“Con esas demostraciones lo que hace el Presidente es sacarse la máscara e ir hacia una dictadura”, señaló el diputado Luis Almeida, de Sociedad Patriótica (SP).

Según el dirigente, las declaraciones de Correa fueron interpretadas por varios legisladores como “una preocupante amenaza que podría ser sancionada”.

“Es un claro llamado e insinuación a desestabilizar la democracia y eso es penado. Creo que con sus declaraciones, Correa puso un pie fuera de la democracia y eso tendrá que discutirlo el Parlamento”, agregó.

Irritado por el rechazo a los proyectos para reducir el costo del crédito y combatir el contrabando de combustible, Correa consideró ayer que la Asamblea Constituyente que será elegida en septiembre “va a tener” que disolver el Congreso” unicameral.

El mandatario, quien también pondrá su cargo a consideración de la Asamblea, recordó que en campaña se había declarado partidario de que el Congreso continuara fiscalizando mientras funcionaba el órgano deliberativo, pero que la actuación de los legisladores lo obligó a cambiar de posición.

Al mismo tiempo convocó a nuevas movilizaciones para presionar en favor de la aprobación de sus iniciativas, reavivando la pugna entre poderes que había mermado tras la destitución, en marzo, de 57 diputados de oposición por un controvertido fallo electoral.

“Si el Congreso se disuelve, prácticamente estaríamos consolidando el partido totalitario de Correa y sería un grave error que la oposición no puede permitir”, indicó por su parte Ángel Yánez, diputado del Partido Social Cristiano (PSC).

El dirigente invocó en declaraciones a la AFP la unión de las fuerzas políticas para “defender la institucionalidad del Congreso y la democracia”.
Fuente Diario El Universo.

El escenario para ello fue el Centro de Rehabilitación Social de Varones Número 1 de Quito, donde en la tarde de ayer se reunieron el presidente de la República, Rafael Correa; el fiscal general, Jorge German; el comandante de la Policía, Óscar Cisneros; el presidente de la Corte Suprema, Jaime Velasco; la ministra de Bienestar Social, Jeanette Sánchez, y las autoridades de Rehabilitación Social.

El decreto crea una Unidad Transitoria de Gestión, para contratar defensores públicos, que agilicen las causas de presos sin sentencia.

El Gobierno espera que en 24 meses no haya un preso sin sentencia en las cárceles ecuatorianas. También se decretó que se realice una revisión de los casos de los presos que por su estado de salud y edad no deben estar en las cárceles.

Con este decreto el Gobierno se comprometió a impulsar el proyecto de regulación de libertad controlada y libertad condicionada. El mejoramiento de los servicios básicos de los 38 centros penitenciarios del país es otro de los puntos del decreto.

Rafael Correa ordenó una auditoría financiera al sistema de rehabilitación social. La emergencia se va a atender con recursos del Fondo de Ahorro y Contingencia (FAC) aunque, ayer, no se especificó el monto de que se destinará.

El director de Rehabilitación Social, Másimo Ortega, reiteró que la principal preocupación de las autoridades sigue siendo el hacinamiento en las cárceles:en los 38 centros penitenciarios existen 16.500 detenidos cuando la capacidad es para tan solo 8.000 presos.

El presidente Correa terminó su visita en la celda No. 13 del pabellón E, en donde estuvo detenido el ex mandatario Eloy Alfaro, hace un siglo. (LCF)
Fuente Diario Expreso.

La emergencia carcelaria fue resuelta por el presidente de la República, Rafael Correa, quien firmó el decreto en el pabellón B, del ex penal García Moreno, ahora Centro de Rehabilitación Social de Varones número Uno.

Durante el la firma del decreto, Correa, explicó que la emergencia consistirá en la construcción de mejores centros de rehabilitación social. Explicó que estas edificaciones serán realizdas fuera de las ciudades donde actualmente se encuentros las cárceles.

