En su programa semanal de radio, el mandatario restó credibilidad a la empresa de mediciones Cedatos-Gallup y mencionó otras estadísticas según las cuales el respaldo al gobierno se sitúa por encima del 80%.

“Ya empezaron con la guerra sicológica de encuestas: que el presidente ha bajado al 63% y publican la encuesta de Cedatos. Si saben de quién es esa empresa. De Polibio Córdova, mano derecha (del ex presidente y dirigente opositor) Lucio Gutiérrez”, afirmó.

Según Correa, esa encuestadora “es tremendamente incompetente o juega un rol político y los medios le siguen dando cobertura”. “La popularidad del Gobierno y el apoyo todavía siguen en un 85% o en un 89%. Lo dicen incluso revistas de oposición”, comentó.

El jefe de Estado criticó severamente la divulgación de charlas de sus funcionarios grabadas ilegalmente, pero reiteró que “tomará medidas” para parar la que llamó “incompetencia, falta de profesionalismo, descomposición de algunos sectores de la prensa ecuatoriana”.

Correa aseguró que “ciertos diarios y medios están contra el gobierno” y quieren provocar incidentes con él. “Pero para evitar eso ya no vamos a dar ruedas de prensa, sino vamos a hacer como se hace en Estados Unidos, en la gran mayoría de países, donde se supone que sí se respeta la libertad de prensa: que el presidente responde preguntas por escrito”, sostuvo.

El mandatario citó una conferencia del ex primer ministro Blair el 12 de junio, en la que según él llamó “bestias salvajes a los periodistas” y dijo que en adelante empleará ese mismo calificativo.

“El miedo a perderse algo hace que los medios de hoy más que nunca cacen en manada. Son como bestias salvajes, haciendo añicos la gente y su reputación. Así los vamos a llamar de aquí en adelante. Esto lo dice Tony Blair, no lo dicen ni (los presidentes) Hugo Chávez o Fidel Castro”, manifestó.

Correa advirtió que los medios ecuatorianos “tienen un rol terrible, están con el poder” y van a tratar de seguir desgastando al Gobierno antes de la elección de la Asamblea que redactará una nueva Constitución.
Fuente Diario El Comercio.

TC RESOLVERÁ
Amador explicó que ahora corresponde al TC establecer si es o no constitucional la conformación del directorio de la CTG.
Para ello, si la demanda es admitida, deberá esperarse los alegatos que presente a su favor el organismo de control de tránsito.
La demanda fue recibida la mañana de ayer en el despacho del secretario general del TC, Arturo Larrea. (MP)
Fuente Diario Extra.

Cevallos estuvo al frente de dicha Secretaría -de junio a diciembre del 2004- en la época de Lucio Gutiérrez.

Según un estudio de Infomedia del Grupo Ibope-Time Ecuador, el régimen ha gastado un millón 22 mil dólares en propaganda oficial en los cinco m eses que lleva en el poder.

Cevallos, aunque no recordó el presupuesto para publicidad que invirtió, dijo que fue mucho menor a 500 mil dólares. Sostuvo que si bien existen otras herramientas para dar a conocer lo que hace un Gobierno, mucho mejor es utilizar la potencia de los medios.

Otros mecanismos
Pero el también ex secretario de Comunicación, economista Carlos Cortez, tiene una visión distinta, señala que si existen otros mecanismos para resaltar la gestión de un Gobierno.

Cortez, quien asumió la Secretaría por cerca de tres meses en el Gobierno de Alfredo Palacio, indicó que la manera de comunicar fue a través de las declaraciones de los ministros y del propio Presidente.

Sin embargo, dijo que al Gobierno se le obliga a hacer uso de avisos pagados para difundir su accionar. “Yo me preocupé de cubrir la deuda que me dejó el Gobierno anterior que ascendió a un millón 500 mil dólares y logré pagar 200 mil dólares”, expresó.

PC y CONARTEL sin injerencia
José Valencia, director de Participación Ciudadana (PC), comentó que se iniciará el monitoreo de publicidad electoral posiblemente dos semanas antes del 13 de agosto que estaba previsto.

De esta manera, indicó que su accionar no tendrá efecto retroactivo. Y más bien, expuso que su trabajo se remitirá a las franjas publicitarias y a la publicidad ilegal cuando ya se emita la orden del TSE para realizar ese control.

