El lunes presentarán las pruebas a la Fiscalía para que inicie las acciones legales.
En su vigésimo quinta cadena radial sabatina realizada en Cañar, Correa acusó al legislador del Bloque Dignidad, César Ricardo Alonso Mora, de solicitarle una entrevista.

El mandatario no asistió a la reunión pero envió a un capitán de la Policía, quien se hizo pasar como su asesor para escuchar lo que iba a proponerle.

El congresista, en representación de 17 diputados, le ofreció al Gobierno apoyo a la ley financiera siempre y cuando se les entregue la Vicepresidencia de Petroecuador, la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la Presidencia Ejecutiva de Andinatel, la Dirección Provincial de Salud del Guayas y el Directorio de Hidronación con la participación de cuatro vocales.

“Les mandé a contestar como debía, que no vamos a caer en la corruptela y les vamos a meter presos a esos corruptos. Otro grupo nos pedía partidas, pero lamentablemente no tenemos las pruebas. Así se manejan las cosas, si este Gobierno fuera corrupto tuviéramos mayoría en el Congreso”, aseveró.

Correa exhortó a los diputados a “hacer lo que les de la gana porque ya no contamos con ustedes… Si ganamos el 30 de septiembre la Asamblea tendrá que disolver el Congreso, porque ese no sirve para absolutamente nada, porque es horroroso”, exclamó.

El presidente se refirió también al diputado por PSP, Luis Almeida, a quien acusó de estar al frente de todo para apoyar al superintendente de Bancos, Alfredo Vergara, a quien calificó otra vez de ‘inútil’ y afirmó que hubo una tarifa para mantenerlo.

Hoy entrega urea en Daule

GUAYAQUIL, LA HORA

Los campesinos de la zona arrocera de Daule reciben hoy un nuevo cargamento de urea venezolana a un costo de 10 dólares el quintal.

La entrega la hará el presidente Rafael Correa, el ministro de Agricultura, Carlos Vallejo, y demás funcionarios del régimen, Banco Nacional de Fomento y autoridades locales.

Un total de 10 mil campesinos del Litoral también harán acto de presencia.

DIPUTADOS ACUSADOS

* Dignidad Nacional (DN)
1. César Ricardo Alonso Mora
2. Romel Chávez
3. Emperatriz Espinosa
4. Claudia Jijón
5. Rodrigo Bautista
6. Jorge Alarcón
7. Olger Maroto
8. Carmen Espín
9. Fausto Mora
10. Rosa Neira
11. Gladys Loor
12. Marcelo Totoy

* PSP y sub PSP
13. Pablo Arévalo
14. Olmedo Zapata
15. Julio Verduga
16. Carlos Guanatásig.
17. María Álvarez
18. Laura Vimos

Otro temas
Tratados

- Dijo que Ecuador tendrá que pagar 75 millones de dólares de IVA petrolero a la OXY, pero acusó al Gobierno de Gustavo Noboa de haber influido con abogados ecuatorianos para beneficiarse.

- Anunció que insistirá en la demanda contra Colombia por los daños causados por la fumigación de glifosato en la frontera.

- Ofreció entregar 300 millones de dólares para modernizar a la Policía.

- Reconoció que hubo errores en el manejo de Galápagos; pidió a una comisión que le informe la próxima semana de las medidas que deben tomarse.

- Dijo que hay gorditas preciosas pero que he pagado derecho de piso porque en Guayaquil decir horroroso no es porque es feo sino travieso.

- Dijo que la prensa lo quiere presentar como “el machito de Carondelet”.
Fuente Diario La Hora.

“Se colocaron cerca de 10 plataformas de venta de gas en diversos puntos de la ciudad”, menciona.
Para Hernán Navas, presidente de las distribuidoras de gas, el Gobierno acertó al aumentar el cupo y al mantener los operativos de control. Además, menciona que la producción se incrementó un 20 por ciento, en relación con el cupo de 2 483 toneladas de gas que tenían las distribuidoras.

