidió iniciar la investigación y mientras más buscaban más sorpresas desagradables encontraban, como el hecho de que la plata robada no eran ni 100 ni 500 dólares, sino más bien 300 mil verdes.
Lascano desapareció de Ambato y ahora la buscan para que pague la deuda y su condena en la cárcel. (Yadilajsa)
Fuente Diario Extra.

SUPUESTAS OMISIONES
Indica que Gagliardo “omitió tomar en cuenta este documento” y “no revisó completamente el expediente” (abierto hace dos años), que “recién comenzó a leer el pasado 13 de julio, cuando ordenó diligencias que nunca fueron concluidas totalmente”.
Por ello, él y el hijo de la alcaldesa, Dalton Narváez, aseguran que Gagliardo habría errado al iniciar instrucción fiscal contra “Marianita”.
Ella solicitó a los ministros jueces de la II Sala Penal de la Corte de Guayaquil, quienes conocen el proceso, que declaren la nulidad de la providencia del fiscal, que según ellos “viola principios y fundamentos legales”. (SCQ)

Licencia para defenderse

La mañana de ayer, con nueve votos a favor y dos en contra de los concejales del cantón, le fue aprobada en la sesión de su Cabildo la licencia para ausentarse hasta por sesenta días, solicitada por la Alcaldesa de Durán.
Desde el pasado lunes, que se hizo pública su imputación, Mendieta dejó encargado de su despacho al vicealcalde e hijo de ella, Dalton Narváez.
Lo hizo mediante “comisión de mesa”, que según la Ley Orgánica de Régimen Municipal, se permite para ausencias de uno a tres días de parte del Alcalde, y solo requiere aprobación del Burgomaestre, el vicepresidente del Consejo y un concejal más.
Narváez y el abogado del Cabildo aseguran que las manifestaciones públicas promovidas por la concejala de Durán, la prianista Angela Páez, “tienen intereses políticos”. Se refirieron a la marcha que decenas de duraneños hicieron el pasado 24 de julio en las afueras de la Corte de Guayaquil.
Aseguraron que ninguno de los reclamantes que participaron en dicha marcha pertenecen a las fuerzas vivas del cantón ni a grupos representativos, por lo que los desacreditaron.
Anunciaron que el próximo lunes, a las 07:00, habrá una marcha de respaldo a Narváez que saldrá del Municipio.

Fuente Diario Extra.

Dos funcionarios de carrera se disputan la Jefatura del Registro Civil del Guayas. Ellos son José Torres Moreira y Fernando Velásquez Jara.

El primero asumió el cargo en marzo pasado, tras el fallecimiento del jefe encargado, Abdón Calderón, quien ocupaba el despacho de manera provisional.

No obstante, a inicios del presente mes apareció Fernando Velásquez Jara, quien asegura haber ganado una demanda contra el Estado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que lo devolvió a esa jefatura desde el 4 de julio.

Según Velásquez, su destitución, en el 2003, fue injusta y obedeció a presiones de grupos sindicales, por lo que la justicia falló a su favor.

Sin embargo, no muestra documentos que comprueben su posición, aunque ocupa ya la oficina de esa instancia.

Por su parte, Torres, quien hace despacho en el Departamento de Cedulación, afirma que Velásquez fue reintegrado a la institución por la Dirección General del Registro Civil, pero que su nombramiento fue extendido para una dependencia de la institución en el Oriente, disposición que el funcionario se ha negado a cumplir hasta el momento.

Sobre esta anomalía no obtuvimos una versión del director general de la entidad, César Frixone, pues no acudió ayer a su despacho en Quito.

Torres manifiesta que envió la semana pasada un escrito a Frixone para que resuelva la situación, pero hasta ayer no recibía respuesta.

Mientras tanto, la atención en el Registro provincial es regular, porque a pesar de que sí cuentan con material, existe un poco de confusión entre los empleados que no saben a las órdenes de qué jefe responder, y con el objetivo de evitar inconvenientes tratan de trabajar manteniéndose al margen de la disputa.

Se conoció que es probable que el lunes próximo se podría suspender la emisión de partidas de nacimiento debido a que está por terminarse el stock de tarjetas dactilares.

La llegada de la nueva dotación de este material está prevista para el martes.

En el área de Cedulación hay material suficiente hasta mediados de agosto y la entrega no se ha visto afectada, ya que es el jefe del departamento el que firma los documentos.