No obstante, mencionó que a la Contraloría le compete revisar el gasto público efectuado por el Ejecutivo. Fuentes del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), también indicaron que este organismo no tiene competencia en cuanto a la propaganda política que emite el Régimen.

Los gastos
Según estudio

• Un millón 022 mil 030 dólares fueron pautados en los distintos medios de comunicación desde el 15 de enero a mayo de este año, según Infomedia, del Grupo Ibope-Time Ecuador.

• En televisión habría gastado 763 mil 463 dólares; en medios impresos 151 mil 004 dólares y en radios 97 mil 314 dólares.

• En suplementos o revistas se habrían gastado 10 mil 248 dólares.

Fuente Diario La Hora.

“No nos preocupa, porque más allá de eso es evidente que este es un gobierno que tiene una alta aceptación porque incluso si fuese verdad ese 62% al que se refiere Cedatos Gallup, es una cifra muy alta”, dijo el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea.
Tras alcanzar un pico histórico del 76% en abril, el apoyo a Correa descendió en los últimos dos meses hasta situarse en el 62%, señaló el miércoles la encuestadora Cedatos Gallup, que entrevistó a 1.456 personas entre el 22 y 25 de junio.

“Tampoco nos preocuparon los sondeos que una semana antes de la consulta (que aprobó la convocatoria a la Asamblea) decían que había un empate entre el sí y el no. La verdad es que les dimos una paliza y el pueblo quiso ir a la Constituyente”, señaló Larrea.
Fuente Diario Extra.

Mientras uno de los tres guías que vigila el lugar insiste en que abandone la celda, que no supera los 40 metros cuadrados y donde, desde una rendija de metal se puede divisar el patio, Amaya solo atinaba a juntar sus manos para agradecer al Todopoderoso.

Al fin su ex conviviente había aceptado los 1.200 dólares, que su familia obtuvo a través del préstamo a un chulquero.

Su silueta se perdió por el angosto y frío pasillo que da paso a la primera de las dos puertas de metal del reclusorio. Atrás quedaron 15 presos, trece de ellos, detenidos también por demandas de alimentos a sus hijos.

Aunque la cifra no resulta alarmante, una investigación realizada por EXPRESO en los cinco juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (CSJ-G)revela que cada despacho emite a diario entre 4 y 5 boletas de apremio (detención) para hacer cumplir el pago de una pensión alimenticia, en el 90% para menores.

La institución no cuenta con estadísticas que señalen con exactitud cuántas boletas se han girado en ese sentido, en lo que va del año, ni cuántas personas están detenidas por incumplir la disposición judicial. No obstante, de acuerdo al talonario proporcionado por cuatro de los cinco juzgados de la Niñez se establece que, hasta el 6 de junio se despacharon alrededor de 2.250 órdenes de detención contra padres que no han cumplido con sus hijos.

Según el juez segundo, Carlos Díaz Barreno, el artículo 141 del Código de la Niñez establece las causas por las que se giran las boletas contra el alimentante.
Así, establece que si el demandado no ha pagado de dos o más pensiones, se ordenará su arresto hasta por diez días. En caso de reiteración, el plazo se extenderá hasta por 30 días.

“Si el monto de lo adeudado corresponde a más de un año de pensiones de alimentos, la libertad procederá con el pago íntegro de lo adeudado”, reitera Díaz Barreno.
Un acuerdo o una garantía

El artículo 144 del mismo cuerpo legal señala que el apremio y las prohibiciones contra el demandado podrán cesar si este rinde una garantía real o personal que el juez estime suficiente. El garante o fiador estará sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que el deudor principal, en caso de que no cumpla con lo pactado.

“Es decir que él puede dejar en prenda algo y salir en libertad o llegar a un acuerdo con la actora”, puntualiza el juez.

Pero para Luckay, un biólogo sesentón que, hasta el pasado 5 de junio, seguía privado de su libertad desde hace 8 meses, la solución a su problema no es tan fácil. Hasta ese entonces, no podía conseguir los 9.500 dólares que le exigía su ex esposa, argumentando que no le pasaba la pensión de sus dos hijos.

Luckay decía no entender la actitud de su ex cónyuge. Según él, cumplía religiosamente una pensión de 200 dólares mensuales por cada vástago. Pero su gran error, aseguró, fue no entregar el dinero ante un juez.