Sin embargo no admite que se responsabilice a los distribuidores.“El control es función del estado”. Según Navas, la situación estará normalizada en 10 días.

En Carchi, el Ejército decomisó 98 cilindros de gas en la parroquia de Cristóbal Colón, en el cantón San Gabriel. Los tanques iban a ser desviados hacia Colombia.

Ayer, en Tulcán hubo problemas en el barrio San Vicente debido a que del centro de acopio se entregaron 10 cilindros menos de los 115 que constaban en el listado.

Los moradores que no pudieron adquirir el gas denunciaron que hay familias que reciben hasta 10 cilindros y nadie les controla.

Los perjudicados decidieron organizarse para concurrir hasta el centro de acopio para exigir la entrega inmediata del producto.

En la provincia de Sucumbíos, también es notoria la escasez de cilindros en los depósitos de distribución de gas.

El Complejo Industrial Shushufindi aumentó la producción de 28 a 35 toneladas. Sin embargo, este incremento no fue suficiente.

En Nueva Loja, la venta de gas está condicionada a la presentación de la cédula o el carné del seguro social campesino. Además, cada familia solo puede adquirir un cilindro cada 30 días.

En otras ciudades

A pesar de que algunos camiones distribuidores salieron a vender el gas de uso doméstico por las calles de Ibarra, la escasez se mantiene en esta urbe. Los usuarios optaron por trasladarse a la planta envasadora de Agip gas ubicada al norte de la urbe.

En Cuenca, Austro Gas asegura que no existen problemas de desabastecimiento del producto. En esta compañía se envasan, a diario, 12 500 cilindros. Debido al nerviosismo, generado por la falta de gas, en el país, se incrementó la demanda 1 500 cilindros más
Fuente Diaro El Comercio.

Se desata la polémica sobre el Circo del Cholito “falseta”. El popular actor David Reinoso quiere marcar un precedente para que más gente no sea estafada.
Nos recibió luego de la grabación de un sketch de su programa en el estudio Alberto Borges, de Guayaquil. Sin una sola gota de maquillaje en su rostro, David Reinoso aclaró algunos puntos con respecto al problema de “los circos falsetas”.

“El año pasado trabajábamos con un empresario circense llamado Rodolfo Burbano Gálvez, más conocido en el medio como el payasito Nikolasin, con él hicimos el circo del Cholito y después el de la Pareja feliz. Todo iba bien hasta que empezamos a escuchar rumores de que hacían un circo del Cholito “falseta”, inclusive nosotros le preguntábamos a Nikolasin si era verdad y él decía que no, que él era nuestro amigo, que nunca nos haría algo así… siempre lo negaba” así lo manifestó Reinoso.

El contrato del circo terminó en julio del 2006 y para noviembre de ese mismo año el equipo de Vivos se dio cuenta de que Burbano efectivamente lo hacía y a escondidas.

Mientras Reinoso se presentaba en Cuenca, supuestamente El Cholito lo hacía en el cantón Cumandá, de la provincia de Chimborazo, algo que físicamente era imposible, presentarse en dos lugares al mismo tiempo.

Fue entonces cuando una persona, que se sintió perjudicada, puso la demanda en Riobamba. “Lo que nosotros hicimos es prácticamente respaldar esta denuncia, pues se jugaba con mi imagen y la de mi personaje”, dijo el popular actor, quien afirmó que la orden de prisión se dictó en enero de este año y no fue hasta que el pasado jueves que dio con el paradero de Burbano. Fue entonces cuando se procedió a detenerlo y llevarlo a la PJ de Guayaquil.