El Presidente se comprometió, además, a que en dos años, el Ecuador se convertirá en un país sin presos sin sentencia.

De acuerdo con el Primer Mandatario, en el país hay 16 mil internos y uno 11 mil de ellos están privados de su libertad sin haber sido resuelta su situación en los juzgados.

Al momento, la situación en los centros penitenciarios del país es crítica, ya que se encuentran afectadas por el hacinamiento y también por las denunciadas mafias que delinquen en el interior de las cárceles.

Con este medida, unos 800 de los cercas de mil 300 presos colombianos podrían ser repatriados para que terminen con sus condenas en su país. Se acogería a esta disposición, quienes hayan purgado la mitad de su condena. En su mayoría, los presos colombianos están condenados por narcotráfico.

Según la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, las cárceles ecuatorianas tienen una capacidad para 6.500 personas, pero en ellas están 16.250, de los cuales hay 9.591 internos sin sentencia.

Fuente Diario La Hora.

No siente temor, menos respeto. En cuanto ve a un oficial de tránsito, su rostro, blanco por el tipo de piel que posee, se transforma y toma tonalidades rojas.

La responsable del cambio es la ira que siente al recordar las veces en que los vigilantes de la Comisión de Tránsito lo han hecho pasar malos ratos, según él, “sin tener culpa alguna”.

Pese a los momentos desagradables que ha pasado, afirma que nunca ha dado una coima a los vigilantes, “ya que eso sería premiar la sinvergüencería de parar a un conductor en vano, solo para conseguir un billetito”.

Como él piensa el 24% de guayaquileños, quienes aseguran que nunca han dado una coima u observado una extorsión a los vigilantes de tránsito.

Eduardo Patiño, por el contrario, piensa distinto. El conductor, de 36 años de edad, asegura que es mejor “aflojar un billete de 5 dólares” que ir hasta la CTG a pagar una multa. “Yo creo que más de la mitad de los conductores de la ciudad, en algún momento, le pasaron para las colitas a los vigilantes…

Es que ir a cumplir con el trámite de pagar es un problema”, dice.
Y no se equivoca: según la encuesta telefónica semanal que realiza este Diario, el 74% de los 405 consultados acepta haber dado o visto dar una coima a los vigilantes, alguna vez en su vida.

Si bien el número es elevado, también existen uniformados que respetan la institución a la que pertenecen y que dicen no a las coimas. Incluso, como una forma de castigo para la mala costumbre de dar dinero para lograr el perdón de una infracción de tránsito, hay casos de vigilantes que han sancionado duramente a los conductores.

Una persona que aprendió la lección, aunque por poco tiempo, fue María Gracia Sandoval. El incidente, recuerda, se dio mientras circulaba por la calle Carchi, en la intersección con Primero de Mayo: ella no se percató de la luz roja del semáforo y por poco causa un accidente.

“El error fue mío. Iba hablando por el celular y nunca vi la luz. Media cuadra más adelante me detuvo un vigilante y me reprendió por la infracción. Para evitarme la multa saqué un billete de 10 dólares para dárselo, pero él me lo rechazó. Desde ese día nunca más intenté coimarlos porque la multa me salió mucho más cara por la intención de sobornarlo”, afirma.

Como ella, el 54% de los encuestados asegura también haber presenciado o haber sido tratado de forma honesta por algún agente de la CTG. Aunque el 42% señala que nunca ha pasado por una situación similar.

Las mujeres, más honestas

En el universo de encuestados las vigilantes son vistas mayoritariamente como menos corruptas que sus compañeros de labores. El 84% de los entrevistados afirmó que las uniformadas son menos corruptibles, mientras que solo el 12% cree que la corrupción se da por igual en ambos géneros.