El temor de este profesional era perder su trabajo en una empresa petrolera, pues la licencia de permiso estaba por fenecer.

“No sé dónde sacar el dinero. Mi familia vive en el Oriente”, expresaba mientras trataba de ganarse unos cuantos dólares alquilando su teléfono celular a los internos del CDP.
Su compañero de cama es N. Cruz, quien debe cancelar a su familia la misma cantidad de Luckay. Lo irónico e increíble de su caso es que fueron sus dos hijos mayores quienes lo demandaron “porque nunca veló por ellos desde niños”.

A un metro está Johnny N., quien tiene más de 40 días detenido, también por un juicio de alimentos, lo que le costó perder su empleo de mecánico. Dice que su ex mujer le pidió primero 3.000 dólares para concederle la libertad, pero luego fueron $ 6.000 y ahora es una casa y un terreno.

Jimmy N. también tiene su historia. Está detenido hace más de un mes y, al igual que otros compañeros de celda, teme quedarse más tiempo en el CDP. Ya perdió su empleo y su familia no consigue el dinero. “Me quedé sorprendido cuando me detuvo un policía, pues mi ex desapareció hace dos años con mis dos hijos para luego aparecer con la boleta”, dice. Para salir debe pagar 4.500 dólares. (PVC-JPZ)

“Ellos no responden por falta de empleo”

Para el juez tercero de la Niñez y Adolescencia de la Corte de Guayaquil, Nixon Ruiz, más que irresponsabilidad es la falta de plazas de trabajo lo que le impide a muchos padres a cumplir con el pago de las pensiones alimenticias.

“Si el padre está desempleado, obviamente no tiene cómo hacer frente o responder a esas obligaciones y le cae el peso de la ley, lo que se torna a más de un problema social en uno legal, con consecuencias de mantenerlos en la cárcel”, explica Ruiz.

El funcionario judicial señala que muchos de los demandantes se quejan de no tener una oportunidad de trabajo que les permita llevar un mendrugo de pan o cumplir con todas sus obligaciones paternales. No obstante, comenta que otros en cambio, pese a tener las posibilidades económicas no velan por sus hijos.

De allí que recuerda la ley otorga a las madres el derecho de reclamar por sus hijos a través de una demanda.

Una vez que se inicia la acción y si el padre incurre en una mora alimenticia de dos mensualidades, la demandante podrá concurrir donde el juez, para que le otorgue la boleta de apremio, en base al informe que emita la Pagaduría del juzgado.
Si se hace efectiva la orden, el hombre estará preso hasta cuando se ponga al día o llegue a un acuerdo con la madre de sus hijos.

A decir de una de las pagadoras de la Niñez, la mayor parte de las boletas de apremio se giran en fechas como Navidad y fin de año. (PVC)

Fuente Diario Expreso.

En las cuatro últimas semanas, las prácticas de espionaje se han hecho públicas. Primero fue la aparición de un video de una conversación entre el ministro de Economía, Ricardo Patiño, con miembros de la empresa Abadi.

Después, fueron difundidas las conversaciones telefónicas del presidente de la Corte, Jaime Velasco, con políticos.

German propuso la inclusión de tres agregados después del artículo 202 del Código. La reforma sugerida por el Fiscal habla sobre la intercepción de telecomunicaciones. “El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro procure la interceptación de sus telecomunicaciones, por medios técnicos de escucha, grabación o reproducción del sonido o de la imagen será reprimido con reclusión de tres a seis años y multa de 500 a 1 000 dólares”. La norma aclara que se dará el máximo de la pena si quien comete la pena es un funcionario público.

German también sugirió que se incluya un inciso en el artículo 202 sobre la revelación de información. Y propone la prisión de dos a cinco años y multa de ocho a 156 dólares “a quien de cualquier forma utilice, comunique o publique el ilegal resultado de la interceptación de las telecomunicaciones para beneficio suyo o de un tercero”.

La tercera reforma que impulsó German (artículo 202, inciso 5) tiene que ver con el abuso de dispostivos. Esta señala que “el que para cometer las infracciones determinadas en los artículos anteriores compre dispositivos, contraseñas o códigos de acceso con el fin de sean utilizados para la comisión de delitos serán sancionados con prisión de seis meses a dos años”. Pagará una multa de 500 a 1000 dólares.