Estafó al pÚblico con un circo “falseta”
Como Burbano tenía en su poder todas las grabaciones del perifoneo de las ciudades, las fotos y gigantografías del Circo del Cholito, lo que hacía era utilizar todo esto para engañar al público diciendo que se presentaba el verdadero.
Cuando llegaba la hora del show, lo que hacía Burbano era vestir igual que el Cholito, Se paraba detrás de una luz cenital, lo que hacía que no se lo reconozca muy bien, luego hacía una pequeña rutina y de allí un concurso.

“Obviamente eso era una estafa. Él no lo podía hacer, pues nunca compró los derechos del personaje”, afirmó el popular actor, quien además aseguró…

“Lamentablemente él mismo comenzó a denigrar a su propia empresa haciendo esto, la gente está cansada de los falsetas, porque inclusive cuando nosotros íbamos a cualquier ciudad pequeña, la gente siempre en la puerta preguntaba si son los verdaderos o no. El público pensaba que eran falsos”.

Finalmente, David Reinoso manifestó que a ellos no les interesa la demanda económica, solo quieren que se haga justicia y se marque un precedente en nuestro país para que no vuelvan a ser afectados otros.

“Antes tú escuchabas el circo del Kiko falseta, de la Chilindrina falseta, etc. Es tiempo de que dejen de tomarse atribuciones, hacen personajes falsos, y ganan plata; porque de lo contrario, si ponen un circo del payasito “Tururú” se estrellan porque nadie iría al circo, el público quiere atracciones de televisión y cuando no las tienen porque cobran caro, entonces ellos optan por hacer sus versiones falsas”, dijo Reinoso.

Sobre la famosa “niña”

Según Reinoso, el hermano de Rodolfo Burbano, Aquiles Burbano, quiere utilizar a una primita de ellos que trabaja también en el circo haciendo algunos números, la niña en cuestión tiene 14 años.

“Ella conmigo siempre se portó de mil amores, pues como es normal me veía en la televisión y me admiraba, como trabajábamos en el mismo circo nos hicimos amigos”, manifestó Reinoso, quien continúa… “Ellos aducen que por este acercamiento tuve algo que ver con ella, pero me parece ridículo, me da mucha lástima porque es la bajeza más grande que utilicen a esa pobre niña para acusarme de acoso sexual. Mas bien diría que ellos la utilizaban, pues la ponían en traje de baño para los espectáculos que presentaban.

Lo peor es que quieren utilizar esto y aún no han justificado el delito por el cual se los acusa que es el de estafa. Ella es una niña, lo más triste es que la utilicen porque ella no tiene que ver en el asunto”, dijo David Reinoso.
Fuente Diario Extra.

Francisco Zambrano, secretario ejecutivo del organismo, indicó que ayer mantuvo reuniones con habitantes del sector, a fin de recabar información sobre este caso.

“Tenemos previsto entregar el informe este martes a la Fiscalía de Milagro y al juez de la Niñez y Adolescencia, que están a cargo del caso”, sostuvo Zambrano.

El dirigente señaló que como Derechos Humanos se solicitará a las autoridades judiciales que se respete la decisión de la menor en disputa, quien se niega a vivir con sus padres biológicos, Augusto Freire y Petita Peñaherrera.

“Ella está afectada psicológicamente por el escándalo legal y quiere continuar junto a sus padres de crianza, Roberto Romo Caicedo e Isabel García, dijo el secretario.

Mientras, las dos familias están a la espera del dictamen del fiscal Félix Moreno Wong, quien emitirá la próxima semana su dictamen sobre la acusación de plagio (secuestro) y rapto a la menor que existe sobre los médicos.

En tanto, la situación legal de una de las gemelas la debe dirimir el juez de la Niñez, Jesey Monroy, quien tramita el juicio de tenencia.

Apuntes

Nacimiento
Nacieron el 24 de noviembre de 1992 en la clínica de Roberto Romo. Tras el parto, el médico se quedó con una de ellas, según la denuncia de los padres biológicos.