“Al principio eran muy rectas en su accionar. Ahora ya aprendieron las malas costumbres y siguen sus pasos”, comenta Wilson Segura, de 53 años.
Y es que la Comisión de Tránsito del Guayas es sinónimo de malos hábitos para la ciudadanía. El 78% de los consultados cree que la corrupción está igual o peor en la institución, en comparación con el 2006.
De ese porcentaje, las mujeres son las que critican con mayor severidad a la institución y sus integrantes.

Al consultar a la ciudadanía sobre qué institución podría reorganizar eficientemente a la CTG, hubo división entre quienes creen que el Gobierno (34%), el Municipio (30%) y las Fuerzas Armadas (15%) podrían mejorar a la institución.

“Dudo de que el Gobierno pueda hacerlo, porque en él existe corrupción y cosas chuecas. Por el contrario, el Municipio de Guayaquil o las Fuerzas Armadas sí podrían poner en su sitio las cosas en la Comisión”, asegura el analista de sistemas Xavier Zurita. “Son instituciones que se ganaron la confianza de la gente”, alega. (FPL)
Fuente Diaro Expreso.

“Con esta calidad de Congreso, con la venta de diputados, yo creo que la Asamblea va a tener que disolver el Congreso. Con esta clase de Congreso no se va a poder hacer nada”, señaló el Mandatario en su cadena semanal de radio.
El Gobernante recordó que en campaña había planteado que el Legislativo siguiera fiscalizando mientras la Asamblea legislaba, pero que las recientes actuaciones de los diputados lo hicieron cambiar de opinión.

El 20 de junio pasado, el Parlamento devolvió al Ejecutivo el proyecto de Ley de Soberanía Energética, que se tramitaba como urgente en materia económica. De 69 diputados presentes, 53 aprobaron la moción del roldosista Jimmy Jairala, quien aseguró que, si bien la intención de la norma es positiva, contiene inconstitucionalidades.
Con la decisión del Parlamento, el Ejecutivo deberá revaluar su propuesta con la que intentaba imponer nuevas sanciones al uso y comercio ilícito de combustibles.
Fuente Diario Extra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá advirtió al ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram que, en su calidad de asilado en este país, no puede hacer declaraciones públicas de carácter político, informó ayer una fuente oficial.

Un portavoz de la Cancillería panameña confirmó que Bucaram fue citado el viernes a las instalaciones de ese ministerio, donde autoridades de la política exterior panameña le explicaron las normas que establecen su condición de asilado y las limitaciones que conlleva.

La advertencia al ex presidente se llevó a cabo después de que la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, mantuvo el jueves una conversación con su homólogo de Panamá, Samuel Lewis Navarro, con relación a las declaraciones de Bucaram contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jaime Velasco.

Según Espinosa, las declaraciones de Bucaram del pasado domingo a varios canales de televisión de Ecuador “rompen los compromisos internacionales que existen entre estados en materia de asilo”.

El pasado domingo, Bucaram, asilado en Panamá desde su derrocamiento en 1997, difundió a través de varios canales ecuatorianos, una grabación clandestina de una conversación telefónica entre Velasco y el ex vicepresidente de la República, León Roldós.

Bucaram, líder del roldosismo, acusa de prevaricato a Velasco por considerar que habló con Roldós –su adversario político– sobre juicios en su contra y supuestamente adelantó criterios jurídicos, extremo rechazado por Velasco.

Apoyo

Declaración
El presidente de la República, Rafael Correa, expresó su respaldo a la Corte Suprema de Justicia tras las denuncias del ex presidente Abdalá Bucaram contra el titular de esa función, Jaime Velasco, a quien acusó de prevaricato.

“Vamos a respaldar la estabilidad de la Corte, no se pueden desestabilizar los poderes del Estado”, añadió el Mandatario en su cadena radial de ayer.

Fuente Diario El Universo.

Joffre Leiva Castro Dávila, de 39 años, uno de los ocupantes del balde de una camioneta Datsun que fue impactada por detrás por un auto Audi, murió ayer mientras esperaba atención en la calzada de la vía a Samborondón.