Proyección
En junio pasado, la Jefatura Provincial del Registro Civil abrió una oficina de cedulación en el cantón El Triunfo, con el fin de descongestionar los servicios en la ciudad. Próximamente habrá dependencias en Naranjal, Yaguachi y Playas.

Empleados
Ciento cincuenta y cuatro empleados laboran en la institución provincial. Se prevé que cerca de veinte trabajadores pasen a las futuras dependencias cantonales.

Fuente Diario El Universo.

Las responsabilidades civiles ascienden a $ 38.106 y las administrativas a $ 188.677.

El informe de auditoría examinó el periodo entre el 1 de enero del 2003 y el 30 de noviembre del 2005 durante las gestiones de los ex presidentes de la CSJ, Armando Bermeo, Hugo Quintana y Guillermo Castro, quienes a su turno y por mandato legal presidieron el CNJ, cuyo director ejecutivo era Olmedo Castro.

Según la Contraloría, el ex director financiero del CNJ, cuyo nombre no se reveló, pretendió recuperar $ 15.329 que se gastaron en viáticos y pasajes para los ex magistrados de la CSJ, entre enero y marzo del 2005 (gestión de la Pichi Corte).

Asimismo, determinó que el CNJ no cumplió con los cursos de capacitación contratados con la compañía Repicom, en el 2004 y en los que se invirtieron $ 15.657,20 que no se justificaron y el contratista no cumplió con los eventos programados.

Adicionalmente, el CNJ no aplicó la normativa de contabilidad gubernamental expedida por el Ministerio de Economía, cuando omitió registrar varias transacciones financieras.

En las delegaciones distritales del Guayas y Manabí no ingresaron los rubros de anticipos a proveedores, de fondos de años anteriores, las cuentas por cobrar, los deudores financieros no recuperables, la amortización de activos, entre otros, lo cual impidió contabilizar las transacciones financieras.

Tampoco ingresaron en la contabilidad de estos distritos los ingresos recaudados por tasas judiciales, arrendamiento de edificios y locales.
Fuente Diario El Universo.

Según el funcionario, en el documento se establece que no existe responsabilidad civil ni administrativa en contra de la burgomaestre, quien enfrenta un pedido de prisión dentro de un expediente penal abierto por el ministro fiscal del Guayas y Galápagos, Antonio Gagliardo, por el delito de peculado.

De allí que solicitó a los ministros jueces de la IISala Penal de la Corte de Guayaquil, quienes conocen el proceso, que declaren la nulidad de la providencia.
Fuente Diario Expreso.

Tras la incautación de 528 aletas de tiburón en Manta y de 261 cuerpos de escualos en El Oro, la ministra de Ambiente, Ana Albán, dijo ayer que el sector pesquero “estaría abusando de lo permitido” en el Decreto 486, que aún no entra en vigencia por cuanto no se ha publicado en el Registro Oficial.

Fue el jueves pasado, en la Gobernación del Guayas, cuando el presidente Rafael Correa repitió una vez más que “de ninguna manera se ha liberado la pesca del tiburón” con el Decreto 486, que permite la comercialización de la especie obtenida en pesca incidental.

También expresó que por esa razón es que se habían incautado las 528 aletas de tiburón el martes último en el sector Playita Mía, en Manta (Manabí); sin embargo, el principal implicado en el caso, Luis Cascante Pinoargote, quien trasladaba las piezas, fue liberado ayer.

La boleta de excarcelación la emitió ayer el juez 8º de lo Penal de Manabí, Walter Zambrano, quien en un escrito indicaba que Cascante no debía seguir detenido porque la comercialización de los escualos estaba permitida, una vez que el Presidente derogó el Decreto 2130; es decir, desde el viernes pasado. Pero el Decreto 486, que lo remplaza, aún no se publica en el Registro Oficial.

Uno de los fiscales consultados dijo que el Estado no presentó una acusación particular por “la destrucción del medio ambiente”, lo que debió haber hecho como parte del control.

Ayer en Teleamazonas la ministra de Ambiente, Ana Albán, denunció que ha aumentado la matanza de tiburones, luego que se derogara el Decreto 2130 que prohibía su venta. Señaló “que el sector pesquero estaría abusando de lo permitido y (eludiendo) el camino para el manejo sustentable y el manejo responsable (…) Los pescadores se han apresurado, todos tenemos que manejar con responsabilidad este decreto”.

Sobre el convenio con Sea Shepherd, el comandante de Policía, Bolívar Cisneros, reconoció que hay cierta incomodidad con el documento, pero que constituye un aporte.

Fuente Diario El Universo.