Más de 14 años
Las hermanas se reencontraron hace cuatro meses en un restaurante en el cantón Milagro, adonde fueron a comer en compañía
de sus padres
Fuente Diario El Universo

El sudor y las conversaciones de más de diez mil personas se mezclaban la tarde del pasado miércoles entre los corredores, celdas, pabellones y recovecos de la Penitenciaría. Era día de visita y cerca de siete mil reos recibían a familiares, en su mayoría esposas, hijos o madres.

Las instalaciones deterioradas e inseguras parecían “temblar” al soportar la marea de gente que parece haberse acostumbrado al hacinamiento, insalubridad y corrupción. Una problemática que ha imperado por décadas en este y los otros 37 reclusorios del país.

El pasado 23 de junio el presidente Rafael Correa escogió el patio del pabellón B del penal García Moreno, en Quito, para firmar un decreto de emergencia carcelaria para tomar medidas y necesarias para remediar las deficiencias del sistema. Una declaratoria que 16 días después sigue sin ejecución, pues las medidas “emergentes” aún no se ejecutan mientras la crisis continúa en los centros.

Los llamados “refugiados”, reos que son trasladados de otras cárceles por mala conducta o voluntariamente, son uno de los problemas más graves en la Penitenciaría. A diario ante el director de la cárcel de varones de Guayaquil, Juan José Hidalgo, acuden reos que, temblorosos y suplicantes, claman por un cambio de celda antes que las amenazas de muerte se concreten.

Pero a todos nos se les “puede parar bola”, a decir del jefe de guías, Antonio Fuel, porque no hay dónde reubicarlos debido a que los 24 pabellones y el área destindada pra el policlínico están saturados con 5.923 reos, que representan la mayor población carcelaria en el país y que es custodiada escasamente por 120 guías, sin armas, chalecos ni radios, falencias que han causado la fuga de reos.

Hay 125 reos enfermos, algunos de tuberculosis, VIH y mentales que viven en el llamado policlínico. “Hay cinco locos que no reciben tratamiento porque en el hospital psiquiátrico Lorenzo Ponce no hay un área para estos detenidos, así que los regresan”, menciona Amelia Gordón, asistente de esta área que almacena solo medicamentos genéricos.

A esto se añade la deuda de 12 millones de dólares con Interagua que retuvo las cuentas de la DNRS y ocasionó que desde hace tres meses los empleados penitenciarios cobren sus horas extras. Este problema espera ser solucionado por Mercedes Lozada, directora de Control y Supervisión de la Dirección de Reforma y Rehabilitación Social Penitenciaria de la Gobernación del Guayas.

Lozada indica que ha presentado informes detallados sobre la situación de las cárceles de varones y mujeres y el Centro de Detención Provisional (CDP) ante el gobernador Camilo Samán, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) y el director de la Penitenciaría, Juan José Hidalgo, pero “lamentablemente” aún no se ejecutan los correctivos.

En el decreto se menciona la integración de una Unidad Transitoria de Gestión, dependiente y adscrita a la Presidencia que se encargará de impulsar, temporalmente, la Defensoría Pública en el país; conocer la real situación de los presos sin sentencia, los de prelibertad y los sentenciados, mejorar la atención médica son, entre otros, parte de los cambios que se impulsarán. Pero no se menciona si habrá una depuración de malos funcionarios.

Además, el Ministerio de Economía aún estudia un mecanismo que permita la permanencia de fondos. En análisis se encuentra la creación de un fideicomiso y no se define aún si se utilizarán fondos de la Fundación Dragados de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

En la declaratoria se señala que en 60 días el Ministerio Público en coordinación con el Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS) deben presentar a la Presidencia la nueva política de administración penitenciaria a corto, mediano y largo plazo.