La propuesta debe ser analizada por la Comisión de lo Civil y Penal del Parlamento. El ente debe revisar la viabilidad de la propuesta y enviarla al Pleno.
Fuente Diario El Comercio.

Mientras en Guayaquil se resolvían las bases de referencia para hacer el estudio técnico sobre el tráfico en el puente de la Unidad Nacional, en Quito el Ejecutivo envió al Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad que impugna la conformación de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG).

La demanda, que fue anunciada la semana anterior por el Mandatario luego de la pugna por el paso de los transportistas interprovinciales por el mencionado puente, fue presentada ayer en la mañana por los abogados del mandatario Rafael Correa, Alexis Mera Giler y Gustavo Amador Delgado.

La acción pide declarar inconstitucionales los literales d) y e) del artículo 4 de la Ley Sustitutiva a la Ley de Creación de la CTG (referentes a la integración del directorio). Según la demanda esos artículos violan las normas constitucionales que determinan el derecho de igualdad ante la Ley y consagran la democracia como sistema de gobierno.

Al momento, según Gustavo Amador, el directorio de la CTG incluye como sus miembros al presidente de la Junta Cívica de Guayaquil y al representante de las Cámaras de la Producción, pese a que ese ente debería integrar a los representantes de los 28 cantones de Guayas.

Según la demanda, que se dirige contra el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, el actual directorio de la CTG deja sin representación al 96% de Guayas y “concede una excesiva y corporativista participación a un cantón”.

Si bien la CTG tiene entre sus miembros al prefecto de Guayas al alcalde de la capital de esa provincia, añade el texto, integra a dos miembros de grupos privados que representan solo a uno de los 28 cantones de la provincia.

Al respecto, el director Ejecutivo de la CTG, Ricardo Antón, manifestó ayer que se enteró de la noticia por los medios de comunicación, pero que todavía no ha recibido el documento.

Lo mismo expresó Alberto March, vicepresidente de la Junta Cívica y miembro alterno de la CTG, quien afirmó que están esperando que la demanda les sea entregada.

No obstante, consideró que el Gobierno está utilizando este recurso como “un bypass para intervenir en una entidad autónoma”. Explicó que ante esa decisión el Congreso tendría que reformar la ley sustitutiva de la CTG, lo que tomaría aproximadamente unos nueve meses.

“Si el nuevo TC, afín al Gobierno, declara la inconstitucionalidad, nos preguntamos; ¿Va a quedar acéfalo dicho organismo? ¿Qué pasa con la representación, por ejemplo, de las FFAA en ese y en otros directorios? ¿No es igual de inconstitucional? ¿Por qué el Gobierno no empieza por reestructurar el Consejo Nacional de Tránsito, donde los transportistas ahí sí inconstitucionalmente se autocontrolan al igual que los políticos en el TSE”.

Aseguró también que la Junta Cívica no se aferra al directorio y que fuera o dentro de él seguirá defendiendo la autonomía de la CTG.

Demanda
El abogado del Gobierno presentó la demanda ante el secretario del TC, Arturo Larrea. Ahora esta debe pasar a la Sala de Admisión y Calificación del Tribunal Constitucional para ver si cumple los requisitos legales. Posteriormente el caso será sorteado entre las tres salas del Tribunal, para saber cuál de ellas conocerá el tema.
Fuente Diario El Universo.

Ayer, en el interior del DN se registraron problemas que pusieron en duda su cohesión con 22 diputados. De ese grupo, ocho mantienen distanciamientos con el resto de los miembros del bloque. Están encabezados por Marcelo Totoy.

Las discrepancias se hicieron visibles desde la semana anterior, después de las acusaciones que recayeron sobre varios de los integrantes del bloque, quienes no respaldaron la Ley de Soberanía Energética, que fue enviada al Parlamento desde la Presidencia de la República.

Aunque el bloque mantiene en reserva su situación interna, uno de sus miembros reconoció que existe el problema y que los ocho distanciados no votarían por la censura del Superintendente de Bancos, así como tampoco respaldarían el allanamiento al veto impuesto por el Ejecutivo a la Ley de Regulación del Costo Efectivo del Crédito.