Junto con él quedaron cinco de sus familiares heridos por el percance ocurrido aproximadamente a las 17:00 y que los expulsó de la camioneta.

Quedó también detenido el abogado de la Agencia de Garantía de Depósitos, Eduardo Carmigniani Valencia, ocupante del vehículo Audi y quien, según testigos, conducía.

Inicialmente Carmigniani fue llevado al destacamento policial de Durán y luego a la CTG de la terminal terrestre, donde su prueba de alcohol en la sangre resultó positiva.

Castro Dávila no soportó las lesiones que le provocó el choque y murió en el pavimento contra el que se golpeó fuertemente, pese a que en algunas ocasiones había asegurado que estaba bien. Expiró ante decenas de personas que esperaban impacientes una ambulancia.

La víctima viajaba en el balde de una camioneta Datsun roja, de placas TBA-408, que fue impactada por un auto Audi Quatro rojo, de placas GLX-461.

Según José Imaguaña, testigo del hecho, el Audi iba a exceso de velocidad. Joffre Castro Dávila acababa de retirar dinero de una agencia bancaria en el centro comercial Riocentro de Samborondón. Se dirigía al sector Paraíso de la Flor, en el norte de Guayaquil, junto a Johnny Daniel Pincay Cedeño, de 18 años; John Menéndez, de 26; Rocío Pin, de 27, y Raúl Pin Dávila (el más afectado), quienes quedaron en la calzada. Junto a ellos, una mujer embarazada, que no dio su nombre.

Johnny Pincay, quien sufrió golpes leves, relató que a los pocos minutos “de haber cambiado unos cheques fuimos impactados, todos salimos volando de la camioneta, no nos dimos ni cuenta cuando nos chocaron”.

Carmigniani Valencia fue conducido por varios agentes de la Policía Nacional hasta la Delegación 7 de la CTG, en El Recreo, Durán. “Si no fuera por la gente que vio el choque, los policías lo dejaban ir con sus guardaespaldas”, afirmaba Aracely Castro, hermana del fallecido, quien acompañó todo el tiempo a los uniformados.

Alcoholemia

Positivo
La prueba de alcoholemia dio 1,821 gramos por litro de alcohol en la sangre.

Art. 74 de Tránsito
Será reprimido con reclusión menor de seis a nueve años.

Fuente Diario El Universo.

El viernes pasado, German emitió una excitativa fiscal en la que pide enjuiciar al ex presidente y a sus colaboradores María Luisa y Jorge Luis Tapia y Azucena Brown, a quienes acusó del delito de peculado al haber autorizado la suscripción de un contrato presuntamente lesivo para el Estado entre Andinatel y la empresa Algalite en octubre del 2006.

“En la acusación presentada no se cita ningún texto o declaración que determine alguna participación de Palacio y sus colaboradores en el caso, con lo que queda claro que hay un interés de molestar sus actividades privadas”, expresó ayer su abogado, Joffre Campaña.

El jurista aseveró que existe un informe pericial realizado a pedido del propio ministro Fiscal que indica que no hubo egresos para la ejecución del contrato y, por tanto, no se produjo ningún perjuicio ni el delito de peculado.

El perjuicio a la empresa telefónica ascendería a $ 840 millones. Según la Fiscalía, el contrato se firmó sin la aprobación del directorio de Andinatel o del Fondo de Solidaridad.

Fuente Diario El Universo.

Se detuvo, particularmente, en desnudar lo que tildó de vergüenzas del Parlamento. Y si bien antes dijo que el Legislativo podría seguir funcionando a la par de la Asamblea, ayer se arrepintió, porque “con esta calidad de Congreso, con esta venta de diputados que hemos observado, yo creo que la Asamblea sí va a tener que disolver al Congreso”, anunció.