Pero el director nacional de Política Penal e integrante del CNRS, Mario Segovia, dice que no han sido llamados por el Presidente, por lo que aún desconocen cuales son las políticas de estado. “Si el Gobierno no considera al organismo (CNRS) que de acuerdo a la ley debe dar su opinión estamos divididos”, dice tras recalcar que en el Fondo de Ahorro y Contingencia (FAC) hay 8 millones de dólares congelados como consecuencia de tres decretos de emergencia emitidos años atrás y que no se los ha viabilizado.

Pese a ello el decreto, que aún no ha sido publicado en el Registro Oficial, ha provocado expectativa en los 16.716 reos y sus familiares, a nivel nacional. Expectativas falsas, a decir de algunos abogados, pues los presos creen que a todos “les abrirán las puertas” sin que la mayoría haya sido rehabilitado.

Gloria Torres, entenada de la fallecida Soledad Rodríguez (ex directora de la cárcel de varones) y miembro de la comisión creada para proponer cambios en el sistema carcelario, considera difícil combatir en corto plazo la corrupción enquistada hace años. “Hablan de contratar abogados para favorecer a los reos, pero no de acabar con las mafias”.

Cifras

16.716
internos. Ese es el número existente en las 38 cárceles del país.

320.882
causas. Esa es la cantidad de procesos en todas las áreas en el 2006, según datos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

44.714
causas. Ese el volumen en el ámbito penal que ingresó el año pasado a nivel nacional.

Fuente Diario El Universo.

“Yo estoy detenida aquí porque la Policía encontró en mi casa dos gramos de droga que estaban escondidos en una radio, en el cuarto de mi hijo”. Sin embargo, esta mujer de tez morena y 37 años asegura que esa droga no le pertenecía, sino a su hijo que, en ese entonces, era menor de edad.
Por eso –según Martha- tuvo que asumir el castigo impuesto. Ahora debe cumplir una pena de 12 años “por apenas dos gramos y una culpabilidad ajena”.

Esta mujer es una de las 54 722 personas que desde 1989 hasta el 2005, según cifras de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, han sido apresadas en el país por posesión de estupefacientes. Dentro de esta estadística constan ‘mulas’, consumidores, narcotraficantes, vendedores…

Ricardo Arteaga, ex director de Rehabilitación, está convencido de que por este tipo de reclusiones el país hoy vive una crisis de hacinamiento nunca antes vista.

El delito de narcotráfico en Ecuador es penado de 12 a 16 años de reclusión mayor extraordinaria. Así lo confirmó el magistrado de la Corte Suprema, Guido Garcés, quien señaló que dentro de esta infracción no están considerados los consumidores: “ellos no están sujetos a delito penal”.

Sin embargo, el juez afirmó que no está estipulada una cantidad mínima que pueda llevar una persona. “La Organización Mundial y Panamericana de la Salud reconoce que no es delictivo si poseen unos cinco gramos de pasta de cocaína y cuatro de clorhidrato de cocaína y de heroína”.

Desde 1990 el narcotráfico se convirtió en la principal causa de capturas. Arteaga asegura que el repunte cobró fuerza desde que se implantó la Ley de Tenencia y Consumo de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (1992).

“A nivel nacional tenemos de 50 a 70 ingresos semanales. De esa cantidad, de 20 a 25 personas deben ser recluidas por narcotráfico”, aseguró. En 16 años las cifras de detenidos por estupefacientes se duplicaron. Pasaron de 2 094 a 4 217 reos (ver infografía).

Hasta mayo del 2007, en el país había 17 667 detenidos, de ellos apenas 6 417 tenían condena y 11 250 estaban procesados.

Aunque no conoce cuántas detenidas hay en la Cárcel de Mujeres, Martha sí sabe que muchas de sus compañeras están recluidas por consumidoras o ‘mulas’. “La mayoría no tiene sentencia”.

El delito es más común entre las mujeres. En el 2005, por ejemplo, por estos delitos fueron apresadas 914 mujeres, que es el porcentaje más alto en relación con otros delitos. En el caso de los hombres, en cambio, ese año había más recluidos por delitos contra la propiedad (3 861); y por posesión de estupefacientes 3 303 reos.