Con la posición de este sector, ayer se puso en duda que el Congreso consiga los 51 votos que constituyen la base para destituir al Superintendente de Bancos. Hasta el jueves pasado, esa situación no preocupaba a los sectores que impulsan el juicio, ya que aseguraban contar con 54 votos por la censura, pero asumiendo la unidad del DN.
Los votos provendrían del MPD, ID, PK, PRE, Socialista, NP, ARE, RED y DN. Pero la ruptura haría que no se pueda contar con más de 46 votos.

Por ello, desde ayer el jefe de DN, Miguel Castro, junto con varios de sus diputados más cercanos, intentó reconstituir el bloque original.En este intento intervinieron, también, legisladores de otros sectores como el jefe del grupo de Pachakutik, Ramssés Torres, y Gustavo Terán, del MPD. Justamente, este último es uno de los interpelantes de Vergara, junto con el socialdemócrata John Argudo.

En conjunto, lo acusaron de negligencia en el desempeño de sus funciones, de haber perjudicado a los depositantes, así como de haber difundido rumores sobre una supuesta crisis del sistema financiero del país.

Una vez cumplidos todos los requisitos del proceso, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, decidió fijar para el miércoles la fecha en que Vergara deberá presentarse ante el pleno para la sesión de interpelación. Aún no se conoce cuál será la posición de bloques como PSC, Prian y PSP, cuyos diputados han preferido mantenerse distantes del caso. (FGC)

Fuente Diario Expreso.

Ayer, el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, aseguró que esas declaraciones de Carrión fueron una “exageración verbal”.

“Quien toma decisiones es el Presidente de la República”, puntualizó ayer Larrea, durante una entrevista con Ecuavisa.

Según el ministro Larrea, se trató de “una exageración verbal y nada más que eso, desafortunada y nada más que eso. Una alegoría desafortunada”.

En ese sentido, añadió que el diálogo difundido es un “tema secundario” de poca importancia para la vida política nacional.

De este modo, el Ministro de la Política intentó restarle importancia a la cinta difundida por diario Hoy, en la que Raúl Carrión sostiene un diálogo con colaboradores de la campaña electoral.

En ese video, Carrión aseguró: “Lo que yo he ordenado hace el Presidente”.

Asimismo, en la grabación, el titular de Deportes recriminó a sus interlocutores por haberse peleado con él y se califica a sí mismo como “uno de los dueños del circo”. “Rafael Correa me quiere”, dice Carrión a quienes participaron en esa reunión. Es más, les advierte sobre la amistad que le une al Primer Mandatario.

“Somos amigos, como hermanos (…), hasta estratégicamente es una estupidez pelearse con uno de los dueños del circo”, dijo Carrión en la grabación.

Este es el tercer video que ha puesto en situaciones incómodas a colaboradores del Gobierno.

Entre mayo y junio se divulgaron dos videos protagonizados por el ministro de Economía, Ricardo Patiño. En el primero, se exhibe una reunión con agentes de la empresa Abadi&Co, en la que se discuten procedimientos irregulares para el pago de la deuda.

En la segunda cinta, Patiño aparece con el titular de la Legislatura, Jorge Cevallos. En ese encuentro, realizado el 12 de febrero, Cevallos explica a Patiño el avance de la consulta popular.

A esa reunión también asistió el diputado manabita Jaime Estrada. Ambos legisladores pidieron al Ministro que agilite los trámites para que se concrete el proyecto de riego Carrizal-Chone.

Según Patiño, acudió a esa cita en calidad de secretario ejecutivo del movimiento Patria Altiva y Soberana (País) de Rafael Correa y con el conocimiento de Larrea. El Ministro de Gobierno negó haber conocido de ese encuentro.

Según la última encuesta de Cedatos, la aparición del último video de Patiño fue uno de los factores que afectó la popularidad y credibilidad de Correa.

El nivel de aprobación de la gestión de Correa se ubicó en junio en el 62 por ciento, mientras que su credibilidad se ubicó en 54 por ciento. Es decir, cinco y ocho puntos menos con relación a mayo.

En Ecuadoradio. Larrea minimizó la caída de Correa. “No nos preocupa, porque más allá de eso es evidente que este es un Gobierno que tiene una alta aceptación”.

Fuente Diario El Comercio.