El asunto del Congreso es desastroso, definió y, luego, lo matizó con una crítica a la prensa: “Que digan los periodistas, a ver si tienen la decencia de decir que mintieron cuando dijeron que el Gobierno controlaba todos los poderes, ahora cuando el Congreso ha boicoteado sucesivamente, seriamente, la ley de justicia financiera, la provincialización de Santa Elena y la ley para el control del contrabando”.

Estas son las tres leyes que el Parlamento no pasó y que provocaron el enojo de Correa.
Pero lo que el Congreso hizo con la ley anticontrabando, proyecto enviado por el Ejecutivo que exigía prisión de 2 a 5 años para los contrabandistas, el Presidente lo llamó el “colmo de los colmos”.

El proyecto intentaba, según expuso Correa, que dejaran de perderse los 500 millones de dólares que se pierden por el contrabando de combustible y otros 50 millones que se pagan por las inspecciones a Petroecuador. Pero “todo lo negó el Congreso”.
Pero lo peor, y ahí es donde el Presidente denunció la venta de conciencias, es que “en la Comisión Económica se aprobó la ley, por 7 votos a favor, ninguno en contra. Luego van al plenario y los mismos que votaron a favor después votan en contra”.
Mencionó tres nombres: César Alonso, Ramsés Torres y Luis Velasteguí (los dos últimos abandonaron la sesión).

“¿Cómo se explica esto?”, preguntó el Jefe de Estado, y él mismo se contestó: “Allí estuvieron los distribuidores de combustible, cabildeando, y algo más que cabildeando. Es gente que se ofrece al mejor postor”, afirmó.
Después, “para tener un pretexto que justifique el haber vendido sus conciencias” dijeron que ya no estaban con el Gobierno porque les incumplió. “Nunca han estado con el Gobierno. Yo nunca he aprobado ningún acuerdo con estos señores…”, aseguró, refiriéndose albloque de la Dignidad Nacional.

A renglón seguido, les advirtió que iba a enviar otra vez la leyde control de contrabando. “Y allí sí pido a todo el pueblo ecuatoriano que, con movilizaciones, presione para que estos seudorepresentantes de la ciudadanía no obedezcan a sus intereses económicos ni a sus mezquinos intereses políticos”.
Sobre la provincia 23, volvió a decir que fue una vergüenza el que los diputados, cual avestruces, hayan escondido la cabeza: “ni siquiera lo negaron, tampoco lo aceptaron. Escondieron la cabeza: se abstuvieron. Y por allí hay políticos mediocres que andan de candidatos que defienden la abstención”.

“La partidocracia está golpeada, pero sigue vivita y coleando”, apostilló y acusó al Prian, al Partido Social Cristiano y a Sociedad Patriótica de tratar de boicotear su gobierno y de controlar de nuevo el país.
Pero “vamos a ver quién es quién esta semana. Quién está billeteado por los bancos, quién responde a los ciudadanos o quién responde a los patrones de siempre”. (MN)

Vetará la ley de bancos

Otro tema por el que criticó al Congreso fue la ley bancaria, donde, según él, han querido hacer trampa en el veto. “No habrá ningún control de las tasas de interés, sino que las van a manejar los propios bancos y van a ir subiendo y subiendo”.

Es por eso que vetará la ley estableciendo que el interés promedio rija con una desviación estándar. Es decir, que si el promedio es del 13%, los que prestan al 12% no podrán subir, pero los que prestan al 15% sí tendrán que bajar.

El problema, indicó, es que a la Comisión de lo Económico del Congreso “la está asesorando nada más y nada menos que el nunca bienponderado genio de la economía: Ramiro Galarza (candidato por UDC), que fue viceministro de Mauricio Yépez, neoliberal insigne”. Él es, dijo, “parte de estos grupos que se han llevado en peso al país: las Ana Lucía Armijos y los Augusto De La Torre, Luis Jácome y Mauricio Pozo”. (MN)

Fuente Diario Expreso.