Según un informe de la revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana Urvio, la criminalización por drogas es un factor que ha elevado, en gran medida, el número de personas privadas de su libertad en el país. En la Cárcel de Mujeres de Quito, el 16 por ciento de las presas incursionó en el tráfico internacional de drogas; el 13,4 se dedicaba al tráfico nacional y regional; el 13,1 por ciento fue detenida por consumo (a pesar de la despenalización desde 1998) y el 27,5 por ‘mula’, según una encuesta realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)

“Muchas compañeras son utilizadas por los verdaderos culpables, esos que van de terno y corbata, que se valen de la pobreza y las necesidades de las personas para inducirlas a cometer delitos”, comenta Martha.

Para Arteaga el problema es que no se puede otorgar la misma pena para un consumidor, una ‘mula’ o un narcotraficante. Él afirmó que dentro de las cárceles deberían estar únicamente quienes han cometido un delito o quienes hayan atentado contra la sociedad, pero no quienes sufren de alguún tipo de adicción.

La catedrática Johanna Pesántez coincide. Asegura que en el país no existe una cantidad de droga considerada dentro del consumo mínimo aceptado. “Para esto se debería hacer un estudio científico que señale una cantidad mínima apta para el consumo; esto permitiría considerar si una persona es consumidora”.

Pesántez no cree que el hacinamiento se deba a la “criminalización de la droga”, sino por el mal manejo del sistema judicial.

Máximo Ortega, actual director de Rehabilitación, dijo que uno de los propósitos del Decreto de Emergencia Carcelaria, firmado el pasado 24 de junio, es frenar el hacinamiento, dando agilidad a los procesos judiciales y construyendo nuevas prisiones.

El funcionario afirmó que estas cárceles tendrán una capacidad para 500 personas y estarán ubicadas fuera de zonas pobladas.

Para Martha esa no es la única solución. “El Gobierno también debería ver que nosotras queremos cambiar. Que nos ayuden con las rebajas ganadas y no regaladas”. Esa es una de las razones por las que participa en diferentes talleres. “Quiero ser alguien y no cometer los mismos errores que cuando estaba afuera”.

Entrevista

Bolívar Cisneros
Comandante de la Policía

‘La droga genera violencia’

La lucha contra la droga ha sido exitosa, pero ha llenado las prisiones de pequeños vendedores, ‘mulas’ y hasta consumidores

Lo que más se toma en cuenta es el número de detenidos, pero la Policía ha desarticulado grandes bandas de narcotraficantes y desmantelado laboratorios de procesamiento de coca. Ha caído gente que lideraba las organizaciones, no solo son los vendedores de barrio.

¿Estaría de acuerdo con un indulto para las ‘mulas’ o pequeños vendedores?

No, porque la droga genera una espiral de violencia.

¿Por qué?

La droga crea una dependencia y provoca la violencia, por que también está involucrado el dinero. Por ejemplo, un pequeño expendedor de droga puede atentar contra la vida de una persona por el simple hecho de que no le pagó. Por dos gramitos se puede asesinar a una persona. Entonces, la droga genera una espiral de violencia que debe ser controlada.

Fuente Diario El Comercio.

El Presidente denunció que la semana pasada 18 diputados intentaron extorsionarlo. Señaló que César Alonzo Mora, en representación de 17 legisladores, pidió una reunión con él. Entonces envió a un capitán de la Policía, que se hizo pasar como su asesor, para entrevistarse con él.

Según el Jefe de Estado, el diputado le dijo al supuesto asesor que, a cambio de aprobar el proyecto de reforma financiera, tenían que darles cargos públicos como la Dirección Nacional de Hidrocarburos “para poder seguir contrabandeando gas”, la Vicepresidencia de Petroecuador, la Presidencia de Andinatel y la Dirección Provincial de Salud del Guayas.

También, mencionó que Emperatriz Espinosa ha acumulado riquezas en solo cuatro meses que lleva en el Congreso. “Hubo tarifa”, denunció, para no aprobar la ley anticontrabando y para no pasar en su totalidad la ley bancaria. Por eso insistió que la Asamblea del 30 de septiembre tendrá que disolver el Congreso, porque no sirve para nada.

Anunció que mañana se presentará a la Fiscalía las pruebas de su acusación. Pero Alonzo negó haberse reunido con un asesor del Presidente y está dispuesto a abrir sus cuentas. El titular del Congreso, Jorge Cevallos, anunció que convocará a una sesión extraordinaria para conformar el Comité de Excusas, e investigar el caso.

Correa también atacó a Nebot. Recordó que en la cooperativa Balerio Estacio, en Guayaquil, firmó el decreto de la tarifa de la dignidad y mostró una planilla de 30.000 dólares, que según él es una deuda ilegal como tantas otras que creó la Categ. “Donde estaban los mismos pelucones de siempre vinculados al PSC.

Esas deudas ilegales serán eliminadas. Hoy estamos transformando la Categ en Udelec. Y, a pesar de que en el directorio está Nebot, ya hubo periódicos que salieron a decir que el Gobierno le quitó la empresa eléctrica a Guayaquil. Nebot solo quiere la troncha, lo que le dé billete”, dijo. Pero si quiere Udelec, acotó, se lo damos para que lo administre el Municipio.

También negó la escasez de gas y dijo que destituyó al director Nacional de Hidrocarburos por sostener que se debe eliminar el subsidio eléctrico
Fuente Diario Expreso.

Según el Primer Mandatario, los legisladores fueron sorprendidos por un capitán de Policía encubierto que se hizo pasar como un asesor del Gobierno.
En su habitual rueda de prensa, que estaá vez fue desde Cañar, explicó que el legislador César Alonso Mora, a nombre de 18 diputados del bloque denominado Dignidad Nacional, solicitó cargos en entidades públicas a cambio de votar a favor de la llamada ley de justicia financiera, que entre el martes y el juevces fue tratado en el Congreso.

En la cadena radial, el Primer Mandatario identificó a 17 de los 18 parlamentarios por sus nombres: Rodrigo Alonso, Romel Chávez, Emperatriz Espinoza, Claudia Jijón, Rodrigo Bautista, Jorge Alarcón, Jorge Moroto, Carmen Espín, Fausto Mora, Rosa Neira, Gladis Flor, Marcelo Totoy, Olmedo Zapata, Julio Verduga, Carlos Guanatasín, María Álvarez y Laura Vimos.

Relató que tras recibir la solicitud para acudir a una reunión personal con el mencionado diputado envió a un oficial de policía encubierto como si fuera un asesor presidencial para escuchar la propuesta que incluía pedidos de altos cargos en empresas estatales como la petrolera Petroecuador, de telecomunicaciones Andinatel, y en la Dirección de Hidrocarburos, entre otras.

“Lo que no sabía este señor (el diputado Alonso) es que mi supuesto asesor era un capitán de Policía, y tenemos las pruebas que el lunes serán entregadas a la Fiscalía para meter presos a estos corruptos”, añadió el jefe de Estado.

Correa aseguró que el episodio es la evidencia del manejo al que están acostumbrados los legisladores, por lo que reiteró que una asamblea nacional que debe elegirse el 30 de septiembre tendrá que disolver el Congreso, que no sirve para absolutamente nada y tiene altas dosis de corrupción”.

Explicó que ha dado instrucciones a los funcionarios de su gobierno para actuar ignorando al Poder Legislativo.

El titular del Congreso, Jorge Cevallos, calificó de “graves” las denuncias y aseguró que espera que el lunes la denuncia también se formalice en el Congreso.

Anunció que en esta misma semana procurará que se integre el Comité de Excusas y Calificaciones para analice los casos. “Lo importante es que ha dado nombres y no ha caído en generalizaciones, que es perjudicial para la democracia”, dijo.

César Alonso, uno de los implicados en la denuncia, rechazó las acusaciones del Primer Mandatario. Asimismo, aseguró que no ha tenido ningún acercamiento con los ningún funcionario del Gobierno. A los otros legisladores aludidos no fue posible identificarlos, pues permanecieron con los celulares apagados.

Otros puntos

El presidente Correa insistió en que el puente de la Unidad Nacional es de todos. Por esto crítico al alcalde Nebot, por querer un puente solo para los “pelucones “

Las autoridades de Cañar solicitaron al Régimen la entrega de 30 millones de dólares para vialidad y otras obras en la provincia. El mandatario elDecreto para la reconstrucción de los caminos.
Fuente Diaro El Comercio.

A cambio de votar a favor de la denominada Ley de Justicia Financiera (Ley para regular el costo máximo del crédito) presentada por el Ejecutivo, 18 diputados solicitaron al presidente Rafael Correa puestos en empresas estatales.

Así lo afirmó ayer el mandatario, quien en su cadena radial sabatina dijo que el lunes enviará a la Fiscalía General del Estado las pruebas.

Según Correa, el legislador César Alonzo, ex integrante de Sociedad Patriótica (SP), le pidió conversar directamente pero él le envió en su lugar a un supuesto asesor que recibió la propuesta irregular.

Agregó que Alonzo no sabía “que mi supuesto asesor era un capitán de policía y tenemos las pruebas y el lunes serán entregadas a la Fiscalía para, Dios mediante, meterles presos a estos corruptos”, agregó.

Los legisladores y legisladoras a los que Alonzo dijo representar, según el mandatario, son Romel Chávez, Emperatriz Espinoza, Claudia Jijón, Rodrigo Bautista, Jorge Alarcón, Jorge Moroto, Carmen Espín, Fausto Mora, Rosa Neira, Gladis Flor, Marcelo Totoy, Olmedo Zapata, Julio Verduga, Carlos Guanatasín, María Álvarez y Laura Vimos. Le faltó mencionar un nombre más.

Para ellos, según el Jefe de Estado, pidió la vicepresidencia de Petroecuador, la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la presidencia de la telefónica Andinatel, la dirección provincial de salud de Guayas y el directorio de Hidronación.

El mandatario señaló que “dispuso a su gabinete que hiciera como si el Congreso unicameral no existiera” y reiteró que de obtener la mayoría en la Asamblea Constituyente ordenará “disolverlo”.

El diputado Alonzo, en tanto, negó la acusación de Correa. “De ninguna manera he pedido cita con el presidente Correa, ni me he reunido con uno de sus asesores; eso me tiene sin cuidado. Si tiene pruebas que las presente, en todo caso desconozco ese tipo de reuniones con asesores presidenciales”, dijo.

Alonzo aseguró que nunca pidió cargos a su favor ni a nombre de los 18 legisladores a los que se refirió el Jefe de Estado ayer. En caso de haber solicitado algo al Gobierno hubiera pedido que se atienda a la provincia del Guayas, de que se cumpla con los campesinos y agricultores, señaló.

“Yo no me he reunido con ningún asesor del Presidente de la República, con ningún capitán de la Policía; yo estoy seguro de lo que estoy diciendo”, precisó Alonzo, quien anunció que está recopilando pruebas para demostrar cómo el Gobierno tiene emisarios en el Congreso que presionan para que voten por sus proyectos.

El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, se mostró sorprendido por la afirmación de Correa, pero destacó que haya precisado nombres de los supuestos responsables.

Anunció que luego del 13 de julio convocará a un periodo urgente para integrar el Comité de Excusas y Calificaciones con el fin de procesar la denuncia del Primer Mandatario.

Fuente Diario El Universo.